Según puede leerse en el diario La Razón, reza así uno de los puntos acordados entre el presidente de todos los españoles y el jefe de un partido nacionalista de Cataluña: Lengua. El acuerdo mantiene el derecho y deber de conocer el catalán y español, tal y como figura en la Constitución (El subrayado es mío). Por supuesto, la información la ofreció la parte nacionalista, ya que Zapatero no parece que considere importante informar a los ciudadanos cuyo gobierno preside. Algo que, es sí mismo, dice mucho acerca del respeto que siente por nosotros quien decide en nombre de todos pero a nadie informa, al menos con la celeridad que correspondería a un acuerdo de semejante calado.
Si se examina el punto acordado entre Zapatero y Mas y se analiza incluso por encima, enseguida se advierte que su descripción no sólo no se ajusta a la realidad, sino que quiere disfrazarla al más puro método propagandista. Tal cual se lee, da la sensación que la Constitución española obligue al conocimiento del idioma catalán (se entiende que en Cataluña). Y eso es completamente falso, puesto que en la Constitución figura el derecho a usar ese idioma, pero no el deber de conocerlo.
Cualquier gobierno con talante realmente democrático, no como este que ahora tenemos, dejaría en suspenso el nuevo estatuto catalán, del que incluso podría valer lo ya acordado -incluido el término nación para Cataluña-, hasta que en la Constitución no se introdujeran una serie de cambios que convirtiesen en ajustado a norma superior el citado estatuto. Lo ideal, desde un punto de vista democrático, hubiese sido someter a la consideración del pueblo español en su conjunto el modelo de Estado que los nacionalistas y Zapatero pretenden. Luego, aprobado en referéndum ese modelo, modificar cuantos estatutos fuesen necesarios.
¿Por qué no se ha hecho así? ¿Por qué no se les ha planteado lealmente a los ciudadanos una segunda transición que llevase a ese idílico estado plurinacional que quieren vendernos? A mi modo de ver, porque existe una razón muy poderosa: No se les aceptaría debido a que el sentimiento de España, como nación única, está aún muy arraigado. Seguramente serían precisos otro 20 o 30 años más para lograr el desprestigio necesario de la patria común, a fin de que finalmente nos animáramos a convertirla en plurinacional.
Pero los nacionalistas y socialistas no disponen de tanto tiempo y paciencia para consolidar unas posiciones que consideran irrenunciables, eso sin contar que jamás han utilizado la lealtad con los ciudadanos. Para esas dos corrientes políticas, tan totalitarias ahora como en la época de la II República, los votantes nunca hemos sido algo distinto a una coartada para sus fechorías y sus ansias de poder, que es justo lo contrario a un propósito honrado. Es evidente, pues, que no desean hablarle claro al pueblo, prefieren los acuerdos de madrugada, en secreto y al margen de la ley. En dos palabras: a traición.
Publicado el 23 de enero de 2006
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