Artur Mas y José Montilla. |
Durante el primer franquismo, la lengua catalana fue declarada proscrita en su uso público y, por tanto, acabó relegada al espacio estrictamente privado. Con el paso de los años, y coincidiendo con determinados aires 'aperturistas', la dictadura permitiría su empleo en actos públicos de naturaleza cultural y folclórica. Pero en aquella larga época nunca hubo posibilidad de elegir el catalán como lengua vehicular de la enseñanza, que debía ser obligatoriamente el español. No obstante, si exceptuamos anecdóticas protestas de minoritarios elementos subversivos, en Cataluña reinaba la paz y el sosiego. Es más, no eran pocos los que, a la sombra del régimen, medraban y prosperaban. Y es que la gran mayoría de la sociedad catalana, al igual que la del resto de España, aplicaba en su acontecer diario una de las máximas del Caudillo: No meterse en política.
Hasta que venturosamente llegaron las libertades a España, y con ellas una Constitución que garantizaba el uso, el respeto y la protección de las distintas modalidades lingüísticas de nuestra nación. Sin embargo, en el caso concreto de Cataluña, y tras el breve e ilusionante interregno del tolerante y conciliador Tarradellas, acabaría implantándose lenta pero implacablemente otro régimen, el del nacionalismo catalán, que adoptaría los modos y maneras del franquismo para intentar imponer el pensamiento único nacionalista en todos los ámbitos de la sociedad. Su mejor y más eficaz instrumento siempre ha sido la política lingüística, consistente en la imposición del catalán como única lengua vehicular, lo que necesariamente conlleva el destierro del español de la vida pública. Propósito que ha contado siempre con la adhesión inquebrantable del PSC, el cual, pese a nutrirse de votos en gran parte procedentes de castellano-hablantes de origen inmigrante, ha demostrado ser tan nacionalista o más que los partidos nacionalistas catalanes clásicos.
La Ley de Educación, último liberticidio que el Gobierno social-nacionalista catalán ha perpetrado con el apoyo de CiU (que jamás se atrevió a llegar tan lejos como este Ejecutivo presidido, para más inri, por un cordobés de origen) y el refrendo del Parlament, no es sino la sanción legal de un modelo monolingüe que hace décadas lleva imperando en las aulas de Cataluña. Es, además, una de las consecuencias de un 'Estatut' que, merced a la escandalosa inacción del Tribunal Constitucional, continúa plenamente vigente. Por su parte, Zapatero, que sin los escaños que precisamente aporta el PSC difícilmente habitaría en La Moncloa, se ha apresurado a defender la legalización de tal recorte de libertades y, a su vez, ha pedido no quebrantar 'por intereses políticos' 'la paz' que impera en la sociedad catalana. Ay, la paz, ese valor supremo que ha de prevalecer sobre cualquier otro principio. Por ejemplo, por encima de la libre elección de la lengua en que uno quiera educar a sus hijos, o con la que desee comunicarse en la vida pública; por encima de la libertad de rotular los comercios en el idioma que se considere oportuno; y por encima incluso de la libertad de expresión de quien se atreva a denunciar tales agravios, bajo el riesgo de que una pandilla de 'escamots' del independentismo apliquen 'la paz' a golpe de mamporro limpio. Sacrifiquemos, pues, la libertad individual, nuestra libertad, en aras de la 'pax' catalana, impuesta por el pensamiento único nacionalista. Y sobre todo, no nos metamos en política.
Autor: Pedro Moya
Publicado el 3 de julio de 2009
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