Por mucho menos dimitió un concejal

Manuel Chaves, antes de abandonar la Junta de Andalucía para ocupar una vicepresidencia en el Gobierno socialista. En la imagen, con los directivos de la empresa subvencionada, donde trabaja la hija de Chaves como apoderada.

Hace un par de meses, el entonces edil de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena, Enrique Pérez Abellán, dimitió de su puesto y renunció a su acta de concejal. Había cometido el error de recomendar a su hijo para que se le concediera el diseño de cuatro proyectos de obras públicas. Pese a que los informes jurídicos y técnicos dedujeron la legalidad del proceso de adjudicación, el señor Pérez Abellán, plenamente consciente de no haber actuado con ese decoro mínimamente exigible en un cargo público, tuvo a bien asumir sus responsabilidades políticas y, en consecuencia, abandonó su escaño.

Este gesto de enorme dignidad contrasta estos días con la soberbia y desafiante actitud, propia de quien está acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo, del todavía vicepresidente tercero, Manuel Chaves, que se despidió como presidente de la Junta de Andalucía concediendo una cuantiosa subvención a una empresa apoderada por su hija. Este flagrante acto de nepotismo, que no es de extrañar viniendo de alguien que ha gobernado Andalucía como si de su cortijo particular se tratara, infringe la propia Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta, cuyo artículo 7, en su apartado 1, establece lo siguiente: 'Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil'. Este último supuesto es precisamente el aplicable al caso. Más claro, agua.

Pues bien, el señor Chaves, pillado 'in fraganti', lejos de amagar siquiera con asumir alguna responsabilidad, ha reaccionado como cabe esperar de un 'pata negra' del felipismo: Negando la evidencia y, a la vez que tacha de 'falsa' la noticia, propalando excusas de mal pagador sobre la misma. Puesto que no parece ni mucho menos dispuesto a secundar el edificante ejemplo de Cartagena, quizá porque por proceder de un Ayuntamiento gobernado por el PP le resulte especialmente difícil, el presidente Zapatero debería tomar cartas en el asunto. Porque no se trata ya de seguir las directrices de ese Código del Buen Gobierno que él mismo incumple, sino de actuar con un mínimo de decencia.

Autor: Pedro Moya

Publicado el 28 de mayo de 2009