Los franquistas se quejan con razón

Empeñados en utilizar la Historia como arma política contra el adversario, mientras el estado del bienestar corroía las bases de una sociedad medianamente abierta y se llevaba por delante y se lleva nuestra capacidad productiva, nuestros pseudo gobernantes y allegados andaban ocupados en procura de encontrar la fórmula de ganar nuestra Guerra Civil setenta años después. Y todo ello en medio de una crisis económica, moral e institucional sin precedentes que, por lo visto, se la trae al fresco.

Fruto de todo ello fue la promulgación de ese engendro legislativo llamado LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida como ley de memoria histórica. Radicalmente injusta, entre otras cosas, porque ignora el padecimiento sufrido por un sinnúmero de gentes en el periodo comprendido entre abril del treinta y uno y julio del treinta y seis, en todo el territorio nacional y durante la guerra en las zonas dominadas por los estalinistas.

Como consecuencia de ese engendro, el Ayuntamiento de Madrid retiró hace pocas fechas todos los honores y distinciones que en su día concedió al General Franco, Jefe del Estado durante treinta y nueve años, al que cierto sector de nuestra sociedad califica, con exageración y poco seso y conocimiento, de genocida.

Como no podía ser de otra forma, los pocos franquistas oficiales que quedan vivos, oficiosos todavía hay muchos y militan en el PSOE y algunos están en el gobierno, se han quejado amargamente de tamaña medida, considerándolo una afrenta injustificada. Y también, como no podía ser de otra forma, la progresía de raíces franquistas se extraña de la reacción de los que se sienten agraviados, tal es el caso del diario El Plural.

Ante ello, un par de apuntes. Es evidente que el espíritu constitucional está impregnado de un deseo de reconciliación entre las llamadas dos Españas. Que, en su virtud, se entendió que la esfera pública no era la más idónea para airear atropellos, que lo único que podía producir es un avivamiento de ese rencor cancerígeno de la convivencia entre nuestros compatriotas. Por supuesto que ello no quiere decir, que los que sufrieron las consecuencias de la guerra, sólo porque estuvieran en el lado de los perdedores no tuvieran derecho a algún tipo de reparación, cosa que se produjo, desde la aprobación de la Constitución en un sinnúmero de leyes y reglamentos. En mi familia, por cierto, varios fueron los reparados.

El caso es que abierto el melón de las condenas a los supuestos genocidas que han campado por nuestra vida pública, no está de más recordar el recibimiento que tuvo Dolores Ibarruri en Madrid, a su regreso del exilio, sin que, por otra parte,  crujieran las estructuras del Estado. No creo que haga falta que les dé cuenta de la catadura de nuestra más insigne y fiel seguidora de Stalin. Éste sí que fue un genocida.

Es por ello, que sí los franquistas exigen la retirada de toda mención honorífica a los personajes que en el pasado no les dolieron prendas de aliarse con el marxismo asesino, no tengo por menos que decir que llevan razón.

Sin decir con ello, que la España de Franco fuera el paraíso terrenal, que no lo fue.

Autor: Carlos J. Muñoz

Publicado el 4 de julio de 2009