Camps debe dimitir

Francisco Camps.

¿Debe uno dimitir por el mero hecho de ser un pardillo y aceptar el regalo envenenado de unos trajes? La respuesta es sí, sobre todo cuando se ocupa un puesto tan importante como el de presidente del Gobierno valenciano, una comunidad que no merece pardillos al mando ni tampoco manirrotos, calificación ésta que a Camps no le es ajena si comprobamos que posee el mayor porcentaje de deuda de todas las comunidades: el 17,4% de su producto interior bruto. Seguida muy de cerca por Cataluña, claro. 

La respuesta sigue siendo sí, máxime si tenemos en cuenta la reacción tan desafortunada de Camps, que de entrada lo negó todo, más tarde llegó a mostrarse indignado y finalmente alegó que había pagado los trajes con efectivo de la farmacia de su esposa. Camps ha insistido una y otra vez en su inocencia, lo que convierte la ocultación del regalo en una mentira continuada y casi le equipara a ese grupo de gobernantes falsarios que encabezan Zapatero y Rubalcaba, dispuestos a mentir cuantas veces sean necesarias, incluso con el mayor descaro y a sabiendas de que solamente creen en ellos los más adictos de sus partidarios, con tal de conservar sus poltronas. Recordemos: "España no se merece un Gobierno que nos mienta", o algo así.

Camps debe dimitir, además, para desmontar la teoría de los desengañados de la política, cuando afirman que todos los partidos son igual de corruptos, lo cual no deja de ser el clavo ardiendo al que se agarra el PSOE: ¡Nosotros somos igual de corruptos pero más simpáticos, vótanos! 

La dimisión de Camps sería una forma de hacerle un buen servicio al Partido Popular, que no debe amparar ni de lejos cuantos enjuagues o torpezas se producen igualmente entre sus filas, quizá no en el mismo número que entre los socialistas, pero se producen. No basta en absoluto la comparación con los cargos públicos del PSOE, donde van surgiendo varios sinvergüenzas por metro cuadrado a partir de lo que se va sabiendo tras las derrotas el 22-M en ayuntamientos y comunidades. Un hecho que me hace creer en la necesidad de legislar contra los dilapidadores del patrimonio público y contra los interventores que callan unas actuaciones malversadoras perfectamente conocidas por ellos. Apliquémosles a unos y otros la responsabilidad penal y dejémosles inhabilitados durante una larga temporada. ¡A ver si Rajoy tiene narices para sacar una ley adecuada al caso! 

Autor; Policronio

Publicado el 18 de julio de 2011