¿Alguien cree que el gobierno de Ibarretxe acatará la sentencia del Supremo que ordena la presencia de la bandera de España en los edificios públicos del País Vasco? Yo no lo creo, francamente, y menos después de conocer que los nacionalistas vascos llevan 20 años viviendo la mar de a gusto en la ilegalidad. Es más, si en un intento de no estirar la cuerda más de lo necesario se acabase por acatar la sentencia, al menos hasta conocer quién ha ganado las próximas generales, lo más seguro es que las banderas españolas fuesen izadas un día sí y 34 no. Y si alguien con poder las echara en falta —ese alguien solamente puede ser el delegado del Gobierno—, ya se encargarían los nacionalistas de decirle que ellos son gente muy pulcra y que las han llevado a la lavandería. No es plan de encargar un lote para tener quita y pon, que la ley no obliga a tanto. ¡Leñe! Aunque, pensándolo bien, ni regaladas las mostrarían en los edificios públicos. Para los nacionalistas, simplemente, la bandera de España es un símbolo del enemigo.
Por otra parte, y ya que comento una decisión del Alto Tribunal, convendría recordar al respecto el antecedente del nacionalista Atutxa, más otros tres o cuatro parlamentarios vascos igualmente “amantes de la ley”, que como miembros de la Mesa presidencial del Parlamento vasco se pasaron por la entrepierna una sentencia similar del Supremo que afectaba a Batasuna, por supuesto sin que les sucediera nada de nada a ninguno de ellos. Es más, al entonces presidente de la Cámara de Vitoria, el citado Atutxa, el PNV le acabó recompensando su rebeldía con la presidencia de la Fundación Arana, templo de la “democracia”, la igualdad entre los hombres y la tolerancia nacionalista, como es sabido.
Ahora bien, el problema no es una bandera aquí o allá. No señor. El verdadero problema es la acusada falta de democracia donde la ley no es la misma para todos. Y en el País Vasco —y ya de modo descarado también en Cataluña— sólo los tontos cumplen o cumplirán la ley. Los demás políticos, refugiados detrás de unos regímenes nacional-totalitarios que controlan cualquier actividad en sus feudos, decidirán en cada momento qué leyes les conviene acatar y cuáles no. En espera, por supuesto, de dar el gran salto a una independencia que sobre el papel mantendrá vínculos con el Estado, pero que en la práctica solamente representará la subordinación del resto de España a sus mercados comerciales. Exactamente lo que se ha dado en llamar una relación Metrópoli-colonias.
Incluso, si se me apura, ahí tampoco se acaba el problema, porque como consecuencia de la aberrante política de Zapatero y su disposición a aceptar cualquier reforma estatutaria —en este asunto el PP no le va muy a la zaga—, las regiones-colonias no sólo serán incapaces de formar una piña que plante cara a las dos metrópolis citadas, sino que lo más probable es que algunas de esas regiones acaben enfrentadas entre sí como consecuencia de la escasez de ciertos bienes de primera necesidad. Dos ejemplos claros podemos apreciarlos ya en las disputas por el agua entre Extremadura y Andalucía, comunidad, esta última, que pretende blindar la totalidad de los ríos andaluces sin tener en cuenta si el curso de alguno de ellos se adentra en otro territorio.
A cuenta del trasvase del Tajo, hay otro caso aún más sangrante entre las comunidades de Valencia, Murcia, más la provincia de Almería, de un lado, y Castilla-La Mancha del otro. Los castellano-manchegos, con el escandaloso visto bueno del PP, pretenden dar por finiquitado ese trasvase en el 2015, y quieren que así figure en las normas estatutarias que están elaborándose. Naturalmente, a ello se oponen Murcia, la región más afectada, y las provincias de Alicante y Almería, a las que igualmente se destina una parte significativa del agua del Tajo. Y no cuento a la propia Albacete, que asimismo recibe un nada despreciable caudal del Trasvase.
Así, pues, propiciada por la política insolidaria de este régimen socialista que nos ha tocado en desgracia, política que parece diseñada para enfrentarnos a todos contra todos, la guerra no ha hecho más que comenzar. En el futuro tendremos ocasión de ver todo tipo de maniobras absurdas e intentos de represalias entre regiones vecinas. Al respecto, hoy es posible leer una de esas barbaridades en el diario La Verdad de Murcia:
En las páginas dedicadas a la Región, el presidente del Sindicato de regantes del Acueducto Tajo-Segura se despacha a gusto y suelta el siguiente disparate: “No podemos soportar los riesgos de esa conducción a través de nuestras tierras mientras recibimos continuos ataques”. Se refiere este individuo a la oposición de los regantes al oleoducto Escombreras-Puerto Llano, proyecto sobre el cual se han presentado numerosas alegaciones. “Los regantes murcianos se quejan de que las obras del oleoducto atravesarían gran parte de los regadíos del trasvase, y aseguran que esos perjuicios serían asumibles por su sindicato si no existieran continuos ataques de Castilla-La Mancha sobre los envíos de agua que llegan al Segura. Francisco del Amor, el presidente del Sindicato, subraya que los agricultores de la Región no son partidarios de esta estrategia de respuesta, pero se han visto obligados a entrar en la dinámica de la insolidaridad”. Como digo, toda una barbaridad que en parte se veía venir y que, con perdón, adelanté hace más de un año: “Agua por energía o la Guerra Civil que se avecina”.
Autor: Policronio
Publicado el 1 de agosto de 2007
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