Todos a la calle

Juan Fernando López Aguilar. Hay que ver qué mala suerte tuvo ZP con sus ministros. Claro que al comprobar la calaña del jefe, qué podía esperarse de los demás. 

No he visto todavía ninguna reacción política, tampoco gubernamental o judicial, al hecho de que los etarrófilos se hayan pasado por sus partes la orden del juez Garzón para que no celebren determinados actos públicos. Si analizamos el asunto estrictamente desde la posición del Gobierno, quizá la respuesta venga dada por esta otra noticia: El Gobierno refuerza las embajadas de Líbano e Israel con agentes de élite [sic] antiterrorista destinados a la lucha contra ETA.  Es decir, en consonancia con el pacto que Zapatero aspira a lograr con la ETA, prefiere darle cuartelillo a la banda terrorista y hacer como si aquí no pasara nada, al fin y al cabo, siguiendo la consigna gubernativa, hace poco lo expresó claramente el ministro López Aguilar: "Hay fundamentos para predecir que ETA no volverá a matar". 

Siguiendo el mismo criterio que ahora aplican las lumbreras del Gobierno, deberíamos dejar tranquilo a cualquier delincuente sobre el que haya fundamentos de que no volverá a matar. Así, pues, a los que se limitan a robar, sea con violencia o no, ni caso y que sigan en lo suyo mientras no maten. A los extorsionadores (tan frecuentes en el mundo etarra), pelillos a la mar porque de algo tienen que vivir. A los que practican la kale borroka y los incendios de autobuses y cajeros automáticos, la postura ideal debe ser el comentario comprensivo: Pobres muchachos, Euskadi en fiestas, no les llega ni para la verbena y tienen que improvisar la suya. A los que amenazan a otros ciudadanos para coartar su libertad individual (la libertad política hace mucho que la perdieron), ni puto caso mientras no acaben matándolos. Y entonces ya veremos.

Es más, cuantos chorizos, carteristas, estafadores, camellos y asaltantes de bancos se hallen en prisión, entre otras joyas de nuestra sociedad, tienen ahora una ocasión magnífica para ser excarcelados conforme al criterio del Gobierno, bastará con que realicen una declaración jurada en la que aseguren que no tienen intención de matar. De lo que se deduce que los españoles vamos a ahorrarnos una pasta en funcionarios de prisiones, policías, guardias civiles y cuerpos de seguridad autonómicos. Porque no creo yo que haya tantas embajadas que proteger. Incluso podría llegar a fomentarse la desaparición de las policías locales, ya que si unos criminales como los etarras campan a sus anchas con el visto bueno del gobierno socialista, qué sentido tiene mantener agentes dedicados a las multas de aparcamiento. A menos, claro está, que haya quien considere más peligrosas las infracciones de ciertas ordenanzas municipales que el quebrantamiento del código penal practicado en la actualidad por los futuros socios de Zapatero. 

Autor: Policronio
Publicado el 22 de septiembre de 2006