El acoso lingüístico contra los castellanohablantes no cesa. Según informa Libertad Digital, la Generalidad ha recaudado más de 168.000 euros en concepto de sanciones lingüísticas. Ahí es nada. Todas las armas son pocas para obligar a los establecimientos a renunciar a la lengua castellana.
Huguet reconoce que se han denunciado un total de 1.278 establecimientos, de los cuales 143 han acabado multados. La pregunta surge: ¿cuáles son los orígenes de tales denuncias? ¿Los neonazis catalanes que van establecimiento por establecimiento haciendo labores de chivatos, inspectores de la administración nacionalista, la policía lingüística...? Cualquiera de las respuestas se nos antoja profundamente contraria a las libertades de la ciudadanía y a los intereses de los españoles, catalanes incluídos.
En este orden de cosas, Convivencia Cívica Catalana ha presentado hoy en el Parlamento de Cataluña una iniciativa legislativa popular para "garantizar el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua materna" y abolir "todas las prácticas discriminatorias por razón de lengua en las escuelas de Cataluña". La pregunta surge: si la Generalitat se dedica a multar a los comerciantes que atienden en castellano, ¿qué caso van a hacer a los "parvulitos" castellanohablantes?
Autor: Smith
Publicado el 4 de abril de 2006
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