Sigamos la senda británica

El Gabinete liberal-conservador británico, tras los tiras y aflojas que cabía esperar de concretas diferencias entre los dos partidos que lo conforman, ha presentado recientemente su programa de Gobierno. Y lo cierto es que, con algunos matices, supone toda una enmienda a la política intervencionista que caracterizara al fenecido mandato de Gordon Brown: En general, las iniciativas pactadas entre conservadores y liberal-demócratas parten de la premisa de que la recuperación económica ha de pasar por despojar de poderes e instrumentos al Estado para devolvérselos a la sociedad civil. Afortunadamente, la nueva coalición que regirá los destinos del Reino Unido se ha inclinado definitivamente, y pese a todo, por más libre mercado y menos burocracia.

Su decidida apuesta por la reducción del déficit público conlleva un compromiso del que deberían tomar nota por estos lares: Se llevará a cabo principalmente a través de drásticos recortes del gasto público (que serán de más 7.000 millones de euros en una primera fase), pero no mediante subidas de impuestos. Sana declaración de intenciones que, sin embargo, parece casar poco con fundamentalmente dos concesiones ante el ala socialdemócrata de los 'lib-dem': El incremento del impuesto de las ganancias del capital sobre activos no empresariales (del actual 18% al 40%) y la creación de una tasa bancaria (nueva imposición por la que empero también abogan partidos europeos de derecha, como el alemán y el francés). Aún así, tales medidas, que en absoluto ayudarán a la reactivación económica y que, por su propia naturaleza, no supondrán un aumento significativo de los ingresos del Estado, se ven claramente compensadas por las rebajas de impuestos a las clases medias y bajas y a las empresas: Tal y como prometió Clegg, se subirá el mínimo exento del impuesto sobre la renta para liberar del mismo a los individuos y a las familias de menores ingresos; y, dando cumplimiento en este caso a una oferta electoral de Cameron, se reducirá el tipo máximo del impuesto de sociedades y, a su vez, se simplificarán sus exenciones.

Si algo tienen absolutamente claro tanto conservadores como liberales es que la mejoría de la economía no será posible sin el primordial concurso de los emprendedores, a los que cabe facilitar su valiosísimo desempeño en la creación de puestos de trabajo y en la generación de riqueza, especialmente complicado en estos tiempos. Por tanto, se hace imprescindible eliminar impedimentos burocráticos: Con el fin de poner coto a una hiperregulación que tan perjudicial resulta para la dinamización de la economía, por cada nueva regulación que se apruebe, se derogará otra; y se reducirá la cantidad de formularios necesarios para registrar una empresa. En la línea de reformar un mercado laboral ya de por sí bastante liberalizado, se flexibilizarán las relaciones entre empresarios y empleados; se condicionará la obtención de una prestación por desempleo a una voluntad real y manifiesta de encontrar trabajo; y se unificarán los diversos programas de prestaciones para ayudar inmediatamente al parado a buscar un empleo. Modificaciones que se consideran inaplazables en un país cuya tasa de paro es... de apenas el 8 por ciento. Mientras tanto, en España, donde albergamos el dudoso honor de dejar en ridículo ese guarismo, seguimos mareando la perdiz.

Abundando en el protagonismo que se le concede a la sociedad civil en la lucha contra la crisis económica, el Gobierno británico dará cabida a la iniciativa privada en el ejercicio de funciones de las que tradicionalmente se apropia el Estado: De esta forma, ayudará en la creación de mutuas, cooperativas, empresas sociales y organizaciones caritativas, y favorecerá su implicación en la gestión de servicios públicos. Además, se tomarán medidas que promuevan la caridad y la filantropía dentro del sector privado.

Y, desde luego, el nuevo proyecto político no podía obviar unas imperiosas reformas dirigidas al sector financiero: Así, por ejemplo, además de estudiar la separación entre banca comercial y de inversión, se diversificarán los servicios financieros, se fomentará el papel de las mutuas y se propiciará una industria bancaria más competitiva. Se trata siquiera de un esbozo de reestructuración que, en cambio, el Gobierno socialista español no parece estar muy dispuesto a abordar. Aunque, claro, qué necesidad puede tener de revisión alguna el mejor y más solvente sistema financiero del mundo (Zapatero 'dixit' en Manhattan); y que lo sigue siendo, pese a que el Banco de España se ha visto obligado a intervenir en sendas cajas de ahorro por segunda vez en poco más de un año.

Si bien algunas de las medidas anunciadas adolecen todavía de cierta falta de concreción, el programa hecho público por la coalición liberal-conservadora británica representa en líneas generales la senda que se debería tomar: Más libertad y menos Estado. Aunque, por desgracia, en España tendremos que esperar a que la patulea de fabricantes de miseria e indigentes intelectuales que nos mal gobiernan abandonen de una vez sus cargos para que empiece a cundir el ejemplo del Reino Unido.

Autor: Pedro Moya

Publicado el 26 de mayo de 2010