La insensatez como norma de gobierno

El presidente Montilla posa con los primeros miembros del Consell de Garanties Estatutaries, una especie de Constitucional catalán referido al Estatuto.

Afirma el clásico que todo es posible a condición de ser uno lo suficientemente insensato. Pues bien, cuando la insensatez se apodera de cierta clase política, como sería el caso del "President" José Montilla y su gobierno de radicales, entonces lo usual es adentrarse en la locura y convertir a las instituciones en el origen de los problemas, muchos de ellos de difícil o disparatada solución. Por el contrario, el político sensato tratará siempre de evitar los males incluso a sabiendas de que es probable, como afirmaba Churchill, que llegue a pasar más de la mitad de su vida pública preocupándose de cosas que jamás sucederán. Por supuesto Montilla está muy lejos de ser un estadista de la categoría de Churchill, de ahí que se haya propuesto acometer una de esas insensateces que dejarán huella y a la larga un mar de problemas.

Viene lo anterior a cuento para explicar la reacción del Gobierno catalán a propósito del caso Pérez Tremp, ese magistrado del Tribunal Constitucional al que sus compañeros le han pedido que se inhiba respecto al nuevo estatuto de Cataluña; lo que representa, a juzgar por el toque a rebato del nacional-socialismo catalán en el poder, que en tal circunstancia existe alguna posibilidad de que finalmente sea declarada inconstitucional una buena parte del referido Estatuto. Algo, por lo demás, que a poca gente le extrañaría si se considera la enorme desigualdad que ha creado, en multitud de ámbitos, entre los españoles de Cataluña y los del resto de España.

Es tal el estado de nervios en el que han entrado los social-separatistas, que la formación de Carod-Rovira le ha exigido a Zapatero que presione al magistrado para que dimita y sea sustituido por otro juez adicto a la causa. Si bien, en vista de la reacción ambigua del propio Pérez Tremp, que no acaba de decidirse sobre si se va o se queda -actitud que en Cataluña denominan "cagaductes"-, la gente del Tripartito ha decidido pasar no al plan "B", que razonablemente consistiría en esperar un tiempo a ver cómo evoluciona el asunto, sino directamente al plan "I", de insensatez. Una insensatez en la que mediante el desarrollo acelerado de una de las partes del propio Estatuto, concretamente ese artículo 76 que alude a la creación del "Consejo de Garantías Estatutarias", se pretende blindarlo a posibles decisiones del Constitucional.

Es decir, los señores del Tripartito tienen tan poca fe en la legalidad del nuevo estatuto de Cataluña que han decidido darle vida por la vía rápida a su propio Tribunal Constitucional. Para más inri, el citado Consejo de Garantías Estatutarias, cuyos dictámenes tendrán carácter vinculante a diferencia del actual "Consell Consultiu", al que debe sustituir, deberá ser elegido a propuesta del "Govern" (un tercio) y el resto a propuesta del "Parlament". De donde se deduce la futura composición y preferencias en los arbitrajes de ese nuevo organismo público catalán, al que piensan usar de barricada ante las resoluciones del TC.

Vamos, que han decidió poner en marcha toda una obra de ingeniería política sobre la que, aun a sabiendas de que no cuenta con suficiente soporte legal, no dudarán en usar algún día como moneda de cambio ante posibles apoyos a gobiernos de la Nación, especialmente si éstos se encuentran en minoría y se da una circunstancia semejante a la aciaga Ley de Política Lingüística de diciembre del 99, sobre la que Aznar renunció a presentar recurso de inconstitucionalidad a cambio del respaldo de Pujol. Y es que es así como funciona desde hace muchos años la política en España: Decisiones insensatas e ilegales a cargo de los separatistas, siempre en la dirección que a ellos les conviene, que acaban por transformarse en hechos consumados como consecuencia del oportuno enjuague a la hora de formar gobierno en Madrid. 

Ocurrió con González, tres cuartos de lo mismo con Aznar, y lo de Zapatero es simplemente de escándalo. Y mientras, el separatismo no cesa su avance y su osadía a la hora de consolidad sus patrias de diseño, tribunales constitucionales ad hoc incluidos. Y lo malo no es eso, porque esta gente cismática que no se siente española y considera que no debe serle leal a nuestra Carta Magna no hace algo distinto a lo que es su inmoral obligación: soltar amarras en la medida de sus posibilidades.

No, lo malo es que incluso si la derecha llega al poder, lo cual no resultaría demasiado extraño visto el número de enemigos que ZP se crea por minuto, se lo encontrará todo tan "atado y bien atado" que apenas contará con opciones de regenerar cuanta insensatez e ilegalidad se hayan producido. Incluso debo añadir que aun cuando confío en el triunfo de Rajoy en las siguientes generales, echo de menos algún aviso claro a navegantes. Un aviso que podría ser de este tenor: Señores del Gobierno catalán, ni se les ocurra desarrollar determinados aspectos del estatuto de Cataluña hasta que el Constitucional se haya pronunciado, de lo contrario me obligarán a plantear un cambio en la Constitución que lo anule en su totalidad.

Autor: Policronio

Publicado el 10 de febrero de 2007