viernes, 25 de mayo de 2018

Medidas quirúrgicas contra los totalitarios

No todas las medidas quirúrgicas se realizan en los quirófanos, ciertos totalitarios piden a gritos medidas judiciales o parlamentarias.

Sobre el carácter de los liberales se ha escrito muchísimo y aún está por escribirse el otro 99 por ciento. Quiero decir que en realidad nada hay definido acerca del comportamiento estándar de un liberal. Mientras que para unos el liberal perfecto sería un individuo cuyo buen talante —palabra denigrada por Rodríguez— lo aceptase todo en el terreno de la política, la economía o la moralidad, hasta el punto de ser considerado algo así como un despreocupado social pendiente sólo de sí mismo; para otros, con los pies más en el suelo del compromiso ético, el liberal debe caracterizarse, ante todo, por su deseo de que prevalezca la Ley en vigor —sin que nadie la soslaye arteramente— o bien que dicha ley se intente cambiar sólo cuando haya demanda social suficiente, reflejada tal demanda en los votos de apoyo a un programa político claro, y además que el cambio se produzca a través de los cauces que las propias leyes establecen para ser reformadas.


Luego el “despreocupado social” y el “entusiasta de la Ley” vendrían a ser los dos polos opuestos de esa amplia gama de caracteres atribuibles a los liberales. Al primero de ellos podría denominársele liberal-anarquista —también conocido por anarco-capitalista o ancap cuando a la cuestión económica afecta— y al segundo se le llamaría liberal-conservador. Cuanto más antisistema sea un individuo, más se identificará con el liberal dispuesto a aceptarlo todo, como si dijéramos al selvático modo; cuanto más se tienda al respeto de la sociedad en su conjunto, y más consciente se sea de la necesidad de unas normas mínimas de convivencia, repito, mínimas, más se inclinará uno hacia el lado de los liberales “entusiastas de la Ley”.

Poco tiene que ver en esto del liberalismo que alguien se defina como de izquierdas o de derechas. Me explicaré mejor: Si se pretende adoptar una actitud crítica y exigir medidas en contra de los liberticidas, lo de menos es que alguien sea partidario del Estado mínimo, con normas muy limitadas, o del Estado potente, con normas mucho más exhaustivas. La variante del liberal que propugna el no-Estado la dejaré al margen, por el momento. Lo importante no es el número de normas, sino lo justas y útiles que éstas sean para el conjunto de los ciudadanos y sobre todo que se hayan establecido como consecuencia de una auténtica demanda social. Si existen leyes iguales para todos, el liberal debe aceptarlas aunque no le gusten, con independencia de que desee cambiarlas. Si, por el contrario, se dan leyes discriminatorias, como más adelante veremos, el liberal coherente está obligado a denunciarlas además de intentar inhabilitarlas por medios democráticos.

Así, pues, no olvidemos que el liberal es esencialmente un amante de la democracia y detesta, por lo tanto, cualquier situación despótica allá donde se produzca. Un caso claro de exceso normativo y de falta de libertad, con leyes muy arbitrarias y opresoras o con gobiernos autonómicos que directamente conculcan la Ley, lo encontramos en dos territorios españoles: Cataluña y el País Vasco. En ambas regiones, con la complicidad descarada del gobierno socialista de Rodríguez —de claro y extremado comportamiento antiliberal—, los políticos locales han venido impulsando medidas cada vez más intolerables desde el punto de vista de un demócrata. La situación en las citadas regiones, cuyo origen viene de lejos, se ha enquistado ya de tal modo que no es posible retornar a una situación de normalidad democrática sin que medien acciones quirúrgicas.

Meses atrás, en otro de mis artículos, apuntaba a la posibilidad de ilegalizar a los partidos políticos que no cumpliesen la ley. En aquella ocasión, lo más bonito que se me dijo es que no es nada liberal quien pretende la ilegalización de partidos, porque eso es igual a querer ilegalizar las ideas. El argumento dado entonces por uno de mis lectores no pudo ser más falaz, y para considerarlo así bastaría con reparar en que la propuesta apuntaba a la ilegalización de los comportamientos, nunca de las ideas. Al trasgresor de la Ley se le detiene cuando comete el delito y en ningún caso cuando lo elabora en su mente, salvo que decida inculcar abiertamente a terceros la comisión de fechorías e incurra de lleno en la figura del inductor. 

Hay quien hoy lo ve del mismo modo, quizá porque la situación tiránica es cada vez más asfixiante en ciertas regiones, y así lo declara públicamente. Unas declaraciones que corren a cargo de dos intelectuales de izquierda, de reconocido prestigio y poco sospechosos de antidemócratas. Me refiero a Fernando Savater y Mikel Buesa. El primero de ellos afirma que: Es “un error” que el PP y el PSOE “no boicoteen” las elecciones en Euskadi. Y señaló que se debería suspender el Parlamento autonómico hasta que ETA no entregue las armas, “pero nadie se atreve a plantearlo”. Savater aseguró que en el País Vasco “no hay una democracia real, sino un régimen en términos autoritarios”. “No hay libertad porque unos políticos no nacionalistas están amenazados, están presionados, han matado a muchos y están asustados”.

A su juicio de Savater, los comicios que se celebrarán el próximo mes de mayo en Euskadi “no son limpios” ni tampoco “son realmente unas elecciones democráticas”. “Yo creo que es un error por parte de los partidos no nacionalistas, del PP y del PSOE, no boicotear unas elecciones que se realizan en estas condiciones y mantener la ficción de una democracia”. Según recordó, “en Irlanda ha habido una entrega de las armas por los terroristas y se ha aceptado a la Policía”, porque “si no, se suspendía el Parlamento. Eso es lo que debería haberse hecho aquí, en el País Vasco, pero, por lo que se ve, nadie se atreve a plantearlo”.

Por su parte, a propósito de la agresión a un miembro del Foro de Ermua ante la sede del TSJPV, Miguel Buesa declaró: “En primer lugar es bastante lamentable que el PNV organice una manifestación para presionar al TSJ vasco con respecto al caso Otegui-Ibarretxe. En segundo lugar, la Ertzaintza llevó a cabo pésimamente su trabajo siendo incapaz de garantizar la seguridad del abogado del Foro de Ermua que iba —acompañado por otros siete miembros— a interrogar al lehendakari Ibarretxe. Y luego me parece claramente rechazable el ejercicio de la violencia”.

Y añadió: “Que venga ahora un militante del PNV y ejerza la violencia simplemente porque se le llame a declarar a Ibarretxe —un presunto delincuente— es lamentable. Y también es lamentable que el PNV con su portavoz a la cabeza haya intentado justificar este acto de violencia. Eso demuestra que en el PNV hay una raíz ideológica que justifica la violencia contra los “enemigos políticos”, algo preocupante y con lo cual hay que tener mucho cuidado. En mi opinión, el PNV debería ser excluido del sistema político”.

En resumen, pendientes de la ilegalización de los partidos políticos que no cumplen con la Ley, en este caso la Constitución española, vemos que hay quien propone el boicot a las elecciones vascas —lo mismo podría decirse de las catalanas— y la suspensión del Parlamento autonómico. Dicho queda.

Fuentes para el artículo: Diario El Mundo y Periodista Digital

Autor: Policronio
Publicado el 6 de abril de 2007

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