Comienza a ser una rutina cercana al tedio que a principios de cada mes tenga uno que hablar de nuevas y escandalosas cifras de desempleo. Y es que el paro no cesa de aumentar desde hace la friolera de 11 meses, alcanzando ya un nivel oficial (tramposamente oficial) cercano a los tres millones y medio de desempleados, pero que en realidad supera los cuatro millones, como es posible deducir fácilmente a partir de los parados inscritos en las listas del INEM, una vez desprendidas esas listas del correspondiente maquillaje socialista.
Hay que comenzar a advertir que cuatro millones largos de parados, un número que según algunas estadísticas está más cercano a los cinco millones al no incluir a los emigrantes irregulares, pueden acabar por generar un baño de sangre en forma de asaltos a las tiendas de alimentación, grandes almacenes, entidades financieras y oficinas públicas de cualquiera de las numerosas e innecesarias administraciones que hemos ido aceptando con la alegría que nos caracteriza, incluyendo esos locales del INEM que no sirven más que para desesperar a la gente que allí se acerca y de los que después sale con deseo de pegarse con el primero que le mire fijamente.
No pretendo en absoluto ser alarmista, precisamente destaco tal posibilidad para intentar evitarla. Ya que de seguir el “Gobierno de España” por este camino de holganza respecto a verdaderos cambios estructurales que alivien la espantosa crisis, siquiera sea a medio plazo, y no ocuparse de prever, al mismo tiempo, ayuda inmediata a determinadas zonas donde la población comienza a pasar hambre al tener un 80% de desempleo —Es evidente que Cáritas no puede con todo—, las revueltas callejeras están poco menos que garantizadas y el aumento de hurtos y atracos o cualquier otro tipo de delito destinado a la supervivencia puede ser cosa de lo más corriente.
Si se considera que la clave de tanto desempleo es el exceso de burocracia, con más de tres millones de funcionarios, y la falta de industrias productivas que estimulen nuestras exportaciones, apuntaré solamente una de esas medidas estructurales: Congelación de cualquier partida presupuestaria destinada a las comunidades autónomas que suponga un incremento en el gasto de esas administraciones. Además, una ley consensuada PSOE-PP para que las CCAA reduzcan sus presupuestos en un 30 % anual y en la que se indique la prohibición expresa de emitir ningún tipo de deuda pública o solicitar créditos a las entidades financieras.
Y eso, inicialmente, en tanto se elabora una reforma constitucional, consensuada entre los grandes partidos y destinada a dejar a las Autonomías en un 10% de lo que ahora son: criaderos de corrupción, lujos y redes clientelares que malgastan el dinero público en todo tipo de caprichos, sin dejar de lloriquearle al Estado sobre la necesidad de un mayor presupuesto para el desarrollo de lo que han venido en llamar: “Profundizar en el autogobierno”. ¡Pasmado me quedo cada vez que un nazi justifica su fechoría de turno en el autogobierno! Y eso cuando hablamos de CCAA que no son auténticos viveros de radicales separatistas que en 30 años no han cesado de lavar el cerebro a sus respectivas poblaciones. Y que conste, finalmente, que apunto a dejarlas en un 10 %, en cuanto a las competencias, por no hablar directamente de eliminarlas. España (los españoles) no puede permitírselas. ¡Ninguna de las 17!
Autor: Policronio
Publicado el 3 de marzo de 2009
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