Dos agentes del CNI han sido condenados por coaccionar a una tercera persona en el ejercicio de su profesión. Lo que no significa que yo admita de buen grado que pueda coaccionarse a nadie que esté mano sobre mano, pongamos tomando el sol en la playa, sino que constreñir la labor profesional de cualquiera, no necesariamente un funcionario público, debería considerarse un agravante que de modo automático elevara esa coacción al nivel superior al de la simple falta, calificada como tal en la sentencia la actuación de los dos agentes. Y mucho más si la labor profesional que se interrumpe o coacciona guarda alguna relación con la seguridad de las personas. Trasládese si no este mismo caso a cualquiera de los escoltas en el País Vasco.
Con independencia de que la condena me parece poco menos que una juerga, “una multa de 160 euros, a razón de 8 euros durante veinte días, con un apercibimiento de un día sin libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas”, en la que dan ganas de decirle al juez “aquí tiene otros quinientos euros y las próximas rondas corren de mi cuenta”, la pregunta que cualquiera se formularía aquí es: ¿Quién ordenó el seguimiento de Pizarro y con qué fin? Y que conste que no critico al juez, puesto que así es la ley.
En su momento, la versión oficial fue que los agentes seguían a un espía extranjero, versión a la que, en el mismo tono de jolgorio que motiva la sentencia, dan ganas de responder: ¡Eso se lo dirás a todas! Pero claro, sospechar algo no demasiado limpio de un CNI tácitamente al servicio de este Régimen que va alejándose gradualmente de la ley y la justicia, a la que encima anda loco por controlar en aras a lograr la impunidad política, es exponerse a lo de siempre: A que te llamen “conspiranoico”, marchamo bien acuñado por los defensores de todas las versiones oficiales de este mundo, que es como ahora se denominan los del brazo propagandístico zapaterino, sección “Defensa Radical a Ultranza”.
Sea como sea, y puesto que en mi caso fui etiquetado hace tiempo con tan honorable marchamo —cualquier defensor de la ley y la libertad debe poseerlo o no es nadie—, no me duelen prendas a la hora de relacionar la actividad ilícita de los agentes del CNI con unas directrices políticas emanadas directamente de escalones superiores. De modo que la condena de ambos funcionarios públicos, debe quedarnos claro, no deja de ser un modo de alertar a la sociedad sobre las irregularidades de quienes ostentan el poder. Y apúntese aquí tan alto como se quiera, porque a medida que se asciende hacia el vértice de la pirámide es posible hallar otros indicios vehementes de que hay algo podrido en Dinamarca.
Autor: Policronio
Publicado el 3 de abril de 2008
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