El Gobierno catalán se sitúa al margen de la ley

Obras del Canal Xerta-Senia, en Tarragona.

Zapatero derogó el Plan Hidrológico Nacional y eliminó así cualquier posibilidad para trasvasar agua del río Ebro. Tal decisión, en su momento me pareció una canallada y un abuso de poder, cuanto más si ahora se consideran, a cuatro años vista, las consecuencias de aquel acto ignominioso. No descubro nada nuevo si digo que lo hizo como consecuencia de las presiones del aragonés Iglesias, que en este asunto ha ido casi siempre de monaguillo, y muy especialmente las de Maragall y Carod, puesto que los nacionalistas de CiU, si bien a regañadientes, habían aceptado el PHN. Desde entonces nadie ha movido una gota de agua, salvo el propio río Ebro, que en este tiempo ha vertido al mar el equivalente a más de 16 trasvases al Levante y a la propia Cataluña. Y eso sin contar la cantidad que debería haberse reservado en el Pacto del Agua para Aragón, que tampoco se cumple, más el caudal ecológico.

Hace apenas unos meses, el gobierno nacional-socialista de Cataluña, en un primer intento de pasarse la Ley por la entrepierna, convenció al blandito ZP para que financiara un trasvase de aguas procedentes del Ebro hasta Barcelona, eso sí, tras intentar infructuosamente que se le autorizara a tomar el agua directamente del Segre. No lo denominaron trasvase, por supuesto, sino que le dieron mil y una vueltas para enmascararlo y hacerlo pasar por otra cosa. Finalmente el trasvase no se produjo como consecuencia de un episodio de lluvias que casi llenó los pantanos catalanes.

¡Ah!, y que no se me olvide añadir que el gobierno zapaterino, conocedor de que incumplía la ley si aceptaba las exigencias catalanas, dispuso previamente el abastecimiento de Barcelona con barcos cisternas que acarrearían agua procedente de Marsella y, ¡pásmense!, de Almería, cuya desalinizadora de Carboneras permanecía poco menos que inactiva al no haberse acometido aún la red de infraestructuras necesarias para distribuir el agua en la zona. Y eso sin contar que muchos de los regantes almerienses renunciaban a un agua que les resultaba demasiado costosa. Eso sí, el asunto de los barcos cisternas nos costó un pastón a todos los españoles, ya que hubo que acometer unas obras costosísimas en el puerto de Barcelona. No sé si al final fueron tres o cuatro, como mucho, los barcos que llegaron a descargar en esas instalaciones de alto standing, pagadas a escote entre los españolitos, como digo, además de satisfacer el contrato a los armadores de la flota "hídrica".

Pues bien, ahora resulta que el Gobierno catalán ha emprendido una serie de proyectos, nada menos que por importe de 1.600 millones de euros, lo que da una idea de su tremenda envergadura, que entre otros objetivos pretenden trasvasar agua del Ebro para regar las zonas de secano de la provincia de Tarragona, a cuyo fin ha emprendido las obras necesarias destinadas a poner en servicio lo que se conocía como ramal sur del PHN, que originalmente debía llegar hasta bien entrada la provincia de Castellón, pero que según lo previsto ahora el agua se quedará justo en el límite con la de Tarragona. Es decir, el PHN ya no es perjudicial si solamente les ofrece agua a los agricultores catalanes. Lo mejor del caso, o, por mejor decir, lo más infame, es que el Gobierno catalán ha iniciado sus actuaciones a la chita callando, para que nadie advierta y denuncie unos hechos no ya tan insolidarios como codiciosos, sino completamente al margen de la ley.

Que se sepa. La Constitución española, en su artículo 138.2, establece lo siguiente: Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Además, la Norma Suprema indica en su artículo 149.22 que se le concede al Estado la competencia exclusiva en: “La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma”. Pregunto: ¿Tiene alguien alguna duda sobre si las aguas del Ebro que el Gobierno catalán piensa distribuir por Tarragona has discurrido por más de una Comunidad Autónoma? ¿Cree alguno que el nuevo proyecto de trasvase del Ebro a las comarcas del sur de Tarragona no supone un privilegio económico y social? 

Constitución española. Artículo 155

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Autor: Policronio

Publicado el 18 de octubre de 2008