Socialismo, nada más fácil que bordear la ley

Sede del Consejo General del Poder Judicial

La noticia: El Consejo General del Poder Judicial reclama participar en las reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos. 

El comentario que sugiere: El gobierno socialista, sin duda debido a su falta de talante democrático (justo lo contrario de lo que presume), a través de una insólita y artera maniobra pretende aleccionar a los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas. Veamos la ampliación a la noticia:

Para ello, desde el punto de vista antidemocrático aludido, nada más fácil que convocarlos a una reunión donde se abordarán cuestiones de gran calado, como pueda ser la designación de jueces sustitutos y magistrados suplentes, además de vete a saber qué otras componendas. Eso sí, las finalidades manipuladoras del Ministerio de Justicia se encubren mediante un primer orden del día perfectamente innecesario: la implantación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuestión que en modo alguno obligaría a reunir y sensibilizar a quienes saben de sobras que existe una nueva ley orgánica, aprobada casi por unanimidad en el Parlamento, que debe aplicarse tal cual.

No es de extrañar, pues, que el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de un poder que debería ser inmune a todo tipo de corruptelas políticas, haya puesto el grito en el cielo y reclamado su presencia en esas reuniones. La necesidad de estar presente, permítaseme expresarlo en términos de derecho constitucional, vendría a representar el deseo del CGPJ para que los presidentes de los TSJ cuenten con la asistencia, al menos, de un abogado de oficio que evite exigencias o actuaciones ilegales de parte. Ese papel de letrados de oficio corresponderá ejercerlo a los miembros de la Cúpula judicial que consigan acceder a unas reuniones con tufo a capillitas, influencias y ofrecimientos.

La actitud del Gobierno socialista, aunque es un caso mucho más irregular dada la independencia que cabe atribuirle a la Justicia, se parece bastante al deseo de estipular normas de actuación con los coroneles de regimiento sin que la Junta de Jefes de Estado Mayor ni el Ministerio de Defensa  puedan decir esta boca es mía. En este punto, el Gobierno socialista está admitiendo implícitamente que existe desconfianza hacia el Estado Mayor de los jueces, que es ese CGPJ que intenta cambiar a marchas forzadas desde hace tiempo, y muestra interés en formar una especie de milicia judicial paralela, de ahí este primer intento en conocer cómo opinan y cuál sería el grado de fidelidad ante las consignas socialistas en determinados personajes regionales de la judicatura.

Por el mismo precio, la actitud del Ejecutivo también subvierte un concepto básico de todo estamento público: la escala de mandos, jerarquía que debe ser respetada, o en su caso reemplazada conforme a la ley, si es que queremos que el sistema democrático funcione. Ahora bien, ¿es respetar la ley lo que quiere la izquierda del Gobierno ZP? Evidentemente no, de ahí que en su actuación partidista haya escogido otro de sus métodos tradicionales: Bordear la ley sin ningún tipo de escrúpulos, que en el tema que nos ocupa consiste en otorgarle condición de reyezuelo de taifa a cada uno de los presidentes de los tribunales supremos regionales, por supuesto siempre que muestren afinidad a la causa.

Para finalizar, no puedo por menos que afirmar con rotundidad que este tipo de reuniones o convocatorias de jefes judiciales regionales, eludiendo además la presencia de unos mandos orgánicos que ya veremos si el Ministerio acaba aceptando, serían inconcebibles en cualquier país con una tradición verdaderamente democrática. Lo que me mueve a pensar que este neopopulismo de ZP, también llamado talantismo (filosofía política basada en la irracionalidad partidista), no solo se muestra vacío de ideas sino de actitudes democráticas. 

Publicado el 16 de marzo de 2005