¿Fue Franco un general golpista?

FRanco con Alcalá-Zamora.

Con el pretexto de la publicación del “Diccionario Biográfico Español” por la RAH, desde distintos medios izquierdistas se ha intentado disimular la monumental hecatombe socialista en las pasadas elecciones y apartar la atención de otros problemas infinitamente más graves haciendo resurgir con inusitado vigor la todavía polémica figura de Francisco Franco. Diversos estudiosos han acudido prestos a la urgente tarea y han brindado sus apreciaciones sobre el denostado general, rescatando y poniendo al día todos los tópicos de la no por antigua menos eficaz propaganda antifranquista.

Pretenden dichos estudiosos creer que Franco “mantuvo una relación crítica con la República” hasta el punto de “desencadenar una guerra civil” tras un “salvaje golpe militar” e incurrir en “felonía y alta traición” al volver “las armas confiadas por el gobierno legítimo contra el pueblo”. En esta guerra habría Franco ensayado “la máquina de la muerte de la segunda guerra mundial” y, tras haber vencido en dicha guerra, fundó un “régimen fascista” edificado sobre “la eliminación y represión sistemáticas de la ciudadanía republicana”, eliminación cifrada hasta en “130.000 víctimas”, y al servicio “del bloque de poder tradicional”. Pilar fundamental del régimen franquista habría sido FET, cuya existencia habría respondido a la “deferencia a la Italia fascista y a la Alemania nazi”. Pues bien: ni una sola de las anteriores reflexiones de distintos investigadores se corresponde con la realidad y sólo pueden ser inscritas en el campo del proselitismo de raíces inequívocamente marxistas.

Franco fue realmente el militar anti golpista por excelencia: cuestiones publicitarias y rencorosos revanchismos históricos aparte, hasta 1936 se distinguió por ser un militar competente y centrado exclusivamente en el ejercicio de su profesión. Durante la malhadada II República permaneció por completo ajeno a veleidades políticas y entusiasmos de poder; sólo la concatenación de diversos factores externos a Franco propiciaron que éste acabase siendo la cabeza rectora del levantamiento cívico militar contra el Frente Popular (que no contra la República en principio) que le llevó a dirigir el destino de España durante casi cuarenta años.

Recordemos que en el pacto de San Sebastián de 1930 se acordó un golpe de estado para proclamar la República en forma de pronunciamiento militar. A dicha reunión en la ciudad vasca acudieron, entre otros, Azaña, Prieto, Casares Quiroga, Lerroux y Alcalá Zamora. Una vez proclamada la República guardó Franco hacia ella absoluta lealtad. Al contrario, Azaña desde el Ministerio de la Guerra ordenó poner bajo vigilancia al joven general, que además fue rebajado en el escalafón del generalato de brigada del puesto 1 al 24. Dicha circunstancia no fue obstáculo para que Franco no se sumase al minoritario levantamiento de Sanjurjo en agosto de 1932. 

Tras las elecciones de noviembre de 1933, no asumieron los partidos de izquierda su derrota en las mismas, y determinados políticos de dicha tendencia (Azaña, Casares, Negrín, Botella Asensi…) intentaron que se revocase el resultado electoral en actitud bien poco democrática. Tras la negativa del presidente a sus arbitrarias pretensiones, se lanzaron de lleno los que hasta hacía bien poco habían desempeñado responsabilidades de gobierno a la preparación de proyectos insurreccionales contra el marco legal por ellos mismos diseñado. 

La entrada, irreprochablemente lícita y democrática, de tres ministros de la CEDA en el gobierno Lerroux de octubre de 1934 fue el pretexto (que no la causa) para que socialistas, comunistas y nacionalistas de ERC se levantasen en armas no tanto contra el gobierno constitucional como contra la propia República. La actitud de Franco ante la intentona revolucionaria desmiente por completo las acusaciones vertidas por sus furibundos críticos: como asesor del ministro Hidalgo defendió Franco la legalidad republicana en actitud que contrasta con la de los “partidos republicanos”. Sirva de ejemplo la nota publicada por el partido de Azaña en vísperas del levantamiento y que sólo puede interpretarse como complaciente con los insurrectos, cuyos planes eran bien conocidos por el político alcalaíno: “Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos es una traición; rompe toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios de defensa de la República”. (Subrayado mío).

Fracasado el intento revolucionario de 1934, en no poca medida debido al intachable respeto de Franco al sistema legal vigente, la pésima gestión gubernamental en lo referente a la represión, las constantes y extralimitadas injerencias de Alcalá Zamora en las funciones de gobierno y la incomprensible benevolencia con la que fueron tratados los principales patrocinadores de dicho intento provocaron el malestar en círculos derechistas y militares que sopesaron la posibilidad de intervenir en el devenir político del país. Cualquier iniciativa en tal sentido habría de contar forzosamente con el concurso de Franco en su calidad de general más prestigioso del Ejército Español y, nuevamente, la posición adoptada por éste echa por tierra las acusaciones contra él que se han convertido en lugar común: además de negarse a participar en ninguna conspiración su actitud fue la de ponerles freno. Altamente ilustrativa al respecto es la carta escrita por el ya Generalísimo en 1937 a Gil Robles: “[…] el ejército, que puede alzarse cuando causa tan santa como la de la Patria está en inminente peligro, no puede aparecer como árbitro en las contiendas políticas ni volverse definidor de la conducta de los partidos ni de las atribuciones del Jefe de Estado”. Podrá, tal vez, alegarse que el citado párrafo tiene carácter auto justificativo, pero dicha interpretación carece de sentido en plena Guerra Civil y concuerda perfectamente con las actuaciones de Franco durante la II República.

Celebradas las elecciones de febrero de 1936, obtuvo la mayoría de diputados el anti democrático Frente Popular, abriéndose la caja de los truenos de la ilegalidad pura y dura. La segunda vuelta de las elecciones tuvo lugar bajo la vigilancia de un gobierno parcial que permitió la comisión de toda suerte de fraudes. Fraudes que alcanzaron su máximo esplendor con la sectaria actuación de la Comisión de Actas, que despojó arbitrariamente de sus actas de diputados a numerosos representantes de partidos de derechas, otorgándolas caprichosamente a candidatos izquierdistas. El asalto frente populista a la más alta institución de la República no tardaría en llegar, y el presidente Alcalá Zamora fue destituido en maniobra que al esperpento sumó la paradoja de que, al juzgar innecesaria la disolución de las Cortes por Alcalá Zamora, el Frente Popular se negaba a sí mismo la legitimidad de origen

La situación del país era ya francamente revolucionaria: presidentes de gobierno declarándose beligerantes contra la mitad de la población, asesinatos políticos, asaltos, agresiones, incautaciones, destrucción de templos, amenazas de muerte a diputados derechistas en el parlamento… Los sucesivos gobiernos de Azaña y Casares Quiroga, tan sectarios como negligentes, encontraron una sola receta contra la oleada de desmanes procedentes de elementos izquierdistas: culpar de los mismos a las víctimas y absoluta impunidad para los autores de las tropelías. En este contexto revolucionario, cobraron fuerza distintos planes conspirativos para poner freno a la dramática situación, imponiéndose finalmente la figura de Emilio Mola como “director” de la trama golpista encaminada a imponer una dictadura republicana.

Franco fue convenientemente informado del movimiento en gestación. No obstante, el general Franco se mostró reacio a participar en levantamiento militar alguno al considerar (equivocadamente) que la situación no era todavía irreversible. En tal sentido, envió al presidente Casares una carta el 23 de junio instándole a poner freno al proceso revolucionario, carta a la que el presidente hizo caso omiso.

La reticencia de Franco a sumarse a la sublevación, provocó la ira de sus compañeros militares, que no dudaron en motejarle con adjetivos poco edificantes. No obstante el asesinato del diputado Calvo Sotelo (previamente anunciado en el parlamento) el 13 de julio a cargo de una heterogénea mezcolanza de fuerzas del orden público y activistas de izquierdas (encubiertos posteriormente por Prieto y Nelken ante la pasividad del gobierno) hicieron cambiar a Franco de parecer y sentenciar que “ya no se podía esperar más y que perdía por completo la esperanza de que el gobierno cambiase de conducta”, sumándose sin reservas al alzamiento en ciernes. El 17 de julio se sublevaba el Ejército de África, a cuyo mando acudiría Franco desde Canarias. El cargo que Franco ambicionaba ocupar tras el triunfo del golpe de estado era el de Alto Comisario de Marruecos.

Como hemos visto, ni Franco tuvo una relación crítica con la República, ni desencadenó una guerra civil contra el pueblo, ni había un gobierno legítimo. Diversas circunstancias que no hacen al caso propiciaron que Franco obtuviese el mando único militar y posteriormente unificase a los distintos partidos políticos como indispensable medida para vencer en una difícil guerra y no como deferencia a nadie. De fascista al servicio del bloque de poder tradicional el régimen fundado por Franco tuvo poco o nada y la eliminación y represión sistemáticas de la ciudadanía republicana cuantificada en 130.000 personas sólo es producto de una propaganda asumida por ciertos historiadores de forma absolutamente acrítica.

Previamente a Franco, se habían sublevado contra la República, entre otros, socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos supuestamente moderados, nacionalistas catalanes y minoritarios sectores derechistas; Franco fue el último en hacerlo y sólo como respuesta a una irreversible situación revolucionaria, no en virtud de un resultado electoral adverso. Incluso más: Franco defendió lealmente el régimen republicano contra sus teóricamente máximos valedores en 1934. La trayectoria del personaje supuestamente ávido de poder y sangre es plenamente coherente con su siguiente afirmación, pese a quien le pese: “Nuestro deseo debe ser que la República triunfe […] sirviéndola sin reservas, y si desgraciadamente no puede ser que no sea por nosotros”. A pocos de los actores principales de la II República se les podría aplicar sin reservas la anterior aseveración.

Autor: Rafael Guerra

Publicado el 10 de junio de 2011