viernes, 16 de noviembre de 2018

El 'Caso Bono' dará todavía más de sí

José Bono, presidente del Congreso de los Diputados en 2010.

Una vez más, la Fiscalía General del ladino Conde Pumpido ha demostrado poseer el don de la oportunidad: Hace pública su negativa a investigar a Bono y su ingente patrimonio justo el mismo día en el que se anuncia su separación matrimonial. Desde luego, no cabe atribuir la simultaneidad de tales hechos al puro azar: En todo lo que atañe al Gobierno de Zapatero y sus resortes y adláteres, las casualidades sencillamente no existen. En este caso, se pretende que cale en una opinión pública especialmente sensibilizada ante este tipo de avatares el siguiente mensaje: Es el momento de dejar en paz al pobre (por supuesto, sólo en el sentido espiritual) señor Bono, que bastante tiene ahora con afrontar además las dolorosas consecuencias de una ruptura sentimental.


Si nos refiriéramos a un ciudadano anónimo que responde al nombre de Pepe, obviamente no sería asunto nuestro su súbito y llamativo enriquecimiento: Allá él con sus alegrías, sus cuitas y sus más que probables problemas con Hacienda. No obstante, se trata nada menos que de don José Bono Martínez, actualmente presidente de las Cortes Generales, tercera autoridad del Reino de España, y que a la sazón fue presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante la friolera de 21 años, además de Ministro de Defensa de 2004 a 2006. Por tanto, sí resulta de pleno interés dilucidar si hizo un ilegítimo uso de los referidos cargos públicos, pagados con el dinero de nuestros impuestos, para engordar de manera harto desmedida su patrimonio.

Sólo la escandalosa doble vara de medir de la Fiscalía General del PSOE (que por ejemplo advierte 'cohecho impropio' en el hipotético regalo de unos trajes a Camps, mientras no aplica ese mismo supuesto a la decoración 'gratis total', reconocida por el propio Bono, por parte de un constructor posteriormente beneficiado por una recalificación) le ha evitado al todavía presidente del Congreso verse obligado a asumir responsabilidades políticas. Es decir, esa su condición que tantas veces menta como causa del hostigamiento político y mediático del que lamenta ser víctima, la de socialista (además de cristiano), es precisamente la que le salva. Porque es lugar común que el hecho de que alguien de la derecha, sobre todo si es o ha sido empresario, se enriquezca es siempre sospechoso, cuando no perseguible de oficio; ahora bien, si quien prospera económicamente se declara de izquierdas, incluso si lo hace desde la política, pasa a ser merecedor de parabienes y hasta de admiración. 

Sin embargo, el 'caso Bono', pese a los enormes esfuerzos de algunos por enterrarlo definitivamente, todavía va a dar más de sí: El Tribunal de Cuentas ha trasladado a Anticorrupción la muy sospechosa 'negligencia' del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido entonces por Bono, ante las irregulares adjudicaciones del Ayuntamiento de Seseña al constructor conocido como El Pocero. Además, el PP ha anunciado que presentará una querella contra Bono en el Tribunal Supremo. Tan graves indicios de enriquecimiento ilícito han de seguir siendo objeto de la más rigurosa investigación, por mucho que pueda estar pasando por un momento personal delicado. Es más, quizá acabe siendo conveniente averiguar si su tan divulgada separación no es en realidad sino una estratagema más.

Autor: Pedro Moya
Publicado el 21 de julio de 2010

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