El diputado de ERC, Joan Puig, debería ser enjuiciado y exigírsele responsabilidades penales por dirigir un asalto a la finca de Pedro J. Ramírez. Hubo que franquear vallas, enfrentarse a los guardas jurados de seguridad, a los que se les hizo caso omiso y se les agredió y, sobre todo, se escenificó una demostración palmaria de desprecio a la Ley que un diputado, en razón de su cargo, está especialmente obligado a cumplir tras asesorarse.
El diputado justificó el asalto a la piscina porque "es un lugar de paso". Ahora se ha demostrado que no es así, sino que el Ministerio de Medio Ambiente, con el preceptivo informe de la Abogacía del Estado, declaró de uso privativo la zona pública donde se ubica la piscina del polémico periodista. Para quien no lo sepa, el uso privativo no concede la propiedad al usufructuario pero sí la exclusiva del uso. No se trata de ningún privilegio exclusivo a tal o cual personaje público, circunstancias similares a las que concurren en la finca de Pedro J. Ramírez y se dan a cientos y cientos a lo largo de toda la costa española.
La razón de tantas fincas en el litoral es bien sencilla, años atrás la ley permitía construir a una distancia menor de la costa. Esa ley ha cambiado y ahora no es posible edificar tan próximo al mar, si bien para las fincas ya existentes se habilitó un período de privacidad que oscila entre los 50 y 99 años, según creo. Transcurrido el plazo que corresponda, las edificaciones se derribarán y se convertirán en zona pública. Ocurre así con hoteles, villas particulares, con o sin piscina, e incluso edificios públicos. La finca de Pedro J. Ramírez está acogida a esa ley y por lo tanto mantiene el uso privativo durante el plazo que se le haya asignado.
El diputado Puig, antes de iniciar su injustificado asalto debería haberse asesorado ante la única autoridad competente en la materia, el MMA, no lo hizo así y prefirió informarse a través del jefe de los socialistas en Baleares, Antich, el de infausto recuerdo, que al parecer desconocía la declaración de privacidad emitida por el Ministerio. Nos encontramos, pues, ante un diputado torpe, pendenciero y delincuente —“cualidades” nada extrañas considerando que pertenece a Esquerra Republicana—, cuya actuación no debe quedar impune en ningún caso.
La demanda interpuesta por Pedro J. Ramírez contra el delincuente Puig (las fotografías y sus propias declaraciones me impiden considerarle presunto) obligará al Tribunal correspondiente, el Superior de Baleares o el Supremo, a solicitar un suplicatorio al Congreso de Diputados. Quedo a la espera del inicio de sesiones parlamentarias y del resultado del suplicatorio para comprobar cuál es el grado de impunidad que le corresponde a Puig por el simple hecho de pertenecer a ERC y ser un “colega” del gobierno socialista.
Moraleja del día: Todos los separatistas son iguales, creen tener la razón y lo único que poseen es fanatismo.
ACTUALIZACIÓN: Medio Ambiente ha declarado que es "totalmente falso" que haya concedido a Pedro J. Ramírez, director del El Mundo, "el uso privativo" de la piscina de su casa mallorquina, contradiciendo así al consejero balear Jaume Font. No obstante, el Ministerio que dirige Cristina Narbona ha reconocido que el carácter de "uso público" está suspendido "temporalmente".
PD: Si no es privativo pero el uso público está suspendido, lo mismo me da que me da lo mismo.
Publicado el 18 de agosto de 2005
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