La inclinación de los Gobiernos del PSOE por atropellar derechos y libertades fundamentales es significativamente proverbial en nuestra democracia. Debe ser porque los socialistas, genuinamente estatalistas, intervencionistas y recelosos de la libertad individual, no consideran en realidad que tales derechos sean inalienables de la persona, sino más bien graciosas concesiones del Estado. Y que, por tanto, han de encontrarse al albur de la conveniencia de los Gobiernos, a los que así se les faculta para que den rienda suelta a sus naturales tendencias liberticidas.
El felipismo escribiría una de las páginas más negras de la democracia española (una de tantísimas que ha protagonizado el PSOE a lo largo de nuestra historia) con la aprobación de la llamada 'Ley Corcuera'. También conocida como 'Ley de la patada en la puerta', uno de sus apartados, felizmente derogado por el Tribunal Constitucional, permitía la entrada en los domicilios sin autorización judicial. Pese a que tal precepto constituía un flagrante ataque a la privacidad del individuo, entonces nos intentaban convencer de su benignidad apropiándose de un argumento utilizado hasta la saciedad por la dictadura franquista: Los buenos ciudadanos, es decir, la mayoría de los españoles, no teníamos nada que temer si la policía irrumpía en nuestras casas de forma inesperada e intempestiva. Remedando al mismísimo Camilo Alonso Vega, si los aparatos del Estado violan nuestra intimidad es para protegernos de los delincuentes. Y merecía la pena sacrificar nuestras libertades en aras de una mayor seguridad para nosotros y nuestras familias.
Pues bien, esa es exactamente la justificación empleada por el Ministro Rubalcaba para defender el uso por parte del Gobierno del sistema SITEL, 'software' que, sin la necesaria cobertura legal, permite la intercepción sin límite de todas las telecomunicaciones que tengan lugar en España: Que nos protege y resguarda de los malhechores. Ahora bien, señor Ministro, ¿qué impide que la policía o los servicios secretos, o usted mismo, maestro en esas lides, hagan un uso arbitrario y abusivo del sistema? ¿Que, por ejemplo, se utilicen datos personales e íntimos para chantajear y coaccionar a personas que no han cometido delito alguno? En suma, señor Rubalcaba: ¿Quién nos protege del Gobierno?
SITEL, adquirido, en efecto, por el Ejecutivo de Aznar como instrumento de la lucha contra el terrorismo, fue inmediatamente desechado ante los informes de los Ministerios de Justicia e Interior y del Consejo General del Poder Judicial, que alertaban de la ausencia de garantías jurídicas que implica su uso. Sin embargo, los mismos que hipócritamente se escandalizaban cuando, poco después del 11-S, el Congreso de los Estados Unidos diera luz verde a la Patriot Act de Bush, rescataron el proyecto nada más alcanzaron el poder. Que un Gobierno, sea del color que sea, tenga potestad para entrar en nuestra intimidad, espiarnos y vigilarnos sin el límite de una Ley Orgánica que nos ampare, es un riesgo para nuestras libertades inaceptable en un Estado de Derecho. Pero especialmente con el perverso Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior.
Autor: Pedro Moya
Publicado el 5 de noviembre de 2009
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