Si apreciamos la seguridad, garanticémosla

La seguridad es una de las más importantes cuestiones que atañen a la vida social de los individuos. En un mundo en creciente amenaza terrorista, con flujos migratorios que crecen exponencialmente y en cual la tecnología facilita a los delincuentes nuevos mecanismos para infringir la ley, los políticos han de redoblar sus esfuerzos en garantizar la seguridad de los individuos.

Desde un punto de vista -a nuestro parecer- un tanto radical, Jorge Valín, desde la excelente página web del Instituto Juan de Mariana, ha defendido la privatización de la seguridad. Que esta página web es extraordinaria, no es un peloteo al uso. Fe de ello dan los distintos comentarios que hemos dejado en varios artículos de dicha página. Resumidamente, Jorge Valín, contra quien –nos adelantamos- no tenemos nada, viene a decir que el Estado se sirve de la policía para proteger sus intereses, en contra de los intereses de los ciudadanos, que sabrían mejor que el Estado cómo defenderse de la inseguridad contratando privadamente los servicios relativos a esta materia. Como corolario a esta tesis, podríamos decir que, quien defienda más arduamente la privatización de la seguridad, más liberal será.

Bien. De entrada cabría preguntarse por qué, ninguno de los miles de políticos españoles que ha dado el siglo XX ha puesto en práctica tal medida. ¿Eran todos antiliberales? ¿Defendían los intereses del aparato estatal en contra de los ciudadanos? Porque claro, no podemos lanzar teorías magistrales sobre la privatización de tal o cual sector, sin detenernos a pensar la manera de ponerlas luego en practica.

El análisis de Jorge Valín falla por su base. Dice Jorge: “Cuando los consumidores se concentran en un determinado bien o servicio, el empresario se apresura a entrar en este negocio para sacar el máximo beneficio. ¿Por qué ha de ser diferente su seguridad física?”. Pues por una supersencilla razón. El “mercado” de la seguridad no está compuesto por consumidores individuales, como el del aceite, el calzado o el de los coches. La seguridad no es contratable por una sola persona, salvo que cada uno pretenda tener su guardaespaldas y entonces nos dediquemos la mitad de las personas a proteger las vidas de la otra mitad. En este sentido, la seguridad no se puede dejar al libre mercado, porque siempre quedarían zonas sin proteger y otras superprotegidas. No es demagogia, es una realidad. La sociedad puede funcionar con Ferraris y Porches en La Moraleja y Seats y Fiats en Alcobendas, pero sería un total caos con miles de seguratas por las zonas vip, mientras las zonas menos pudientes quedasen desprotegidas.

Vayamos a otro punto: “El estado crea comisarías y hace circular patrullas, no donde usted lo necesita, sino donde él quiere”. 1) Aquí se presupone que el Estado no hace circular patrullas por donde las necesitamos, lo cual es totalmente falso. 2) Asimismo se afirma que las patrullas circulan por donde quiere el Estado, lo cual es una perogrullada que invita a pensar que por naturaleza el Estado actúa a su capricho. Ni que decir tiene que la Policía Nacional, la Guardia Civil, Tráfico, etc., realizan sus funciones por profesionales dirigidos por gente más o menos competente, más o menos acertada, pero intentándolo hacer lo mejor posible. Perdónennos si somos un poco rousseaunianos en esta cuestión, pero no nos imaginamos al jefe de las patrullas de la policía de Barcelona a las 8:00 A.M. dando estas instrucciones: dense varias vueltas por la playa, y dense un bañito, que hoy hace calorcito; vigilen el Camp Nou, que hoy viene mi primo, que es del Barça; dense una vueltita por Pedralbes y sáquenme una foto de Elena y Urdangarin para mis hijos… Esto, y no otra cosa, es “hacer circular patrullas por donde el Estado quiere”.

Seguidamente dice Valín: “No es la policía quien se adapta a usted —el cliente— sino que es usted quien siempre se ha de adaptar a la policía”. Lo cual es más que discutible. Por ejemplo, no hace mucho nos dejamos unas llaves dentro de un piso y la Policía se puso a nuestro servicio para ayudarnos a acceder al inmueble. Pero es que, además, la Policía, la seguridad, no está al servicio de cada uno de los ciudadanos, de manera individual, sino que lo hace colectivamente. Nosotros no somos colectivistas ni socialistas, pero el ser liberal no nos obliga a creer que la seguridad pública no puede proteger manzanas, barrios o ciudades en su conjunto; o que la privada no puede proteger urbanizaciones enteras en vez de chalets individuales, aunque también lo haga.

En el último párrafo, Valín dice: “La producción de seguridad es un servicio —y un bien en según que aspectos— que la economía privada satisfará mejor que cualquier gobierno”. La pregunta ya la hemos hecho arriba, pero, por si acaso, la repetimos: ¿por qué, ninguno de los miles de políticos españoles que dio el siglo XX puso en práctica tal medida? Es más, ¿por qué, ninguno de los miles de políticos españoles que dará el siglo XXI pondrá en práctica tal medida? Pues muy sencillo. La seguridad es un concepto que va bastante más allá del individualismo extremo y ninguna propuesta antiestatalista seria puede dejar la seguridad en manos de agencias privadas:

- Primero, porque el concepto de “seguridad” va estrechamente ligado al de “seguridad nacional”, del cual participan también las FFAA, que están en conexión con el resto de cuerpos armados, incluídos los de seguridad.

- Segundo, porque la seguridad no puede quedar reducida al ámbito personal ni individual, porque aunque cada persona o unidad familiar tenga su vivienda, su vehículo, etc., no podría caber lo mismo con la seguridad, salvo que hubiera tantos seguratas por familia (en cuyo caso esto se convertiría en Segurolandia) o que se contratara la seguridad por zonas, bloques de viviendas, barrios, etc., en cuyo caso, el caos sería mayúsculo, dado que se superpondrían compañías de seguridad en unas zonas, mientras que faltarían en otras, resultando en la práctica imposible poner de acuerdo a todos para garantizar la seguridad a lo largo y ancho de todo el Estado.

Téngase en cuenta, además, que un Policía Nacional está obligado a defender a todos los ciudadanos, mientras que uno privado, no. Si nos atracan en una calle de una ciudad donde no vivimos habitualmente y está cerca un policía nacional o municipal éste estará obligado a asistirnos. En cambio, un policía privado no. ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Llevar a un policía a cuestas a todos los sitios?

En fin. Nos consideramos liberales como los que más. No por no ser antiestatalistas extremos, no somos menos liberales. Somos partidarios de un Estado liberal, pero si nos cargamos completamente el Estado, éste ya no puede ser, ni liberal ni intervencionista. Aunque escribo un poco sobre la marcha, pero creo que, por ejemplo, Adam Smith era contrario a la intervención estatal en el campo de la economía, sin que ello implicase la desaparición del Estado en otras parcelas. Defender la existencia de un Ejército o una Policía nacionales en nada es contrario al liberalismo, mientras que un antiestatalismo extremo puede degenerar en una sociedad pseudoanarquista, muy cerca del bakuninismo en algunos extremos.

Autor: Smith
Publicado el 22 de julio de 2005