Que nadie hable de deberes en el país de los “chikilicuatres”

Un deber es algo a lo que uno está obligado por la Ley. Hablo de las leyes que los españoles nos hemos dado libremente, no de las leyes morales, naturales o religiosas, en las que como es lógico cada cual puede hacer de su capa un sayo. Es decir, no hay duda alguna que la persona sujeta a un deber se arriesga a que se le exija el cumplimiento de esa parte de la ley que le afecta en una situación determinada. Ante la exigencia, el afectado puede optar por la rebeldía y situarse al margen de lo establecido, en cuyo caso se expone a la sanción e incluso podría llegar a perder alguno de los derechos que toda obligación lleva aparejados. El artículo 3.1 de la Constitución dice así: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Es evidente, pues, que cualquier otra ley que pueda darse dentro del Estado español o de alguno de sus territorios, que contradiga la letra de la Norma suprema, será de menor rango y por tanto nula de pleno derecho. 

Radicales separatistas procesados en la Audiencia Nacional.

Ahora se ha sabido que el Pleno de la Audiencia Nacional ha anulado el juicio contra dos individuos porque durante el proceso no pudieron usar el catalán. Se trata de dos radicales separatistas que hace unos meses, en un acto público y apologético en contra de la Nación española, se dedicaron a quemar fotos del Rey, su máximo representante institucional. No entraré a valorar si algo así debería estar considerado una falta o un delito o sencillamente despenalizado, pero lo cierto es que la ley no acepta que se haga y por lo tanto debe serle aplicada a los infractores. Y para un liberal a la vieja usanza, como yo me considero, no hay nada de mayor importancia que el respeto a las leyes, ya que es lo que nos hace iguales y libres. En el bien entendido de que la ley que no guste, lo que sucede con frecuencia a uno y otro lado del arco político, debe intentar cambiarse de acuerdo con la propia ley.

En su momento, ante el juez de la Audiencia Nacional en Madrid que les juzgó, los radicales separatistas no alegaron desconocimiento alguno de la lengua castellana, lo cual hubiese sido un absurdo puesto que están obligados a conocerla. Los abogados de los encausados, con los que curiosamente los radicales hablaban y se entendían en castellano, apelaron la sentencia alegando un subterfugio idiomático y ahora, en lo que parece un auténtico enjuague jurídico-político, el Pleno de la Audiencia les ha dado la razón y ha venido a decretar un nuevo juicio. 

Hay varios detalles que quizá convendría destacar de esta cadena de situaciones absurdas: 1. El abuso del idioma regional, según convenga y con fines separatistas, en los tres territorios españoles donde el nacionalismo es predominante o decisivo: Cataluña, País Vasco y Galicia. 2. La impunidad con la que en esos mismos territorios se legisla en contra del idioma común, el español, o se incumplen las leyes lingüísticas, sin que ningún tribunal intervenga o sin que, como sucede en Cataluña con el TSJC, haga respetar sus propias sentencias. 3. El papanatismo de una Audiencia Nacional que ahora, tragándose doblada la burla de la Constitución por parte de estos radicales y sus abogados, ha decidido que el juicio debe repetirse. 4. La repugnante politización de unos jueces que cada vez en mayor medida dictan sentencias a favor de los intereses del Poder político. 5. La dejación del gobierno socialista, a través del desistimiento continuado de su brazo jurídico, el Ministerio Fiscal, a la hora de defender cualquier idea de España y de la igualdad de la Ley para todos los españoles.

No tengo ninguna duda de que con el actual partido en el poder, como quien dice ratificado hace horas por un electorado que vive a tope en la era “Chikilicuatre”, iremos viendo cómo se socavan aún más, y día a día, los cimientos de la Nación española. El resultado de esa labor de carcoma no sé cual será, pero sí intuyo que cuanto más tiempo dure este régimen zapaterino menos España va a quedarnos y mayor será la desigualdad de los españoles ante la Ley. Pura política de “tierra quemada”, destinada a gobernar sobre los rastrojos que no hayan ardido, que llevada a un nivel concreto se tornará irreversible. ¡En ello están los que mandan! Los políticos de escasa dignidad y nulo sentido del deber y sus jueces sayones encargados de dictar las sentencias al “dente”.

Creo que alguien se ha olvidado de recordarles a los aludidos otro tipo de sentencia, la de Theodor Fontane: “El hombre vive para cumplir con su deber y morir. Mantener presente lo segundo hace más fácil lo primero”. Según parece, hoy es más deseable el buen vivir y la molicie, que aseguraría es lo que está bien visto en el país del “todo vale” y los “chikilicuatres” o mequetrefes. ¡Y que nadie hable de deberes! 

Autor: Policronio

Publicado el 13 de marzo de 2008