El nuevo “Código de Consumo” de la Generalidad catalana entró en vigor ayer. Se trata de una ley fascista (una más) que permitirá multar hasta con un millón de euros, en caso de reincidencia, a los empresarios que osen rotular sus establecimientos sólo en el idioma oficial del Estado (conviene recordar que es el español o castellano) o bien que no presten la debida atención a los clientes que exijan ser atendidos en el idioma “propio”, más de uno de ellos probablemente fanatizado y desempeñando devotamente el papel de ‘delator lingüístico’. Y es que el Código alienta a la delación cuando dispone que: ‘las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o mediante las organizaciones que las representen, con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras. [...] El medio principal de cooperación es la denuncia’. (El subrayado es mío).
No tengo inconveniente en aclarar, para las almas sensibles, que el término fascista es de lo más pertinente a la hora de describir la política despótica al servicio de una clase dirigente que lleva más de 30 años engañando, robando y adoctrinando a la ciudadanía en Cataluña. En realidad, he usado la palabra ‘fascista’ a modo de eufemismo de otro estadio superior, más intenso y destructivo, respecto al liberticidio que se practica en esa región española. Desde luego que encajaría mucho mejor el de nacionalsocialismo (nazismo), al que solamente le faltan unas cuantas noches de cristales rotos (todo llegará) y algún campo de concentración o nave prisión que incorpore métodos de exterminio y que esperemos no lleguen nunca, aun cuando ya existieron, por razones políticas, durante la II República.
En todo lo demás, el Régimen catalán es perfectamente homologable con el nazismo: Las procesiones nocturnas de antorchas en memoria de un acreditado delincuente (mitificado ex profeso), las imposiciones de todo tipo sin considerar en absoluto la libertad individual y la Ley, las agresiones a dirigentes políticos o militantes de la Oposición (en los mítines y universidades) cuyos agresores jamás son detenidos, el palo y tentetieso de la policía autonómica usados para disolver a unos miles de españoles (previamente ubicados en zona controlable) que se hallaban alegres tras la victoria en el Mundial, el control vía subvención (o la amenaza, vía CAC) de los medios informativos, el derroche del dinero público destinado a la compra descarada de gentuza afín, que luego conforman sus brigadas de exaltados en la calle y van gritando “Independencia” a equis euros el grito, y un largo etcétera de atropellos. Ya no hablo de la inmersión lingüística, que es tan ilegal como todo lo anterior y supone un verdadero genocidio cultural de más de la mitad de la población catalana.
Debe recordarse, de ahí que cite a la clase política catalana aun cuando no incluya a la totalidad, que el Código de Consumo fue aprobado por el actual Tripartito, pero también por la coalición CiU, supuesto recambio según las encuestas de un gobierno en el que Montilla ha permanecido gozosamente secuestrado por ERC, esa formación genuinamente nazi (hubo un tiempo en el que sus juventudes incluso usaban correajes en los desfiles y camisas pardas) que trata de convertir en parias a la mayoría de los habitantes que se resisten a pasar por el aro de una ideología integrista: 'país, lengua, identidad'.
Por si fuese poco, la entrada en vigor del Código de Consumo supone un nuevo acto de desacato al Tribunal Constitucional (y por lo tanto a la Constitución española), que dejó aclarada en la sentencia sobre el ‘Estatut’ la ilegalidad de imponer la lengua catalana (o cualquier otra) en las relaciones entre organismos públicos y particulares. Simplemente, según el TC, no puede imponerse una lengua a las empresas: ‘el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.
Luego alguno deberá ofrecerme razones muy poderosas para que deje de considerar unos nazis a los políticos que mandan en Cataluña, ya que gobernar es algo bien distinto.
¿Qué hace ante todo esto el gobierno de Zapatero? Nada, mira para otro lado mientras se entretiene en buscar el modo de asignarle a la Generalidad catalana un Poder Judicial “propio” que les conceda a los políticos nazis la inmunidad adecuada frente a tanta fechoría.
Como no podía ser menos, Ciutadans es el único partido que ha reaccionado con la suficiente presteza e informa de que presentará una denuncia ante el Defensor del Pueblo. El PPC, por su parte, dice que no descarta nada. Ya veremos.
Autor-Compilación: Policronio
Publicado el 24 de agosto de 2010
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