El Gobierno se ha negado a la propuesta parlamentaria del PP para iniciar el trámite de ilegalización de las “Nekanes”, que es como se conoce a la formación política testaferro del sello ETA. Una formación, PCTV, consentida en su día por el propio Zapatero, en una de sus habituales decisiones de marcada estafa democrática, que quiso así dejarles entreabierta la puerta trasera de la financiación a los asesinos y extorsionadores. Está claro que el motivo para mantener legal al PCTV no fue la necesidad de un interlocutor con el que dialogar sobre un posible cese de la violencia, puesto que el PSE-PSOE y la ETA iniciaron en 2002 unos contactos que nunca han cesado, ni siquiera cuando el reciente atentado de la T-4, y que siempre llevaron el aval del ahora Presidente. No, las “Nekanes” son simples floreros interpuestos y el motivo de su situación legal es otro mucho más simple: Permitir que los etarras recibiesen subvenciones oficiales donde lograran alguna representación, lo que a la ETA le ha supuesto unos ingresos de varios millones de euros anuales, y dejarles mantener la tensión político-opresiva a favor de la banda en toda Vasconia y buena parte de Navarra.
Estos días no para de hablarse del juicio del 11-M y es algo que está muy bien si al final se aclara quién dio la orden de efectuar la masacre, cosa que dudo. Pero observo poco realce en la prensa respecto a lo que apunto en el párrafo precedente. No se trata de un asunto menor, ni mucho menos, por cuanto demuestra —por sus hechos les conoceréis— hasta qué punto se haya corrompido el sistema de valores del sujeto que nos gobierna y de la facción del partido que lo respalda. Quien no es capaz ni siquiera de la toma en consideración de una propuesta avalada por más de 140 parlamentarios, y la rechaza de inmediato alegando que se ha formulado para “crispar” y “dividir”, en ese instante se está definiendo mediante un estilo político tan extremista como farsante. Por una simple razón, no es el Parlamento el que debe ilegalizar al PCTV, sino que es el Tribunal Supremo, Sala del 61, el que debería adoptar la decisión correspondiente tras evaluar los pros y contras. Luego de aquí se deduce la escasa confianza que los totalitarios poseen en relación a la situación legal de la franquicia etarra y la farsa que utilizan para mantenerla dentro del sistema.
No voy a hablar de la actitud en este asunto de los socios parlamentarios del Gobierno, ya que nunca aceptaron la Ley de Partidos y encima son formaciones políticas no democráticas cuya característica principal es el deseo de la ruptura de España —que tiene guasa, bien mirado, con qué clase de gente se juega los cuartos el gobierno de la Nación—, pero sí quisiera referirme a las posibles razones de fondo que han motivado que el Grupo Socialista en el Congreso haya rechazado de plano que el tema “Nekane” pase al Supremo. Sin embargo, antes quisiera reafirmarme en lo que es ya una impresión generalizada para cualquiera que no sea un ferviente miembro de la Secta “progresista”: ZP es un individuo férreamente maniatado por sus acuerdos previos a la llegada al poder. Se halla prisionero de ciertos pactos, unos conocidos, como el del Tinell, y otros no salidos a la luz, como el de Perpiñán o el establecido entre el PSE-PSOE y la ETA, pero todos ellos en su conjunto son de una inmoralidad tremenda, si es que deben juzgarse a partir de ciertas medidas incomprensibles que va desarrollando el Gobierno.
Por lo tanto, la primera causa de un comportamiento tan indigno y en apariencia tan ilegítimo, para el que desde luego nunca se eligió a los gobernantes socialistas, es su imposibilidad material de actuar de distinto modo, so pena de incumplir buena parte de esos pactos aludidos y que la ETA haga público lo que la gente de Zapatero llegó a concertar en su día. Al fin y al cabo, echarse de nuevo al monte y volver a asesinar indiscriminadamente es una opción que la banda terrorista siempre poseerá como último recurso o plan B, si bien debe reconocerse que los delincuentes viven mucho mejor en su posición actual de aburguesamiento mafioso. Pero, ¿qué clase de Plan B tendría Zapatero si se negara a aceptar las exigencias etarras y el conjunto de los españoles llegase a conocer lo que en realidad hay detrás de tanta cesión continuada a terroristas y separatistas? La respuesta es sencilla: La desaparición del PSOE y el banquillo de los acusados para unos cuantos de sus altos cargos.
Luego aquí nos encontramos, y esta sería una segunda causa que motiva la forma de actuar de ZP, ante una situación de auténtico pánico -incluso de tipo personal-, que atenaza los resortes del poder socialista —así como del Estado— y los hace inmunes a cuanta propuesta razonada presenta el PP en el Parlamento. Sea para ilegalizar el PCTV, sea para frenar de algún modo las arbitrariedades que asimismo se cometen en beneficio de unas regiones y en perjuicio de otras. Ahora bien, como vía de salida a ese angustioso despeñadero ante el que se encuentra, parece que nuestro hombre no ve más opción que utilizar el método de ir dándole largas a todo el mundo con el que haya suscrito acuerdos inconfesables. Unas largas que en primer lugar tratan de apaciguar la impaciencia de la ETA, que le reclama un cumplimiento mucho más acelerado de sus promesas y no acepta según qué tipo de excusas.
Creo que Zapatero, que jamás ha sido un demócrata —en caso contrario habría abandonado el PSOE en la época GAL o hubiese impedido que sus huestes tomasen las calles en vísperas del 14-M—, lo que en realidad se propone es que le reelijan “como sea” para mantener a cualquier precio una situación semejante a la actual. Se trataría de ganar otros cuatro años en los que seguir dándole largas a los chantajistas, o concederles gradualmente el mínimo de lo que pidan, y a partir de ahí tratar de hacerse con todos los resortes de cualquier poder del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, sobre todo el judicial. Ya que un déspota de su calaña no puede confiar en frenar indefinidamente a la Justicia desde el Congreso de los Diputados o desde la Fiscalía General, como intenta hacer ahora, y por lo tanto precisa ir situando a sus peones en determinados puestos de la Judicatura. Unos peones destinados a blindarle cuando vengan mal dadas, que vendrán y él lo sabe, porque el ciudadano español es más bien de condición lanar pero si se harta de determinado pienso sale en estampida y derriba las vallas del cortijo.
Así lo hizo González con su peón Bacigalupo en la Sala de lo Penal del Supremo, que bien mirado no es mal precedente al que ZP podría recurrir. De donde se deduce que en cuanto Rodríguez considere que posee un blindaje semejante o aún mejor, que buena falta le hará, quizá deje que estalle todo antes de entregarle la patria a la coalición terrorista-separatista que hoy manda y se vaya tan ricamente a su casa o bien imite las interminables giras sudamericanas de Mister X, un sujeto que cuando llega ocasionalmente a España le pide al piloto que mantenga al ralentí el motor del avión, por si acaso. Pero la clave inicial para el blindaje que ZP necesita es la reelección, puesto que será en la siguiente legislatura cuando haya que renovar parte del Poder Judicial no adicto. Y a su vez, la clave para volver a ser elegido es no indisponerse demasiado con los etarras y enrabietarlos definitivamente. Por eso ZP no puede permitirse proponer la ilegalización del PCTV. Es más, no sería de extrañar que Batasuna concurriera directamente a las próximas elecciones mediante la coalición Izquierda Abertzale o algo así, una nueva marca que el ahora servil Garzón conceptuó como apropiada.
Podrá decirse que todo lo anterior es simple especulación, que a ZP sólo le guía un espíritu muy liberal —o muy necio, según se mire— que le lleva a comprender que los terroristas son en el fondo “gente de paz” y que los separatistas lo único que desean es una España plurinacional y pluricultural, donde se hace necesario dialogar incesantemente con ellos y transigir en una parte sustancial de sus reivindicaciones. Podrá decirse, en efecto, pero quien lo diga que me aclare de paso cómo es posible que el Jefe de gobierno de la Nación española vaya dando pasos continuados para debilitarla, precisamente cuando la avala una Constitución que nos ha reportado el mayor período de prosperidad y democracia de nuestra historia. No, ningún gobernante con dos dedos de frente suele hacer nada que deje en papel mojado su propio cargo y anule su capacidad para diseñar nuestro futuro colectivo. Ningún político honrado estará jamás dispuesto a permitir tan alegremente el hundimiento de la patria común cuyo Gobierno preside, a menos que oculte una razón siniestra como consecuencia de un pasado fuera de la ley. Pensemos en ello y atemos cabos ahora que se está produciendo el juicio sobre la masacre del 11-M.
Autor: Policronio
Publicado el 21 de febrero de 2007
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