Cuidado con las gestoras de cooperativas de viviendas (y IV)

Ejercitadas por treinta de los presuntos cooperativistas la oportunas acciones legales ante la Jurisdicción Civil, la mercantil, antigua propietaria de los terrenos y cuyos empleados y/o colaboradores promovieron la cooperativa tapadera y la gestora, miembros del mismo grupo inmobiliario que aquélla, resultaron condenadas por un Juzgado de Primera Instancia de Ciudad-Real a la devolución a aquellos cooperativistas de una cantidad aproximada de 150.000.- Euros. Sentencia confirmada por la Audiencia Provincial y recurrida en Casación ante el Tribunal Supremo.

Dentro de tres o cuatro años tendremos noticias. Antes de ser confirmada la sentencia por la Audiencia Provincial, se interpuso una nueva demanda frente a las mismas mercantiles y por los mismos hechos por otros cuarenta cooperativistas. Las mismas mercantiles han sido condenadas por otro Juzgado de Primera Instancia a la devolución de una cantidad aproximada de 240.000.- Euros. En estos momentos, planteados sendos recursos de apelación por las condenadas, estamos a la espera del dictado de la oportuna sentencia por la Audiencia Provincial. Estamos preparando una tercera y definitiva demanda con el resto de los cooperativistas.

Vaya por delante que nuestra actuación jamás ha ido encaminada a la condena de la actividad general empresarial ejercitada por esas mercantiles. Esas mercantiles tienen el perfecto derecho a obtener beneficio, y no sólo el derecho, también la obligación. Nuestra actuación ha ido encaminada a la condena de una cierta manera de hacer negocios. Manera de hacer negocios en que quien asume los máximos riesgos, los cooperativistas, obtienen el mínimo beneficio, puesto que las viviendas al final fueron adquiridas a precio de mercado, y algunas de ellas manifiestan carencias funcionales y de habitabilidad más que preocupantes, y los que obtienen el máximo beneficio, las mercantiles en cuestión, lo hacen sin riesgo alguno. 

En una compraventa normal, el promotor se obliga a entregar al comprador una vivienda, a un precio cierto y en un plazo determinado. Y el comprador se obliga al pago de ese precio en un plazo también determinado. El promotor asume los máximos riesgos del negocio de la construcción, y obtiene un beneficio acorde con los riesgos asumidos. Y el comprador, llegado el plazo pactado, obtiene  su vivienda. 

Sin embargo, cuando las mismas mercantiles utilizan una cooperativa como pantalla, sin dejar de ser las promotoras, por cuanto con la firma del contrato de arrendamiento de servicios de gestión se convierten en auténticas promotoras de todo el entramado, aquéllas obtienen un beneficio, incluso superior que en la compraventa normal, con el mínimo riesgo, siendo los cooperativistas, que no han visto cumplidas sus expectativas, por cuanto al final las viviendas cuestan lo que cuestan, los que se ven apechugando ante cualquier contingencia.

Y una última consideración: Las gestoras siempre serán ineficientes, porque nunca tendrán motivos para lo contrario. Si los honorarios a percibir de la cooperativa se determinan en un porcentaje del coste de la promoción, las gestoras no tienen motivación alguna para obtener un producto al menor coste posible y sin merma de la calidad de aquél. Al final se convierten en una organización burocrática más. Y como todas las burocracias, nunca se verán motivadas a ser eficientes, antes al contrario. Cuanto mayor sea su nivel de gasto autorizado, más prestigio, poder y retribución, independientemente de su eficiencia. Y como todas las burocracias, siempre bajo el manto protector del Poder.

Al respecto y para concluir, me permito transcribir el penúltimo párrafo de la página 346 de la biografía autorizada de Esperanza Aguirre, recientemente publicada  y escrita por Virginia Drake. Dice así, a propósito del follón montado por Tamayo y Sáez, de la Federación Socialista Madrileña, que a la postre permitió, tras nuevo paso por las urnas, el acceso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de la biografiada y por muchos motivos admirada:

"Pero conforme avanza el calendario se destapan nuevos datos. Por ejemplo, que el candidato Simancas había alcanzado un acuerdo con la asociación de gestoras inmobiliarias Agecovi por el que, si llegaba a la presidencia del gobierno regional, impulsaría 50.000 viviendas de protección pública, lo que habría supuesto 600 millones de euros de beneficio para las gestoras".

Agecovi es la asociación de gestoras de cooperativas de viviendas.

Autor: Carlos J. Muñoz

Publicado el 17 de enero de 2007