Nadie duda ya que Pascual Maragall es uno de los arietes más agresivos de los lanzados actualmente contra la Constitución Española (1978). Una vez desinflado el Plan Ibarretxe, y hasta que llegue la próxima triquiñuela sabiniana -recordemos: Pacto de Estella (1998), Plan Ibarretxe (2004)- el Presidente de la Generalidad parece congregar la mayor parte de los espíritus centrífugos de la Península Ibérica. Afortunadamente, no todo monte es orégano para el tribalismo disolvente. El Instituto de Estudios Autonómicos (IEA), órgano dependiente de la Generalitat que, desde hace año y medio, asesora los trabajos del nuevo Estatuto catalán, ha dado un baño de realidad a los ponentes parlamentarios al advertir, en un informe al que ha tenido acceso el diario ABC, que casi la mitad de los 53 artículos incluidos en el capítulo dedicado a las competencias de la Generalitat vulneran la Constitución.
Naturalmente que, con una cabeza rectora como la de Maragall, a nadie debería extrañarle que la Esquerra antijuancarlista catalana, haya optado por echarse al monte y pedir todo lo que haga falta y más: nada más y nada menos que todo un super plan ferroviario y aeroportuario para Cataluña, a ejecutar en los próximos 10 años, incluidas las autovías libres de peaje en el eje Mediterráneo y el Valle del Ebro, así como establecer un convenio de carreteras con la Generalitat "para compensar el déficit de infraestructuras de los últimos años". Ni que Barcelona fueran Las Hurdes...
Pero no acaba aquí la cosa, dado que, según el diario ABC, PSOE y ERC pactan también la "gestión compartida" de los aeropuertos, aunque la noticia extrañamente matiza: "La iniciativa no implica ceder a la exigencia hecha pública por Esquerra meses atrás de que Cataluña asuma el control en exclusiva de sus aeropuertos". Nos lo expliquen, por favor, que cada día somos un poco más cortos.
En medio de toda esta bacanal disgregadora catalanista, un grupo de intelectuales medianamente cuerdos, parece querer plantar cara a todo este cúmulo de despropósitos que a las sucursales catalanas del Partido Popular y al Partido Socialista no parecen resultarles excesivamente molestos. En un acto multitudinario y rodeado de gran entusiasmo, los intelectuales que promueven la creación de un partido no nacionalista en Cataluña, por boca del catedrático Francesc de Carreras, se han dado un plazo de tres meses para decidir, en octubre, si constituyen una fuerza política y han pedido parar la reforma del Estatuto.
Los constitucionalistas todavía no debemos entonar el Alea jacta est. No todo está perdido, pero habrá que plantar cara desde ahora mismo en todos y cada uno de los ámbitos políticos y administrativos si queremos que el proceso disolvente no termine en un barullo de trágicas consecuencias.
Autor: Smith
Publicado el 22 de junio de 2005
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