Ley de Memoria Histórica, otra herramienta totalitaria

En el ranking de las canalladas totalitarias, la Ley de Memoria Histórica auspiciada por los social-comunistas se situaría con todo merecimiento en el pódium del deshonor.

“Se declara la ilegitimidad de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones. Se declaran ilegítimas, asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional de la II República”.

Así se redactará, salvo enmiendas de última hora, el artículo 3º de la “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, ley más conocida como de “Memoria Histórica”, que los socialistas y los comunistas han consensuado esta misma semana en la Comisión parlamentaria correspondiente. ERC no se ha sumado al consenso porque considera irrenunciable la supresión de los juicios del franquismo.

Lo que se acordó casi por unanimidad en las Cortes de la Transición: pasar página al período más trágico de nuestra Historia y elaborar una Constitución ausente de rencor o desquite, ratificada en referéndum por los ciudadanos, ya no le vale, 30 años más tarde, a una escasa mayoría de izquierdas que ahora pretende imponer, muy retrospectivamente, la ilegitimidad de todo lo que suene a franquismo. De tal decisión se deriva un espíritu revanchista, cargado de odio, que nada bueno puede traernos a los españoles.

No se acepta la supresión de los juicios, como pretende Esquerra —que en esto es más sincera, igual que cuando dice con claridad que lo que quiere es la independencia de Cataluña—, de modo que se ha buscado la clásica frase engañifa social-comunista y se ha optado por declarar ilegítimos a todos los tribunales de la dictadura y de la llamada Zona Nacional. Que me diga alguien si no es lo mismo que lo que pide ERC, o todavía más radicalizado, por cuanto un tribunal ilegítimo apareja de oficio que sus juicios sean declarados nulos.

Esta gente que ahora gobierna en España da la impresión de que se crea que va a hacerlo para siempre y no tiene inconveniente en decidir una ley de tal envergadura con la mayoría justita de una treintena de escaños, a lo sumo. Están tan obsesionados en los métodos estalinistas, que de seguir a este ritmo no tardarán en ser bien calados por el pueblo, porque además de unos petardos en cuestiones muy esenciales, como la economía (de la que viven de rentas), en la educación o la seguridad, son unos auténticos exaltados a la hora de redactar las leyes. Y eso acaba hartando a casi todo el mundo. 

Entendería, puestos a buscar el máximo de justicia, que se creara una Audiencia Nacional, con magistrados no sujetos a elección política, encargada de revisar, repito, revisar cualquier juicio —sumarísimo o no— de los que se efectuaron en los dos bandos de la etapa republicada y de la dictadura que le siguió (1931-1975). Siempre que para esa revisión, a instancia de parte afectada, como pueda ser un familiar —que a estas alturas lo sería de segunda o tercera generación— se aportasen los indicios necesarios. 

Pero declarar ilegítimo todo tribunal no afecto a lo que ahora, con sumo descaro, denominan “defensores de la legalidad republicana”, cuando se sabe que los primeros en traicionar a la II República, celebrar juicios sumarísimos y establecer “tribunales populares” -Checas- fueron los comunistas y socialistas del Frente Popular, me parece de una inmoralidad sólo practicable por los sujetos que patrocinan la citada ley de Memoria Histórica. 

No dudo de que en la España de la época se dieran casos de tremenda injusticia que convendría reparar, al menos en el honor y en el recuerdo de esas víctimas, pero estoy convencido de que algo así sucedió en ambas zonas y que no todos los partidarios de la derecha alcanzaron el desagravio merecido. Entre otras razones, porque el mayor desagravio se obtiene cuando se hace justicia con el criminal. Y muchos criminales del Frente Popular, a miles, especialmente sus cabecillas más sanguinarios, lograron huir al extranjero y acabar sus vidas tan ricamente. Algunos, incluso literalmente hablando debido a lo mucho que robaron y se llevaron de España. 

Qué clase de reparación personal, familiar o moral, como se pide para las víctimas del franquismo, les correspondería a los que padecieron persecución o violencia por razones políticas en la Zona Roja, que inicialmente lo fue toda España hasta el Alzamiento, si no se les concede ninguna opción para ejercer la demanda al entenderse que todos los tribunales fueron legítimos en dicha zona. Cómo puede compensarse a esas miles y miles de personas cuyos progenitores o familiares acabaron en las checas o asesinados a capricho, o cuyos patrimonios, depositados en bancos y cajas de ahorros, zarparon en el yate Vita camino de Sudamérica, por poner un único ejemplo. Con qué espíritu de justicia, unos sí y otros no, va a aprobarse una ley que es nula de pleno derecho y que en cuanto llegue al Constitucional debería ser abolida.

Es evidente que no es la justicia lo que se busca en la denominada ley de Memoria Histórica, puesto que de ser así trataría a las personas de una en una y a todas por igual, con independencia del bando dónde hubiesen militado en tiempos de la República y la Guerra Civil y atendiendo sólo a su comportamiento. No, no es la justicia, es la venganza de hasta donde se pueda llegar con esta ley infame, en tanto no sea derogada. Es igualmente la creencia de que, como he apuntado, la izquierda radicalizada tiene la intención de gobernarnos para siempre porque sólo ella se cree con ese derecho. Es la seguridad que tienen estos totalitarios, asimismo, de que los españoles, mientras se nos arroje la suficiente carnaza crispante, no pensaremos en el día a día de la política y en la incompetencia de un presidente de Gobierno que es el hazmerreír de más de medio mundo.

Luego la desafortunada ley, además de responder a los tradicionales instintos arbitrarios de la izquierda, busca vilmente un motivo más de agitación política para que sus partidarios no se desmovilicen. Por esa causa recuperan también la Guerra de Iraq, el 11-M y cuantas circunstancias polémicas crean que les son útiles para mantener la tensión y que la gente vaya a votar. Por tal circunstancia se están creando cientos de asociaciones, todas subvencionadas, para la recuperación de la Memoria Histórica, con exposiciones, coloquios, conferencias, lanzamiento de ediciones gráficas y manuales de texto, que suponen la implicación, convenientemente retribuida, de miles de personas que representan a otros tantos miles de potenciales votantes para la causa. 

Porque no ignoran que sólo alcanzándose un muy elevado nivel de votantes, más espoleados por la convulsión ideológica o crematística —caso de los titiriteros— que por el buen hacer gubernativo, creen asegurarse la opción de revalidar el poder. En suma, para estos degenerados de la política, la ley de Memoria Histórica es una herramienta más de su agit-prop de siempre. Confío en que un número suficientemente elevado de votantes lo advierta y los ponga en su sitio, por inmorales. 

Autor: Policronio

Publicado el 21 de abril de 2007