Eguiguren, además de un maltratador sentenciado, lo que en cualquier partido democrático le hubiese costado la expulsión, es un nacionalista convencido que lleva años y años dándose el pico con lo peor de la banda de asesinos. Es decir, se mantiene siempre diligentemente dispuesto a negociar (otro diría a plegarse) con los de las pistolas. ¿Razón primordial de esa actitud?: la cobardía. Este sujeto es, en resumidas cuentas, el fan número uno de la ETA dentro del PSE-Psoe (donde abundan los forofos tipo Odón Elorza) y un apasionado de buscarle una salida política, con cuantas medidas de gracia interesen, a los que no son más que unos criminales que deben purgar sus penas en la cárcel hasta el último día de condena.
Pues bien, un fulano con semejante calaña acaba de permitirse el lujo de afirmar lo siguiente: "[Zapatero] opta por no legalizar Sortu para no molestar a la derecha". Y añade que se comporta de tal modo por "falta de valentía". En cualquier parte donde no se imponga el fanatismo etarrófilo, a la manifestación de Eguiguren se le denominaría retorcer la realidad, puesto que hace falta mucho más valor para mantenerse firme en el cumplimiento de la ley que para plegarse a los deseos de la canalla terrorista. Del valor para ejercer la violencia con la propia esposa, ya ni hablemos. ¿No es así, Eguiguren?
Con todo, lo más grave quizá sean las manifestaciones de dos altos cargos socialistas, nada menos que el ministro de Justicia y el lehendakari López, ya que ambos aseguran que "Sortu no es ETA". Y afirmar algo así, cuando los informes policiales hablan de la continuidad de Batasuna en Sortu, además de un intento descarado de presión al tribunal que debe decidir al respecto, no deja de ser un desacato o puñalada trapera a la sentencia del Supremo, que dejó claro que Batasuna en sus diversas configuraciones es ETA.
Ahora que en Cataluña, con motivo de la imposición lingüística, se ha puesto de moda el desacato a las sentencias del Constitucional y del Supremo, eso sí, sin que el gobierno zapaterino se moleste en hacer nada, la pregunta sería: ¿Nos encontramos ante un nuevo desafío autonómico, con la complicidad del ministro del ramo, para que cuando interese carezca de valor lo que el Supremo sentenció acerca del brazo político de la banda de asesinos etarras? O por mejor decir, ¿es el desacato consentido por ZP el denominador común de la España autonómica? Si es así, está claro que el Estado de las autonomías no nos vale a los españoles, por cuanto implica una clara desigualdad ante la Ley, además de un derroche de dinero público que no podemos permitirnos. Primera medida: ¡ZP a la puta calle!
Autor: Policronio
Publicado el 15 de marzo de 2011
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