El 19 de febrero se formaba un débil gobierno, heredero espiritual de la revolución de octubre, compuesto exclusivamente por republicanos de izquierda y presidido por Azaña que no tardaría en verse sobrepasado por los acontecimientos. El primer mensaje del nuevo presidente fue conciliador y de elevada altura moral (“El gobierno se dirige a los españoles con palabras de paz”) y a él se asieron con alivio las derrotadas y atemorizadas derechas, dispuestas en su mayoría a buscar caminos de concordia, como a un clavo ardiendo. Según el republicano Mariano Ansó, ministro de Negrín durante la Guerra Civil, “Casi todos los grupos de oposición correspondieron con declaraciones en las que mostraban su sumisión a la legalidad”. Un desalentado Gil Robles renunciaba momentáneamente a ser la cabeza visible de la CEDA.
No tardaría, no obstante, la terca realidad en mostrarse en toda su virulencia: incendios, asesinatos, violencias, ocupaciones ilegales de propiedades, encarcelamientos arbitrarios y asaltos a periódicos y sedes de partidos derechistas. En sus escritos dejó constancia el presidente del gobierno de la caótica situación: “El gobierno nace, como en el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros peores enemigos”. Aparte de sus habituales lamentos, nada hizo Azaña por frenar los ímpetus revolucionarios de sus compañeros de viaje. Al contrario: sancionó “legalmente” las excarcelaciones impuestas desde las calles (contando con la anuencia de las derechas, mayoritarias en la Diputación Permanente de las Cortes); permitió que los levantiscos de ERC recobrasen el poder en Cataluña; repuso en sus puestos a los militares y miembros de las fuerzas del orden público apartados de los mismos por su implicación en la revuelta de octubre; encarceló a militares encargados de sofocar la mencionada revuelta; depuró el funcionariado de elementos no afectos al Frente Popular; disolvió buena parte de las corporaciones municipales; permitió que numerosos ayuntamientos simplemente fuesen ocupados por la fuerza; legalizó la ocupación de fincas y consintió que militantes socialistas actuasen como “policías auxiliares”.
Coherentemente con lo referido, Azaña declaró el 1 de marzo su firme compromiso de cumplir el anticonstitucional y antidemocrático programa del Frente Popular para: “Que la República no salga más de nuestras manos, que son las manos del pueblo”. Poco importaba a Azaña, creyéndose poseedor de títulos exclusivos para gobernar por encima de leyes o constituciones, que más de la mitad del “pueblo” se hubiese pronunciado contra la revolución que ahora preconizaba.
Una vez celebrada donde fue menester la segunda vuelta de las elecciones (bajo la nada escrupulosa vigilancia de un sectario gobierno que permitió la comisión de toda suerte de fraudes en beneficio del Frente Popular), el 15 de marzo se reunió por primera vez el nuevo parlamento, una de cuyas primeras misiones fue nombrar la Comisión de Actas (obviamente de mayoría izquierdista) encargada de revisar los resultados electorales y potestad para anularlos en caso de irregularidad. El diario “El Socialista”, afín a Prieto, marcaba la línea a seguir: “Ni un solo candidato de derechas puede afirmar que alcanzó limpiamente su escaño”. El Frente Popular haría uso de dicha atribución sin mesura alguna para convertir en abrumadora su superioridad en diputados. No en vano había escrito Azaña a Rivas Cherif: “[…] No tenemos votos para destituir a don Niceto… La gente, que habla de la victoria, se va a quedar sorprendida cuando vea la fuerza que las derechas tienen en las Cortes”.
Ni un solo diputado del Frente Popular fue privado de su acta, mientras que se anularon las elecciones en Cuenca y Granada (ganadas por candidatos de derechas) y se reasignaron a favor del Frente Popular los escaños también ganados por derechistas de Albacete, Burgos, Ciudad Real, Jaén, Orense, Oviedo, Salamanca y Tenerife: hasta 32 nuevos diputados podrían haber engrosado las filas del Frente Popular. Todas las denuncias de fraude electoral formuladas por partidos conservadores fueron desestimadas. Destacaron por sus sectarias actuaciones Dolores Ibárruri y Ángel Galarza. Según Madariaga: “Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de las minorías”. En la misma línea se pronunciaría Alcalá-Zamora: “En la historia parlamentaria de España, no muy escrupulosa, no hay memoria de nada comparable a la Comisión de Actas de 1936”. El estudioso Javier Tussell adjudica a la actuación de la Comisión de Actas el calificativo de “penosa”.
Seguía entre tanto España azotada por el furor revolucionario iniciado en febrero. El 17 de marzo reconocería Azaña en carta a su cuñado: “Vamos cuesta abajo por la anarquía […] por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes […] por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría”. Nuevos lamentos de Azaña ante los problemas causados por sus aliados a los que nada hacía por poner coto, suponiendo que a esas alturas dicha posibilidad estuviese todavía al alcance de sus manos. Incurría además el presidente en gravísimo error de apreciación: no existía deslealtad por parte de los socialistas, se limitaban a seguir su línea revolucionaria. A Largo podrán hacérsele múltiples acusaciones pero entre ellas no está la incongruencia entre sus palabras, sus actos y sus objetivos.
El 2 de abril se exigía desde la prensa socialista la creación de “milicias del pueblo”; el 5 de abril declaraba Lago Caballero: “La clase obrera marcha a la dictadura del proletariado a pasos de gigante. Pacíficamente, pero si es preciso, por circunstancias especiales, saltaríamos por encima de los obstáculos […] porque no ha nacido ningún régimen sin que haya habido derramamiento de sangre y violencia”. No hacían, por tanto, los socialistas un secreto de sus propósitos revolucionarios. Ese mismo día fue anulada la convocatoria de elecciones municipales: tal vez el burgués Azaña recordase nítidamente que unas elecciones municipales, celebradas un lustro antes, habían propiciado un cambio de régimen.
Autor: Rafael Guerra
Publicado el 21 de julio de 2011
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