domingo, 14 de octubre de 2018

Otra paradoja progresí: PRISA, Caamaño y Hitler


La principal cabecera del grupo PRISA, su diario global EL PAÍS, se adhiere con armas y bagajes a la doctrina Caamaño, ínclito Ministro de Justicia que, en un ardor veraniego, más  propio de un chiringuitero que de un gobernante, del que se presume conocimiento y sensatez, no tuvo otra ocurrencia que negar el derecho a la objeción de conciencia a los médicos que se nieguen a practicar abortos.


Hoy, el diario santo y seña de la progresía patria, sector cultivado, sin duda alguna, con ánimo conciliador,  tras dos días de despacharse a gusto con sus antiguos socios,  nos atiza  un editorial que haría palidecer a más de un jerarca nazi redivivo, metido a contador de chistes sobre el holocausto.

Lo paradójico del asunto, cierto es que se las trae. De todos es conocida la divergente percepción que los amigos de lo políticamente correcto tienen de las diferentes dictaduras, ya aparezcan éstas como derechistas, malas, o como izquierdistas, santas laicas. En esa tesitura, ignorando el carácter socialista del nazismo, para estos personajes esa ideología es la personificación del mal, la perversión más absoluta. 

Pero no solo parecen ignorar el carácter socialista de esa ideología, es que, además, ignoran o tratan de ocultar la filosofía jurídica o pensamiento de lo jurídico, que está en la base misma del nazismo: el positivismo jurídico, cuya seña de identidad es la negación del Derecho Natural. Esa normatividad consustancial a la naturaleza humana y que constituye el fundamento de los derechos humanos, preexistentes al Estado y su capacidad normativa. El Estado podrá o no positivizarlos, ponerlos, pero existen. Si no existieran, no habría nada que justifique, a excepción de la pura fuerza, la injerencia en el discurrir interno de los estados, que hacen de la violación de aquellos su pura cotidianeidad.

Y en esa tesitura, piensan estos personajes, sólo un comportamiento que se ajuste a la legalidad positiva será justo, ignorando, por otra parte, que el derecho a la objeción de conciencia, en general, está recogido en nuestra constitución: “No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.

Pues bien, habremos de recordar a estos paniaguados que todas las leyes que conformaron la solución final y dieron cobertura a los horrores del nazismo eran derecho positivo, contra las que no cabía rebelarse, contra las que no cabía objetar. Y si alguien duda de su carácter de justas, por pretender que su fuente era un estado totalitario e ilegítimo, baste recordar que Hitler llegó al poder a través de un proceso electoral, tan limpio, al menos, como los procesos electorales que permiten gobernar, ahora, a los nuevos bolívares de Hispanoamérica.  

En conclusión. Si el derecho positivo de carácter democrático, por provenir de un parlamento de esa naturaleza, es la única normatividad y, por contra, el Derecho Natural es una antigualla para moralistas trasnochados, de rancio tradicionalismo y enemigos del progreso, y propiamente no-Derecho, los defensores de esa posición se alinean con el fundamento filosófico jurídico de los sistemas que más sufrimiento, penuria y horrores han infringido a la humanidad en toda su existencia. Les resbalará, pero al menos, bueno es que se les recuerde.
  
Por ello, no puedo imaginar cuál hubiera sido el papel de los editorialistas de EL PAÍS, si hubieran formado parte de la acusación en los Juicios de Nuremberg, en la tesitura de acusar a los jerarcas nazis, que no podían oponer el derecho a la objeción de conciencia, no positivado, ante las órdenes de sus mandos en cumplimiento de ciertas leyes emanadas de la “soberanía popular” encarnada en el Parlamento surgido de unas elecciones, plenamente democráticas.

A ver si nos lo resuelven en un próximo editorial.

Autor: Carlos J. Muñoz
Publicado el 16 de agosto de 2009

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