"Por el bien de los ciudadanos"

Ramón Ropero, alcalde socialista de Villafranca de Barros

“El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad”. La frase es de Aristóteles, un viejo militante del socialismo y cuñado segundo de Ibarra, ese dinosaurio del PSOE extremeño, ahíto de frases altisonantes, que ahora está callado como un muerto ante la tremenda arbitrariedad que representa multar a medio pueblo de Villafranca de los Barros por el simple hecho de manifestarse contra la instalación de una refinería de petróleo. El titular de hoy en ABC reza así: "El PP exige a Ibarra que «dé la cara» por las multas a los opositores a la refinería". 

El artículo de ABC añade luego que las sanciones de la Delegación del Gobierno (¡talante!) son por participar en “supuestos altercados de manifestaciones”, mientras que el informe de la Guardia Civil afirma que las manifestaciones “se desarrollaron con normalidad y sin incidentes”. Incluso el propio alcalde, Ramón Ropero, que fue quien denunció a los manifestantes, afirma lo siguiente, siempre según ABC: En declaraciones a la prensa regional, el dirigente socialista aseguró el pasado fin de semana que lo que él denunció fueron «insultos y amenazas de muerte» y no «silbidos y abucheos», como la Delegación del Gobierno ha puesto en algunos expedientes sancionadores. Ropero ha llegado a decir que sería «injusto denunciar a alguien sólo por silbar, abuchear, o gritar en contra de la refinería».

Desconozco cuál ha sido el balance de las manifestaciones extremeñas contra la instalación de la refinería petrolífera, sin embargo no tengo noticias de heridos, estragos o destrozo alguno, lo que no quiere decir que no los haya habido. Yo, simplemente, no los conozco. Es más, dudo de que se hayan producido porque en ese caso la prensa adicta a la Secta se habría encargado de airearlos y realzarlos. Naturalmente, echándole la culpa al PP. Ahora bien, que en las sanciones del delegado del Gobierno aparezca la frase “supuestos altercados” es algo que clama al Cielo. ¿Desde cuándo es lícito sancionar los altercados supuestos? Suponer, podemos suponer todos, e incluso sospechar, como se sospecha que este régimen de izquierda radical ni es ni será nunca demócrata.

¿Qué clase de argumentos utiliza un Gobierno (o su delegado) para castigar urbi et orbe a quienes se manifiestan en contra de una instalación en proyecto? ¿Qué clase de doble rasero se utiliza aquí, tras enviar los socialistas a sus militantes a manifestarse escandalosamente a raíz de accidentes como el Prestige o el Yak-42, o tras asaltar sedes del partido rival en la jornada de reflexión? ¿Qué clase de defensa pueden hacer de sus actuaciones en Badajoz quienes permanecen impasibles ante una "kale borroka" que de verdad causa innumerables daños y amenazas? Porque el País Vasco, recordémoslo, también cuenta con una Delegación del Gobierno. ¿Qué clase de democracia es la que este Ejecutivo tramposo y sectario quiere hacernos creer que practica si está dispuesto a arrestar indebidamente a militantes del PP por falsas agresiones a otro mentiroso llamado Bono? Y menos mal que a los ciudadanos de Extremadura no los han llevado directamente al calabozo y se han limitado a ponerles multas. ¡Qué bochorno de Gobierno!

Se comprenderá, pues, que se haya recurrido a la cita de Aristóteles, archivada en el apartado de hipocresía, porque es la principal condición que se advierte en la trayectoria de gobernantes tipo ZP o Ibarra, que no es ni más ni menos que la mentira que encubre la doblez. Es decir, el predicar trigo y ofrecer paja. O dicho en lenguaje de Rodríguez Demagóguez, promesas de talante y diálogo y a las primeras de cambio imponer sanciones y multas a quienes se muestran en desacuerdo con medidas antieconómicas de tipo político, como es la instalación de una refinería petrolífera a 200 kilómetros del puerto más cercano. ¿Qué deben de hacer los habitantes de Villafranca si a consecuencia de la refinería ven peligrar sus producciones de vino, aceite y harina? Porque Villafranca de Barros, no lo olvidemos, es un importante centro agroalimentario al que la instalación del complejo petroquímico le sentaría como una patada en los cataplines. Eso sí, Ibarra lograría su planta industrial y a lo mejor dejaba de dar el coñazo cuando en el País Vasco y en Cataluña se oyera con más intensidad el resquebrajarse del Estado. ¿He dicho Estado? España, ¡leche!, que ya me estoy contagiando de tanto apátrida.

Como redondeo a una nueva actuación lamentable de este gobierno socialista (o su delegado), cabe añadir que la Delegación del Gobierno en Extremadura ha justificado el motivo de las sanciones "por el bien de los ciudadanos". Eso sí, lo ha hecho el subdelegado en Badajoz, porque la delegada territorial, Carmen Pereira, se ha largado tan ricamente de vacaciones. ¿Talante aristotélico o mefistofélico? Ahora tengo cierta duda.

Publicado el 2 de agosto de 2005