De pe a pa

Cuando uno trata de escribir en un folio la impresión que recibe al leer determinada noticia, a menudo incurre en el mismo síntoma que el periodista que la ha resumido en el titular: La falta de argumentación. En el caso del periodista es perfectamente disculpable que sea así, porque está sujeto a la ley de la concreción, pero cuando uno redacta el artículo de opinión es imperdonable, como me ha ocurrido más de una vez, que no argumente de pe a pa cualquier afirmación que haga, cuanto más si esa afirmación es hasta cierto punto categórica.

Pondré un ejemplo, en uno de mis últimos artículos he llegado a afirmar lo siguiente: "otras corrientes políticas no tienen solución posible y tal vez lo mejor [adviértase que puse tal vez], en beneficio de la libertad y la democracia, es que fuesen ilegalizadas o se les quitase, vía reforma de la ley electoral, sus actuales privilegios". Dicho así, sin aclararlo debidamente y prescindiendo de la idea de que otras personas piensan de un modo muy distinto al mío, es lógico que haya suscitado la crítica y se me haya tachado de cualquier cosa menos de demócrata. Lo comprendo.

Ahora bien, ¿qué quise decir exactamente en la frase entrecomillada más arriba? Voy a intentar aclararlo. En mi opinión, la legitimidad y el derecho a existir de los partidos políticos no deberían estar basados solamente ni en el número de votos que reciben, ni en sus estatutos, ni en las manifestaciones de cara a la galería de sus líderes, sino esencialmente en la calidad democrática de sus actuaciones durante un período de tiempo determinado. Creo que los partidos políticos deberían considerarse a prueba en todo momento y pasar un examen a lo largo de la legislatura ante un Tribunal independiente que, llegado el caso, actuase de oficio para ratificarles la ISO 9.000.

Sí, reconozco que es una utopía demasiado ingenua e idealista, a la par que complicada, y muy alejada de las circunstancias políticas que concurren en España, pero la democracia siempre puede mejorarse si se ponen los medios y afluyen los análisis y evidencias sobre las actuaciones no acordes con la normativa que nos hemos dado los españoles: La Ley. El caso que me viene a la memoria en tal sentido es el de Batasuna, una formación a todas luces antidemocrática a pesar de que sus miembros alardean de lo contrario y de que sus estatutos fueron aceptados en su día. Así lo entendió el Tribunal Supremo cuando respaldó la propuesta del Parlamento español para que fuese ilegalizada.

Pues bien, otro tanto ocurre hoy en día, a mi juicio, con los comunistas de IU-IV y prácticamente la totalidad de los partidos nacionalistas. Son formaciones que actúan con radicalidad no democrática a sabiendas de que el PSOE, por conveniencia propia y por simpatía sectaria -puesto que Zapatero posee un estilo semejante- les evitará la iniciativa parlamentaria de la ilegalización. De ahí que los comunistas y nacionalistas apoyen o fomenten actuaciones antidemocráticas y en muchos casos inconstitucionales. Bastarían unas pocas pruebas para ejemplificar lo dicho, pero llegado el caso podrían surgir cientos:

Los comunistas en el País Vasco han respaldado incondicionalmente y en numerosas ocasiones a la gente de la ilegalizada Batasuna. Los comunistas catalanes, por su parte, han secundado actuaciones, como las que afectan al ámbito lingüístico, que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado no sujetas a derecho. En una y otra cuestión, los comunistas se han mostrado fundamentalmente antisistema, muy recalcitrantes en su postura y han hecho caso omiso de las advertencias judiciales. Y lo que es más, la Ejecutiva de la formación política nunca les ha llamado al orden, sino todo lo contrario. He aquí, pues, la trayectoria de un grupo político, de tipo confederal, que ha hecho méritos más que sobrados para que se le hubiera sacado ya al menos la tarjeta amarilla. Porque no sólo desestabiliza la democracia de una nación el grupo terrorista que asesina o extorsiona, también lo hace quien abusa de su condición de parlamentario para conculcar la Ley o propagar la agitación contra las instituciones. El porqué no se han presentado hasta ahora las oportunas denuncias contra ellos sería tema para otro largo artículo.

En cuanto a los nacionalistas, digamos que la parte que habla de privilegios va referida a esa casta. Y para comprobarlo sólo tenemos que echar números y advertir que, con la actual ley electoral de circunscripciones provinciales, a un partido nacionalista le resulta mucho más barato sacar un escaño que a las formaciones de tipo nacional, incluyendo a los propios comunistas. Por ejemplo, Eusko Alkartasuna logró un parlamentario con 80.000 votos (en tres provincias), mientras el PA no consiguió ninguno con 180.000 votos (en ocho provincias). Otro caso, CiU consiguió 10 escaños con algo más de 800.000 votos, es decir, a 80 mil votos por diputado. Y en contraposición, una formación que se presentó en todo el territorio nacional, precisamente la comunista, finalmente sólo se adjudicó 5 diputados con 1.269.532 votos recibidos, o sea, a más de 250 mil votos por escaño. Lo cual es una aberración manifiesta y originada por una ley electoral que desprecia la idea de un hombre, un voto y que los partidos mayoritarios se resisten a reformar. Ellos sabrán sus motivos.  

No tengo más remedio que acabar este artículo aludiendo una vez más a lo que tantas veces he comentado. En España no existe la democracia, aquí lo que tenemos es la partitocracia, que es algo muy distinto y de carácter oligárquico. Los partidos políticos en el poder se van alternando para hacer lo que les salga de las narices, sin que exista una instancia superior, independiente, que les llame al orden cuando han sobrepasado sus prerrogativas y cometido toda suerte de fechorías, muchas de ellas totalitarias. Si a eso le sumamos que tampoco existe la separación de poderes, fulminada por el PSOE de González en su primera reforma del CGPJ, no es de extrañar que los diputadillos se crean omnímodos y dispuestos a todo. 

Autor: Policronio

Publicado el 18 de octubre de 2006