viernes, 19 de octubre de 2018

Una ignominiosa rendición del Estado de Derecho


Para este viaje no es menester alforjas. Si la resolución de la crisis del 'Alakrana' pasaba, al igual que en el caso del 'Playa de Bakio', por allanarse finalmente a las pretensiones económicas de los captores, bien que nos podrían haber ahorrado nada menos que cuarenta y siete días de zozobra y sufrimiento de los tripulantes y sus familias. Y también, dicho sea de paso, de espantoso ridículo, no sólo de un Gobierno caracterizado por una gestión tan nefasta que ni sus continuas mentiras han podido ocultar, sino también de 'su' Fiscalía y de determinados y conocidos 'jueces estrella', empeñados en empeorar una situación ya de por sí delicada. Hasta el punto de que la detención de dos de los piratas que apresaron el barco, en lugar de constituir un gesto de firmeza que amedrentara a los demás secuestradores, acabó convirtiéndose en una patata caliente que iban pasándose unos a otros y sin saber qué hacer con ella.


Al principio hasta daba la impresión de que el Ejecutivo no estaba dispuesto a repetir la bochornosa bajada de pantalones con la que despachó el asunto del 'Playa de Bakio'. Pero, amén de que su supina incompetencia no da más de sí, el suicida 'buenismo' pacifista que profesa su presidente, que tan en evidencia quedó la legislatura pasada a propósito de una 'negociación' con la ETA que sólo detuvo, al menos aparentemente, cuando advirtió que empezaba a perjudicar notoriamente sus perspectivas electorales, sólo podía culminar en una nueva y vergonzosa claudicación ante las demandas de los piratas somalíes.

Zapatero y De la Vega

Ya sabemos cuál ha sido el efecto del repentino interés del presidente Zapatero por el secuestro del pesquero y la consiguiente labor de 'coordinación' de la vicepresidenta De la Vega: Acelerar el pago del rescate y pactar con los piratas su huida. Es decir, buscar la salida más rápida y sencilla, 'como sea'. Para ello, Zapatero está convencido de contar con la general comprensión de una sociedad como la actual, en la que impera el relativismo moral; especialmente de la vasca, por desgracia víctima, al menos buena parte de ella, de ese síndrome de Estocolmo al que hace décadas le somete la banda etarra, y por tanto acostumbrada a toda clase de concesiones ante el crimen.

De ahí que el Gobierno, y Zapatero el primero, no muestre pudor alguno en vanagloriarse de haber cedido al chantaje de unos delincuentes y en presentar como heroicidad haberles pagado con un dinero, el de todos los españoles, del que por desgracia puede disponer sin límite. Pero la cruda realidad es que esta reincidente e ignominiosa rendición del Estado de Derecho, además de poner una vez más el prestigio de España a los pies de los caballos, cotiza al alza el secuestro de ciudadanos españoles. Lo que nos introduce en una espiral de imprevisibles consecuencias.

Autor: Pedro Moya
Publicado el 19 de noviembre de 2009

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