La izquierda en España (I)

En la propaganda izquierdista (faceta en la que son verdaderos maestros) al jefe se le considera siempre como "El Gran Timonel".

La izquierda en España es incapaz de gobernar sin una atmósfera generalizada de inestabilidad social. No fue capaz de eludir esa atmósfera en otras épocas en las que gobernó, pongamos la II República, ni lo es ahora. Si acaso, en la etapa González, con doble “Z”, la corrupción generalizada, el paro galopante y el crimen de Estado —capa sobre capa de inestabilidad—, le dieron un aire distinto al de los años treinta y al de nuestros días, más propensos a la triple capa de felonía reservada al debilitamiento de la patria común.

Así, pues, sabido es que la inestabilidad social —expresión que se repetirá a lo largo de esta serie— supone un clima adverso para el simple ciudadano particular en el que, sin embargo, los colectivistas de la izquierda se mueven a sus anchas y nadan con desenvoltura. La inestabilidad es una circunstancia que a sus progenitores les permite crear las condiciones favorables para perpetuarse en el poder. De hecho, podría afirmarse que la inestabilidad no es más que una herramienta para el uso y abuso de los presupuestos públicos y, al mismo tiempo, una coartada para repartirlos donde previamente se ha decido que se dan los problemas más acuciantes, no importa sea cierto o no.

Es decir, la izquierda suele forzar la inestabilidad en un determinado sector social o territorial mediante la magnificación propagandística de unos problemas más o menos reales que, cuando de verdad existen, no siempre poseen la extrema gravedad que se les atribuye. El caso más claro de magnificación propagandística que es posible encontrar hoy se halla situado en Cataluña, donde se han dado las tres etapas de la forma de actuar de la izquierda. Problema magnificado hasta convertirlo en una espantosa crisis social: ¡Es preciso un nuevo estatuto! Solución inicial ofrecida a la que se le da un aire democrático: Apoyaré el estatuto que el Parlamento catalán decida. Resultado de todo ello: Un referéndum en el que bastante menos de la mitad de los electores apostó por la radicalidad del remedio acordado entre el líder de la izquierda y los políticos locales, todavía descontentos.

Y es que se hace así, magnificarlo casi todo, porque el método le permite a la izquierda ofrecerles a los ciudadanos unas soluciones para las que en ningún caso se demanda la radicalidad que el socialismo está dispuesto a aplicarles. Hablo de una radicalidad expresamente programada en las soluciones que se ofrecen, las cuales van destinadas a que el conflicto se mantenga latente como consecuencia de las reacciones en contra que susciten, lo que, a su vez, permitirá seguir movilizando a los simpatizantes izquierdistas, que es la forma de mantenerlos dispuestos —y enrabietados— para cada convocatoria electoral. La inestabilidad y la propaganda son, en realidad, las dosis continuadas de estimulantes que permiten mantener activas a las bases.

Pongamos otro ejemplo: La polémica ley de matrimonio entre homosexuales le dio mucho juego a la izquierda como arma de enfrentamiento social y descalificación del Partido Popular y la Iglesia católica. Debía ser matrimonio y además debía considerarse perfectamente equiparable al de las parejas de distinto sexo. En este caso no valía el consenso, como no lo ha valido casi nunca en esta legislatura con el principal partido de la oposición, y mucho menos valía pararse a considerar la solución del contrato civil sustitutivo que, con derechos muy semejantes, el PP ofrecía para regularizar determinadas situaciones entre los homosexuales.

Como es lógico, ante la imposibilidad de someterla a un referéndum, la derecha recurrió esa ley de matrimonios homosexuales ante el Tribunal Constitucional. Pues bien, para los ideólogos de la izquierda en el poder —no sé yo si no sería más adecuado denominarlos oportunistas o especuladores—, ese recurso representó algo así como miel sobre hojuelas, ya que en su momento deberá volver a darles sus frutos en forma de nuevas movilizaciones que serán convocadas oportunamente en cuanto se conozca la sentencia. Tanto si es a favor de las tesis del Gobierno socialista, en cuyo caso habrá una descalificación tumultuaria de la “derechona retrógrada” que osó recurrir una medida tan progresista, como si es en contra de la ley y ello forzosamente motiva mayor radicalización en las acciones de protesta. Lo mismo podría decirse de cualquier otra ley actualmente en el TC, incluido el Estatuto catalán.

Un tercer caso que demuestra el uso partidista de las leyes en beneficio propio, destinado a darle solución a un problema muy magnificado y que igualmente incluye el ánimo desestabilizador, podría ser la Ley de Memoria Histórica. Si fuese cierto lo que afirma el bucelario Gibson: la existencia de 20.000 cadáveres aún enterrados en las cunetas de España, cadáveres que se corresponden con represaliados por el régimen franquista, nada más lógico que acordar una sencilla ley que trate de recuperarlos para que reciban el sepelio adecuado y los honores correspondientes, en su caso.

Pero no, la Ley de Memoria Histórica debe contener las suficientes disposiciones como para que a los izquierdistas se les conceda el privilegio de considerarse víctimas ideológicas y herederas directas de individuos —a menudo asesinos atroces— que en todos los casos serán reconocidos como héroes de la libertad. Esa ley deberá poseer, además, la facultad de revisar por decreto la Historia y acusar a la actual derecha de complicidad con la dictadura de Franco, a cuyo efecto obligará a que desaparezcan cuantos símbolos se exhiban todavía, incluso en recintos semipúblicos como las iglesias. Naturalmente, una ley así no puede dejar indiferente a media España, por lo que la derecha deberá reaccionar y, con ello, hacerle el juego a la izquierda en su deseo de potenciar la inestabilidad. Claro que si la derecha callara y asintiese aún sería peor. Probablemente acabaría ilegalizada y —CAC estatal de por medio— con sus medios de comunicación más afines cerrados.

Otra de las características de la inestabilidad social que la izquierda en España necesita y utiliza para sus fines se refleja mediante la postura de cuestionar frívolamente bastantes de los valores más apreciados en Occidente: Derecho a la vida (aborto libre, eutanasia, uso de células madre embrionarias), a la igualdad ante la ley (estatutos de autonomía a la medida de los nacionalistas), a la educación no sectaria y de calidad (Educación para la Ciudadanía, LOE), o el respeto debido a la nación y a sus símbolos (permisividad ante la quema de fotos del Jefe del Estado y pasividad ante la ausencia de banderas de España en edificios públicos). Naturalmente, cualquier denuncia o simple protesta que motive la calculada dejadez gubernamental es respondida de inmediato por el aparato propagandístico de la izquierda, a cuyo frente se sitúa esa portavoz que convierte en mitin anti PP cualquier reseña del Consejo de Ministros, y se acusa a los reclamantes de fomentar la crispación a causa de su falta de valores democráticos.

Autor: Policronio

Publicado el 26 de octubre de 2007