El próximo jueves día 20 llegará al Congreso el proyecto de Ley de Sociedad de la Información. Tras su paso por el Senado, este proyecto incluye una enmienda que emplaza al ejecutivo socialista a eliminar el llamado "canon digital" en el plazo de un año. Al Congreso le toca votar esta enmienda. Si se repitiera el reparto de fuerzas que se dio en el Senado, el PSOE se quedaría solo una vez más en la defensa del "castigo preventivo" a los ciudadanos, pues de eso se trata el polémico canon de la SGAE.
El canon digital es una figura absurda e incompatible con el ordenamiento jurídico de cualquier Estado democrático. El principio en el que se basa ese canon es que el Estado no puede hacer frente a la creciente vulneración de los derechos de autor, y por ello se considera que todos los ciudadanos somos no ya sospechosos, sino acusados a priori de cometer una ilegalidad. Lejos de ser una exageración, ésta es la conclusión que se desprende de una medida que multa a los ciudadanos por una ilegalidad que ni siquiera han tenido ocasión de cometer, y que se sobreentiende por el mero hecho de adquirir un CD o un DVD vírgenes, un disco duro de ordenador, etc.
Trasladando el caso a otro ámbito, todo aquél que quisiera adquirir un arma en España -por ejemplo- tendría que pagar una fuerte suma a modo de indemnización por un delito de homicidio, y aceptar una condena de varios años de cárcel por el mero hecho de hacerse con una pistola o una escopeta.
En toda democracia existe el principio jurídico de que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. En esa presunción de inocencia descansa todo un sistema jurídico que ampara a los ciudadanos de cualquier abuso arbitrario por parte del poder. Por el contrario, en una dictadura basta con que se haga una acusación, aunque ésta no haya sido probada, para someter a cualquier ciudadano a torturas, a prisión o a cualquier otra violación de sus derechos más elementales. ¿En cuál de los dos modelos de Estado se enmarca una figura como el canon digital, que presume de antemano la culpabilidad de todo ciudadano que adquiera un CD virgen bajo la acusación gratuita y sin pruebas de querer copiar ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor?
Es este tremendo disparate el que ha ido dejando al PSOE en la más absoluta soledad, como se vio la semana pasada en el Senado. Pero los parlamentarios socialistas no se han quedado solos únicamente ante los demás representantes de la Cámara Alta: también sus bases se oponen el canon. ¿Qué hace falta para que el PSOE caiga de la burra? ¿O debemos entender, acaso, que su apoyo al canon oculta intereses que poco o nada tienen que ver con la razón y con el respecto hacia los principios jurídicos propios de un Estado de Derecho?
Publicado el 17 de diciembre de 2007
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