El Frente Popular (II). Un documento demoledor

Disueltas las Cortes por un decreto del 7 de enero y convocadas las elecciones para el 16 de febrero de 1936, el 15 de enero veía la luz el manifiesto que sentaba las bases del Frente Popular. El principal redactor del trascendental documento y destacado protagonista en las conversaciones para llevar la alianza a buen puerto, Sánchez Román, retiró su apoyo al mismo al ser incluidos los comunistas por imposición de Largo Caballero. 

Refrendaron el acta fundacional de la coalición electoral los partidos Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE, POUM, Partido Sindicalista y también adhirieron su firma la UGT y la Federación Nacional de Juventudes Socialistas: dos partidos de izquierda relativamente moderada y seis organizaciones con clara vocación revolucionaria. Hay que matizar que los anhelos de los partidos  revolucionarios no se inscribían en el terreno de los futuribles a largo plazo: creían los firmantes de extrema izquierda, y así lo habían demostrado en octubre de 1934, que su hora histórica había llegado de forma inapelable y no renunciaban, por tanto, a llevar a la práctica sus distintos ideales políticos, todos ellos antidemocráticos. Sin tener presente lo anteriormente expuesto, difícilmente se podrá intentar comprender la verdadera realidad social y política de la España de 1936 y cualquier análisis que se haga sobre la época sin tener en cuenta esta premisa nacerá inevitablemente viciado e incompleto, induciendo al personal poco prevenido a error.

Algunos de los puntos del pacto fundacional del Frente Popular, en el que quedaban expuestas las esenciales divergencias entre partidos "republicanos" y "obreros" (fatal dicotomía expresamente plasmada en el manifiesto y harto significativa de lo ficticio de la unidad de los firmantes más allá de contingencias electorales), eran, en sus coincidencias, la amnistía para delitos políticos-sociales cometidos después de noviembre de 1933; la readmisión en sus destinos de los funcionarios separados de los mismos por "persecución política"; la investigación de responsabilidades concretas de los agentes de la fuerza pública encargados de reprimir la revolución de 1934; la reorganización de la justicia "libre de los viejos motivos"; la reorganización de las fuerzas de seguridad del estado con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen; la abolición de la libertad de enseñanza y la ordenación del sistema de protección a la industria.

Los apartados fuente de discrepancia eran los referidos a la nacionalización de la tierra y su reparto gratuito,  la nacionalización de la banca y el control obrero de la industria (es decir, su socialización radical), todos ellos exigidos por los partidos obreros y rechazados por los republicanos. Es éste otro factor a tener muy en cuenta: siendo importantes las antidemocráticas convergencias entre los firmantes, más lo son las desavenencias. Los aspectos rechazados por los partidos republicanos eran pilares básicos del ideario político de los partidos obreros. Teniendo en cuenta que estos últimos estaban dispuestos a hacer realidad de forma inminente sus distintos proyectos políticos (divergentes también entre ellos), incompatibles con los de los partidos republicanos, no está muy claro cómo sería posible armonizar posturas tan encontradas. Parece lógico especular que supondrían los republicanos poder domesticar a sus inquietos aliados, pero estaban estos muy lejos, conscientes de su poderío, de pensar de igual manera.

Todas y cada una de las arbitrarias medidas citadas, pese a la manifiesta declaración hecha en el documento de "restablecer el imperio de la Constitución", eran por completo extrañas a la legalidad vigente: además de consagrar la más absoluta impunidad para los insurrectos de 1934 contra el régimen republicano y perseguir a quienes, cumpliendo su obligación, habían defendido la supervivencia de dicho régimen, dejaban patente la voluntad de proceder a una purga funcionarial para situar en todos los puntos claves del control social a elementos izquierdistas con propósitos creo que evidentes: hacerse con todos los resortes del poder para que éste no saliese ya de sus manos, negando así la lógica y normal alternancia, propia de cualquier sistema democrático, de distintas opciones políticas en las funciones de gobierno.

Estimo también interesante señalar, para hacer una composición de lugar lo más exacta posible sobre qué era y qué significaba el Frente Popular que, si bien gran parte de las candidaturas se reservaron para los partidos republicanos, el grueso de los votos serían aportados por los partidos obreros. Pese a que pudiese obtener mayor número de diputados el sector más moderado de la coalición, pero no por ello democrático según se desprende de su propuesta electoral, no se pueden albergar excesivas dudas sobre dónde radicaría el poder real en caso de obtener el triunfo electoral. Presumían, no sin razón, los partidos revolucionarios que la eficaz presión ejercida desde las calles y el Parlamento sobre sus débiles compañeros de viaje les permitirá poder rebasar fácilmente a sus aliados burgueses. 

El diario "El Socialista" fue absolutamente explícito al respecto: "El plan del socialismo español y del comunismo ruso es el mismo; ciertos detalles de aplicación del plan pueden cambiar, pero no los elementos fundamentales del mismo". El 22 de enero, explicaba el comunista Jesús Hernández los propósitos del PCE: "Forjar un partido que no tenga nada que ver con las fuerzas de la burguesía; un partido que adopte como norma en su lucha la insurrección armada para la conquista del poder y la instauración de la dictadura del proletariado". 

Bajo tan poco halagüeños auspicios daba sus primeros pasos el Frente Popular. En magistral análisis de Josep Pla "La fórmula del Frente Popular fue para los revolucionarios una panacea universal, es decir, el derecho a realizar la subversión sin la posibilidad de ir a la cárcel; para los partidos de izquierda burguesa fue una candidez criminal; para España fue la catástrofe". 

La campaña electoral fue ciertamente violenta, corriendo en abundancia la sangre de muertos y heridos por las calles de España a causa de los atentados cometidos por terroristas de ambos bandos. Los candidatos del Frente Popular centraron el eje de su campaña en las exageradas atrocidades cometidas durante la represión de la revuelta de 1934 (lo cual no impidió que posteriormente las, es de suponer, truculentas conclusiones a las que habría de llegar una comisión parlamentaria designada para aclarar el tema nunca viesen la luz), contribuyendo así a fomentar un clima de extraordinaria efervescencia emocional. En caso de no triunfar en las elecciones, no se resignarían los frente populistas a acatar los resultados: ante tal contingencia, sentenció Azaña, "Habrá que pensar en organizar de otro modo la democracia". Más explícito aún se pronunció Largo Caballero: "Tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos". No eran palabras vanas, como bien habían demostrado hacía menos de dos años.

Las elecciones del 16 de febrero, día premonitoriamente frío y lluvioso, no resultaron en principio especialmente fraudulentas. Hacia la medianoche, se conocieron los primeros resultados que ponían de manifiesto la victoria del Frente Popular en número de diputados, si bien en número de votos hubo escasa diferencia entre izquierdas y derechas (el comunista Hernández hablaría de "milagros de la ley electoral"; "El Debate" definió la realidad poselectoral de España como "partida en dos mitades con triste exactitud casi matemática"), aunque el gobierno nunca publicase las cifras exactas. Inmediatamente salieron a las calles las masas izquierdistas: se incendiaron iglesias y numerosas cárceles fueron asaltadas y sus inquilinos liberados, al tiempo que numerosas autoridades públicas abandonaban sus puestos siendo sustituidas por miembros del Frente Popular sin haber concluido el escrutinio electoral en flagrante irregularidad: esta circunstancia permitiría la comisión de numerosos fraudes. Según el republicano Azaña, "Los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines". 

Pese a los ruegos de Alcalá-Zamora, el presidente Portela optó por abandonar la presidencia del gobierno el día 19 (así lo había exigido "El Socialista" el día anterior al reclamar todo el poder para el Frente Popular), al considerar que España estaba al borde de la guerra civil. La dimisión de Portela (humanamente comprensible, políticamente inaceptable), causó gran consternación a Azaña, quien  sería su sucesor al frente de la presidencia del gobierno, y fue motivo de regocijo para los extremistas aliados del nuevo presidente (que hábilmente renunciaron a cualquier responsabilidad ejecutiva), dispuestos a quemar etapas en su peregrinaje hacia la tierra prometida, que ya vislumbraban en el horizonte, a la máxima velocidad posible.

Autor: Rafael Guerra

Publicado el 19 de julio de 2011