Cataluña, reino de la impunidad

Josep Huget, de ERC, consejero de la Generalidad de Cataluña e impulsor en 2005 de una norma lingüística de lo más injusta y arbitraria. Sí, una más de las que el nacionalismo ha ido imponiendo.

En la cuestión idiomática, los nacionalistas catalanes siempre han querido vivir y hacer vivir en monolingüe a los ciudadanos de Cataluña. Para ellos sólo debe existir un idioma, el catalán. El español o castellano debe desaparecer cuanto antes mejor. Si por ellos hubiese sido, y no especulo en absoluto sino que deduzco tal intención por la trayectoria que han llevado en todos estos años de gobiernos nacionalistas, la última reforma lingüística hubiese declarado al catalán como el idioma único y oficial para todo el territorio.

Estoy convencido de que no lo hicieron así porque no pudieron, ya que hubiese conculcado descaradamente la Constitución española y de ahí se deduce que esa normativa del Parlamento catalán, mejor dicho, de los nacionalistas catalanes —que poca diferencia hay—, hubiese sido declarada inconstitucional. Pólvora en salvas, a fin de cuentas, que no quisieron gastar, de modo que la última reforma, que además tiene gracia que fuese la segunda en un asunto tan serio, se quedó justo al borde de la Ley de leyes e incluso diría que la sobrepasó en algunos aspectos, acerca de los cuales el señor Aznar prefirió mirar para otro lado y no interponer el recurso correspondiente. Eran los tiempos felices en los que el pujolismo, tras el pacto del Majéstic, no paraba de echarle flores al presidente del Gobierno.

¿Qué sentido tuvo aprobar una ley lingüística en el 97, concretamente el 30 de diciembre, cuando hubo otra en el 87, la llamada eufemísticamente de normalización? Muy simple: cada 10 años una nueva vuelta de tuerca y siempre aprovechando la debilidad del gobierno de la Nación y la necesidad de éste de contar con el apoyo parlamentario nacionalista. Siguiendo con esa misma tendencia, no sé si será en el 2007 o antes, pero el nuevo estatuto de Cataluña, de ser aprobado tal cual indica el proyecto, dispone que el catalán sea un idioma de conocimiento obligatorio para todos los residentes en esa región, que será llamada nación. 

Semejante modo de actuar, “in crescendo”, dice mucho de la democracia que se vive en Cataluña, donde al ciudadano se le coarta el uso de uno de los dos idiomas oficiales. Sí, es posible usar el castellano en las conversaciones del metro y en la calle. También hay la posibilidad de ir a ver una película doblada en español y adquirir un diario o ver la televisión “estatal” en ese idioma. Incluso en las librerías lo que más abunda aún es el libro en castellano. Pero es que resulta que el cine, los periódicos y los libros dependen de la iniciativa privada y la demanda de los usuarios. Y nadie quiere perder un suculento negocio porque esa demanda existe de acuerdo con la realidad idiomática del ciudadano catalán, una realidad que la política oficial del nacionalismo quiere variar a cualquier precio.

Por tal motivo, los nacionalistas no dudan en crear nuevos reglamentos y normas de segundo rango, como la obligación de impartir la totalidad de las clases en catalán incluso para la enseñanza de adultos, una enseñanza cuyos alumnos no olvidemos que son principalmente personas mayores o ancianos procedentes de otras provincias no catalanas. Eso sí, ahora se habla de que en ciertos colegios se impartirán clases de beréber. Es comprensible, el beréber no será nunca rival para el catalán, el español o castellano lo es desde hace siglos. Otra norma de nueva creación es esa “policía lingüística” que persigue sistemáticamente a cualquier empresa privada que no esté en condiciones de prestar el servicio conforme al nivel de calidad idiomática que los “policías” consideren. Un rimero de denuncias y sanciones económicas se desprenden de su actuación.

Con todo, el problema no es la Ley, sino el cumplimiento de la misma. Cuando una institución pública utiliza la Ley como una coartada para justificar sus fechorías políticas, y se arguye que la Ley dice esto o aquello, en realidad sólo se pretende taparles la boca a los ciudadanos que protestan. Pero ¿y cuando la ley no se cumple? Hoy se ha conocido un nuevo caso que denuncia la Asociación por la Tolerancia: “La Generalidad ha restringido el derecho a percibir subvenciones de las organizaciones de consumidores a aquellas que usen exclusivamente la lengua catalana”. Es decir, el dinero de todos los catalanes sólo se lo entregarán a los que hablen catalán en exclusiva.

Con semejante medida a cargo del republicano Huget, consejero de comercio, el nacionalismo catalán ha vuelto a demostrar que no es demócrata y que en absoluto representa a la totalidad de los ciudadanos. Lo suyo es simple sectarismo y arbitrariedad, puesto que la decisión, según la denuncia de la Asociación por la Tolerancia, además de incumplir de lleno la Constitución española, artículos 3, 14 y 51, contraviene igualmente la Ley de Política Lingüística, artículo 3, y el Estatuto de Cataluña. ¿Lo sabrá Pascual Maragall? ¿Hará algo al respecto? ¿Y el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, actuará de algún modo? Mi desconfianza es absoluta, creo que estas gentes, nacionalistas y socialistas catalanes, saben de sobras que se han situado en el terreno de la impunidad y actúan sin la menor dignidad y con el mayor descaro. 

Publicado el 16 de agosto de 2005