viernes, 1 de junio de 2018

Como hace setenta y seis años

En el pacto de la Transición todas las partes cedieron y de ahí nació nuestra Carta Magna, si bien algunos grupos políticos solamente cedieron porque en ese momento creyeron que era lo que más les convenía y a la espera de alcanzar el poder, punto en que aprovecharían, como ahora hace el social-comunismo y los separatistas, para exigir cuentas  a una derecha española a la que nunca han tolerado y a la que siguen acusando de ser los responsables de la Guerra Civil. 

La Guerra Civil fue un episodio de locura colectiva, propiciada por la inoperancia en unos casos y la ignorancia criminosa en otros, y en todos, por la mal disimulada y dolosa intención de los políticos del Frente Popular de perpetuarse en el poder a costa de lo que fuera. Y si para ello hubiera sido precisa la eliminación física del adversario, también. Y se desató la guerra y ésta  acabó como acabó.


Tras cuarenta años de dictadura y aún con el cadáver del dictador de cuerpo presente, los políticos gobernantes —no digo la derecha gobernante porque ello sería inexacto— entendieron que la situación anterior no debería alargarse más de lo estrictamente necesario para instrumentar los mecanismos oportunos, en orden a la recuperación  de un estado de normalidad democrática que garantizara la continuación de la paz civil alcanzada tras el resurgir de una fuerte clase media, anhelante de poder olvidar los años oscuros y homologable con la de nuestros vecinos. 

Y llegó el pacto de la transición, cuya culminación se produjo con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, de dudosa vigencia práctica por la inoperancia criminosa de los políticos de siempre. Y por supuesto que no fue un pacto de olvido ni denigrante para las víctimas y perjudicados de toda clase y condición. No hay más que leer el listado de leyes y reglamentos de reparación de las más diversas situaciones, para llegar a entender que fue un pacto enraizado en la generosidad y en la reconciliación. Y que no excluía, además, la posibilidad de plantear ante los Tribunales las acciones individuales tendentes a obtener toda clase de reparaciones, en el caso de que no hubieran prescrito o les afectase el instituto procesal de la cosa juzgada. Pacto que incluso llevaba implícito y grabado a fuego la no utilización de las víctimas ni de su recuerdo en la defensa de posiciones políticas. Víctimas de uno y otro lado, por cierto.

Y los perdedores de la guerra —si podemos llamar perdedores a la clase política de izquierda y separatista actual, criados la mayoría de sus miembros en "hogares ganadores"—, grandes beneficiados del pacto como es obvio de toda obviedad, no han tenido otra ocurrencia que romperlo, con nocturnidad, premeditación y alevosía, mediante la promulgación de toda esa caterva de leyes ofensivas, sin parangón en cualquier nación que pretenda seguir avanzando en libertad. Con la consecuencia de que si la mitad de la población, respetuosa con los acuerdos alcanzados, y que para nada se considera heredera ni beneficiaria de situaciones pasadas, asumiera con todas sus consecuencias que el pacto está definitivamente roto, y por lo tanto, liberada del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, mucho me temo que nos veremos enfrascados en una situación, francamente nefasta.

Y como siempre, los responsables serán esos políticos inoperantes, negligentes y criminosos, adscritos a formaciones políticas revolucionarias, y ansiosos de permanecer en el poder por toda la eternidad. 

Autor: Carlos J. Muñoz
Publicado el 28 de abril de 2007

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