11-M, no fueron los moritos

Después de 14 años del 11-M (2004), aún no es posible conocer a los organizadores de tan espantoso atentado. Es más, ni siquiera estamos seguros, como se argumenta en el artículo, de que solamente los moritos acometieran la "mano de obra".

Hemos llegado a un punto en el que ya no se puede hablar solo de si una determinada política es o no de nuestro gusto, sino que es preciso dilucidar cuál es el grado de criminalidad que propician o esconden los que ocupan el poder. Hablo de criminalidad, y no de delincuencia, porque la magnitud de ciertos delitos los adentra directamente en la consideración de muy graves. Por ejemplo, el delito de lesa patria no es cosa de raterillos o gobernantes más o menos corruptos, sino directamente de criminales. Un crimen al que le acompañan no pocas infracciones adicionales, como puedan ser la prevaricación, el cohecho, la falsedad en documento público, la extorsión, el desacato, la mentira, el insulto, el menosprecio o la arbitrariedad, entre otras actitudes punibles y despreciables puestas en circulación por el aún Ejecutivo nacional.

El gobierno socialista, sirva de argumento, se está mostrando desde hace tiempo como un grupo de facinerosos, es decir, persevera día tras día sin miramiento alguno en el hecho delictivo. Lo acreditan así tres circunstancias a cual más grave: 1. No acata la Constitución que prometió defender, sino que la conculca contra todo procedimiento establecido en la propia Ley, sirviéndose para ello de unos estatutos que ha comenzado a novar, desbordando en mucho nuestra Carta Magna, sin que medie mandato alguno del pueblo. 2. Lleva años negociando con una banda terrorista e incumpliendo la Ley de Partidos. 3. Y no menos grave es que hace tiempo que encubre —quizá sería más correcto usar el término “fomenta”—  toda una trama criminal que desde el 11-M no ha cesado de colocar pruebas falsas para que no se sepa quiénes fueron los autores intelectuales del horroroso atentado, e incluso, si se me apura, de los autores materiales.

Autores materiales, digo bien, porque al salir a la luz la falsedad de cuantos indicios llevaron a considerar culpables a los islamistas, ya nada hace pensar que las mochilas de los pelanas fuesen las que provocaron la tragedia. Es más, se diría que los propios moritos de Leganés, como popularmente se les conoce, fueron los primeros en ser engañados al transportar o bien un sucedáneo de explosivo con apariencia de dinamita, pero de efecto mucho más demoledor (se habla de C-4), o, lo que es bastante más lógico, un simple atrezzo de teatro en forma de Goma-2 que les convenció de que cumplían una misión determinante. En mi opinión, las cargas explosivas y sus correspondientes sistemas de detonación fueron colocados en los bajos y otras zonas de los trenes mientras éstos aún permanecían en las cocheras, por lo que tanto el juez del caso como los pocos medios de prensa que se interesan en el asunto harían bien en tirar de ese hilo: ¿Cuándo comenzaron a circular los trenes? ¿Quiénes fueron los responsables del mantenimiento? ¿Permanecieron vigiladas las cocheras o allí podía entrar cualquiera? Además, ¿cuál es la empresa de seguridad que vigilaba la zona? ¿Qué personal hubo de servicio en las horas inmediatas? ¿Se produjo en las cocheras algún movimiento extraño de vehículos o supuestos operarios?

Ahora bien, lo que sí tengo claro es que mientras los jóvenes marroquíes cumplían en los trenes con su papel secundario de fanatizados comparsas, el domicilio de Leganés, donde probablemente se les había ordenado refugiarse nada más acabar el trabajo, estaba siendo convenientemente preparado por los auténticos organizadores para que explosionara y quedasen eliminados unos sujetos tan necesarios como molestos. Bien, pues de todo ello el gobierno socialista no sólo no desea facilitarle información veraz al juez y a los ciudadanos, sino que en apariencia hace cuanto está en su mano para ocultarla o falsificar esa información, porque nadie puede creerse a estas alturas que determinados policías y guardias civiles —intervinientes obligados en la falsificación de pruebas descubierta— hayan actuado por su cuenta y riesgo. Como tampoco es posible admitir que el máximo cabecilla de los agitadores en vísperas electorales haya sido nombrado casualmente para el cargo de ministro de las fuerzas de seguridad del Estado. 

Quiero concluir este artículo como lo empecé, alertando sobre el grado de criminalidad que ha venido ejerciendo el poder y apelando a la ciudadanía para que no ceje en la denuncia y en su empeño de descubrir la verdad. Una verdad que debe llevar al banquillo a los responsables de tan monstruoso acto terrorista, a partir del cual se está produciendo un golpe de Estado contra la nación española y contra los intereses de los ciudadanos que no desean un cambio de régimen político por la puerta falsa. A ese respecto, reconozco que a veces me anima entrar en Internet y ver cómo proliferan las páginas dedicadas a la investigación sobre el 11-M o sobre la defensa de la unidad de España —asuntos tan relacionados entre sí—, pero me animaría mucho más si no tardase en descubrir una Web perteneciente a una asociación de ciudadanos dispuestos a lle

var la acusación popular contra un gobierno de presuntos delincuentes. Claro que, a este ritmo que llevamos, todo se andará.

Publicado el 27 de abril de 2006