Es preciso un gobierno de concentración

Cuando los ciudadanos, quizá con la mejor de las intenciones, eligen a un partido político para que gobierne en beneficio del conjunto de la sociedad, pero ese partido se radicaliza, se evade de su programa electoral y se aleja notablemente del sentir mayoritario de los votantes, puede afirmarse que se está cometiendo una gran estafa contra el pueblo, contra la democracia y contra las libertades públicas. Una de las claves de la situación política que hoy se da en España es el hecho de poderse confirmar a diario que el presidente Rodríguez Zapatero, al que nadie ha elegido para que haga sólo su santa voluntad, está gobernando sin respetar el parecer de gran parte de la población y amparándose en una raquítica mayoría parlamentaria asociada a extremistas y separatistas. Lo mismo podría decirse del actual gobierno de Cataluña, inductor en buena medida de cuanto sucede.

En efecto, los candidatos socialistas Zapatero y Maragall no fueron elegidos en las asambleas generales del PSOE y PSC, respectivamente, para que pusieran a España cabeza abajo y, dentro de ella, a Cataluña. Ante las urnas, ninguno de los dos personajes citados incluía en su programa político una transformación tan categórica de la nación como la que ahora se está produciendo, luego de ahí se deduce que ambos dirigentes obran de espaldas no ya a la mayoría de los ciudadanos, sino de sus propios electores y compromisarios. Y una cosa así, como es la de actuar rehuyendo traicioneramente el programa que eligió el partido y posteriormente el pueblo, es, cuanto menos, una actitud insurrecta que se aparta de nuestra Carta Magna, por lo que debería de ser evitada por la Ley, en el caso de tener prevista tal situación, e inhabilitar a los culpables.

Se dice que en democracia hasta que no llegan las siguientes elecciones no es posible refrendar o castigar una determinada actitud política. Y así es cuando en un Estado hay suficientes garantías constitucionales, pero me temo que no es el caso de España, que se encuentra maniatada ante la deriva radicalizada del gobierno Zapatero. Es cierto que en la figura del rey, de acuerdo con la Constitución, poseemos un poder moderador, pero no es menos cierto que ese poder es mucho más teórico que efectivo, porque al rey no le está permitido cambiar al gobierno ni convocar nuevas elecciones. Luego la potestad del monarca ante determinadas situaciones es poco menos que nula. Salvo algún consejo paternal, no le es posible moderar las actitudes de los malos gobernantes. Habría una excepción a lo dicho, que el rey reclamase la ayuda de las Fuerzas Armadas para desalojar a quien no tiene intención alguna de enmendar una política tan destructiva de la nación como la que ahora se practica. 

Repito que un gobierno no puede hacer siempre lo que le dé la gana. Mejor dicho, no debe. Y lo primero que no debe es permitir que se incumpla la ley, como ocurre por ejemplo en Cataluña respecto al gravísimo asunto lingüístico o en el País Vasco en relación a las numerosas actuaciones ilegales de su gobierno o de ciertos partidos etarrófilos. Pero es más, un gobierno que actúa de tal modo y encima pretende seguir con la subversión de las leyes, e incluso con intención de cambiarlas a su antojo para conseguir objetivos deshonestos, se sitúa de inmediato en la ilegalidad, de donde se infiere que es preciso parar de algún modo a ese gobierno antes de que nos arrastre a todos al abismo. 

¿Cómo puede contenerse a un gobierno así? Francamente no lo sé, pero el asunto me preocupa mucho. Si en España hubiese un poder moderador efectivo, el asunto estaría resuelto porque ese gobierno sería llamado al orden y obligado a comportarse de acuerdo con la Constitución. Lo que ocurre es que no sabemos hasta qué punto el rey le ha pedido a Zapatero que encarrile sus decisiones e igualmente ignoramos en qué medida ha sido atendido el monarca. Desde luego, aparentemente, no ha sido atendido en ninguna medida, de ahí que algunos tendamos a creer que el rey no ha hecho nada, cuando es posible que también esté preocupadísimo y llamando casi a diario al presidente del gobierno.

Por otra parte, si contáramos con un Tribunal Constitucional que no estuviese mediatizado por los políticos en el poder -al respecto no hay más que recordar que su presidenta frivolizó no hace mucho sobre la idea de nación catalana-, podríamos considerar que existe una última barrera de contención en la que confiar para que se evite el desenfreno del radicalismo. Pero todas esas circunstancias no se dan en España: Ni el rey tiene capacidad para moderar nada, ni puede disolver las Cortes, ni contamos con la garantía de un TC del que fiarnos. Luego ante las actuaciones irresponsables de los gobiernos, España está maniatada y camino -a ojos vistas- de la fragmentación, lo que produce un gran desasosiego en muchos españoles.

¿Qué nos queda entonces para evitar que España desaparezca como nación unitaria? A mi juicio sólo hay dos opciones a cual peor, repito, a cual peor: Un dos de mayo generalizado, donde la ciudadanía se subleve contra este gobierno de insidiosos, algo que es imposible visto que el monopolio de la propaganda lo detentan el socialismo y sus asociados, o la intervención directa del Ejército. Si todo sigue por el mismo derrotero actual, quizá sea finalmente el rey, en uso de su poder moderador y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, quien les pida a los militares que actúen al amparo del artículo 8º. Pero si no es el rey quien lo ordena, corremos el grave riesgo de que algún general decida actuar por su cuenta y ocupe a las bravas el poder para volver a eternizarse en él.

Debo recordar aquí, a tal efecto, que una de las versiones del llamado golpe de Estado del 23-F apuntaba a un gobierno de concentración que, con el consentimiento previo de los partidos, debía presidir el general Armada y en el que se integrarían ministros comunistas, socialistas y de la UCD. Se dice que no cuajó ese segundo golpe paralelo al de Milans del Bosch por la actitud cazurra de Tejero, poco dispuesto a aceptar un ministro comunista en el gobierno de concentración. No sé si hoy sería el caso, porque estoy seguro de que gente como Llamazares jamás aceptaría algo parecido, salvo que a él le hicieran ministro de algo importante, en la línea de su compinche Madrazo. 

Bien, pues a mi parecer y como ultimísima posibilidad antes de la debacle de la patria, existe una tercera solución, no del todo despreciable, que sería considerar la formación de un gobierno de concentración auspiciado por el rey, con el respaldo claro del Ejército, que le encomendase la presidencia a una personalidad civil independiente. La ocasión límite debería darse en cuanto se aprobase el lamentable estatuto catalán y se estableciera un marco similar para el plan Ibarreche, una vez constatadas las felonías. Ese gobierno de concentración, que contaría probablemente con el respaldo de las cámaras parlamentarias, si exceptuamos a los nacionalistas y una parte de la izquierda, podría contar a su vez con la legalidad suficiente como para:

1.- Acometer una reforma de la Constitución española en la que se establecieran los límites inamovibles de las competencias del Estado, recuperando sobre todo la educación, y dejando claras para siempre las que corresponden a cualquier autonomía. 2.- Pasar a referéndum la reforma constitucional, disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones en las que la ley electoral quedase modificada para evitar la entrada en el Parlamento de cualquier grupo político con menos del 5% de los votos a nivel nacional. 3.- Establecer como norma de la propia ley electoral o de la Constitución que ningún partido en el poder podrá impulsar reformas políticas o territoriales no contempladas en su programa, salvo que se cuente para ellas con 2/3 de apoyo parlamentario.

La solución descrita, que muchos tacharán enseguida de golpista cuando en realidad no es más que la defensa ante el golpe de Estado que está produciendo Zapatero, es la única salida que queda si queremos alejarnos de ese lóbrego callejón en el que nos ha metido un gobierno que actúa en contra de la Constitución y del mandato recibido del pueblo. Naturalmente, asumo las críticas que puedan lloverme de uno y otro lado. Asumo igualmente que se me tache de impaciente y alarmista, pero creo que no hay más remedio que proceder cuando todavía no está todo perdido. Del mismo modo, asumo que un gobierno de concentración como el que aquí se propone podría costarnos la expulsión temporal de la Unión Europea, pero es un precio que algunos pagaríamos a gusto siempre que en un plazo de dos o tres años, a lo sumo, se recobrara la democracia y la plena libertad en toda la patria, una e indivisible.

No hacer nada y confiar despreocupados en las actuales instituciones españolas, como hay quien ilusa o sectariamente propone, representa enfrentarnos a un más que probable escenario desolador que sería irrecuperable en muchos y muchos años, o tal vez nunca. No, el pueblo español no ha luchado durante tantos siglos de su historia para acabar así, en el estercolero, y por voluntad de un miserable encadenado a un grupo de nacionalistas conspiradores y antidemócratas que ambicionan crear en sus regiones lo que le niegan a la propia España. 

Publicado el 19 de enero de 2006