Alta traición a España |
Estoy completamente espantado de lo que se aprobó ayer en el Parlamento catalán. No por el hecho de que 120 traidores a la patria española, sin mandato alguno del pueblo, decidieran hace casi dos años enmendar una Constitución por la que nos regimos más de 45 millones de ciudadanos; que esa es, en realidad, la fechoría política que representa el nuevo Estatuto: La enmienda de la Carta Magna. Mi espanto se origina al comprobar cómo el presidente Rodríguez, a sabiendas de que su función primordial consiste en velar por el cumplimiento de las leyes, no ha reaccionado ante la aprobación de un documento que es manifiestamente inconstitucional.
Si España fuese una democracia auténtica, no como la pantomima que ahora padecemos con este gobierno de sectarios y menguados de espíritu, los parlamentarios catalanes no se hubiesen atrevido a proponer semejante ley insidiosa y en contra de la unidad de España. Pero en caso de haberse atrevido, porque de los extremismos políticos que se producen en Cataluña siempre cabe esperar la más radical felonía, ayer mismo y con mandato del Supremo -instado a su vez por el Fiscal General del Estado- una compañía de la Guardia Civil se hubiese presentado en el Parlament y arrestado a los 120 traidores. Posteriormente, como es lógico en cualquier nación que defienda su integridad y sus leyes, los parlamentarios catalanes habrían sido juzgados y condenados a prisión. Y, por supuesto, la autonomía hubiese quedado suspendida durante una larga temporada o para siempre. De todo ello existen experiencias más que suficientes en nuestra Historia -pongamos el caso de Companys y su indigno gobierno regional-, igual que existen en otras grandes naciones de Europa, como el Reino Unido, donde a su Primer Ministro -también socialista- no le tembló el pulso a la hora de suspender en más de una ocasión la actividad parlamentaria en Irlanda del Norte.
Somos algo más de 45 millones de españoles. Frente a una cifra de población nada baladí, ha surgido un minúsculo grupo de 120 personas que han cometido el delito de lesa patria. Se trata de esos diputados autonómicos catalanes que ayer aprobaron el preámbulo de un nuevo Estatuto destinado al desguace del Estado que ellos odian, donde de entrada se declara a Cataluña como una nación y por lo tanto se le despoja a España del rango que nuestra Constitución le asigna en exclusiva. Hablo de 120 personas, de momento, pero si al final el estatuto de Cataluña llega a las Cortes y comienza a aceptarse su articulado, sin duda surgirán nuevos traidores. Pues bien, que se sepa, todos ellos serán marcados como tales y relacionados debidamente, difundiéndose sus nombres para que la posteridad no los olvide y ejemplifiquen la política de los malvados. Quizá algún día puedan ser juzgados por el delito de alta traición a España. Nada me agradaría más. Que nadie piense, no obstante, que el pueblo español, aunque ahora se encuentre maniatado por la bajeza moral de nuestros dirigentes, va a olvidarse con facilidad de quienes asaltaron su patria. Los traidores no siempre van a contar con el beneplácito de un Gobierno complaciente y de unos medios de opinión pública interesadamente adictos a ese gobierno.
Y si no son los tribunales de Justicia, ya que podría darse la trágica circunstancia de que la Nación quedase paralizada (y fragmentada) durante una o dos generaciones de ignominia política -que tanta ciénaga ideológica no es fácil de erradicar-, el Tribunal de la Historia será inapelable con todos ellos. Primero con los 120 del Parlament, a los que probablemente se les conocerá como el Clan de los Felones, si no algo mucho peor, y luego con cuantos diputados nacionales les secunden. En verdad que no les envidio el papel que la Historia de España les reserva para la posteridad.
Publicado el 29 de septiembre de 2005
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