"Abastecimiento y venta de agua potable" es el eslogan que alguna empresa usa, junto a la imagen idílica, para ofrecer su producto en Almería y Murcia. |
Hace tiempo que no me ocupaba del asunto del agua. Hoy, sin embargo, he leído una noticia en ABC que me hace pensar en el sectarismo —favoritismo hacia una de las partes en perjuicio de la otra— de ciertos individuos que integran los poderes públicos. De entrada quiero aclarar que creo firmemente en la iniciativa privada y la regulación de precios que se deriva de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, nada que alegar al deseo de rentabilizar el esfuerzo propio o la pertenencia bien adquirida. Lo que ocurre es que esta no es la filosofía del hipócrita gobierno de izquierdas que nos ha caído en suerte (mala suerte, diríase mejor), sino que más bien postula el intervencionismo, la subvención a sus fieles con el dinero de todos y la loable determinación de arruinar a quienes les opositen. Naturalmente, todo ello lo hace amparándose en el justo reparto y en eslóganes que no andarían muy lejos de este: La tierra para quien la trabaja.
Y digo yo. Habrá pensado alguno de esos doctrinarios ministros, pongamos la Narbona, que si la tierra debe ser para quien la trabaja —o en su defecto la deja en barbecho y cobra la subvención destinada a impedir excedentes, que ofrece la Unión Europea—, no sería igualmente justo que el agua fuese para quien la necesita, sobre todo si consideramos que es un bien común. Pues no es así, no señor, se prefiere por razones políticas que el Ebro siga vertiendo sus caudales al mar, con el único fin de que el Mediterráneo sea un poco menos salobre, mientras hay quien debe ir mendigando para que alguien le venda un poco de agua.
Las aguas de las cuencas hidrográficas españolas, y no creo estar demasiado confundido, son propiedad del Estado, que debe administrarlas del mismo modo que administra la salud o la educación de los ciudadanos, es decir, aplicando —o en su caso creando— la legislación adecuada para que se cubran todas las necesidades. La desaparición del Plan Hidrológico Nacional, que a mi juicio representa uno de los hitos más innobles y sectarios del actual gobierno socialista (nunca me cansaré de recordarlo), sólo es comparable a la eliminación de un gran proyecto que hubiese derruido una red de hospitales públicos o casi todos los colegios de tres o cuatro provincias. Dinamitar viaductos y tramos de autopistas en construcción, como ese PHN fulminado por decreto y que contaba ya con el 30% de sus obras realizadas, tampoco sería una comparación demasiado impropia.
Ahora bien, visto que hay sobrantes de agua en determinadas cuencas y que los particulares o entidades a las que inicialmente iban asignados se ofrecen a venderlos, no sería más justo y lógico que el Gobierno interviniera para regular el uso de esos excedentes y desviar los caudales, cargando el coste al usuario final, a quienes los necesitan. La tolerancia de la Administración ante la creación de bancos de agua me parece una indecencia, representa dar por bueno el tráfico de un bien común para que se lucren los que no piensan aprovecharlo y encima se les fijó una cuota.
No culpo ni al que compra ni al que vende, ambas partes se atienen a la ley del mercado y están en su derecho ante la ausencia de legislación apropiada. Culpo a un Ejecutivo al que no le basta con arrojar al mar, a la altura de Deltebre, su dignidad política y su obligación de velar por el justo reparto del patrimonio común (el agua forma parte de ese patrimonio), sino que permanece de brazos cruzados, sin disponer nada ante un problema como el de los bancos de agua, surgido a causa de su decisión de acabar con el PHN.
Por otra parte, algunos de los que ahora han vendido agua o se han ofrecido para venderla expresaron en su día las más enérgicas protestas cada vez que los agricultores murcianos pedían un trasvase de socorro. Algunos de esos mismos cedentes que ahora ponen el agua a la venta llegaron a alegar, asimismo, que ellos la necesitaban tanto o más que nadie y que en Murcia, a vista de helicóptero, se veían llenas todas las balsas de riego. Curiosa conclusión: El que tiene la balsa llena desea comprar agua, de hecho ha firmado ya el primer contrato, y el que la necesita más que nadie ofrece venderla. Y mientras tanto, el Gobierno entretenido en el compadreo del Estatut y los enjuagues con la ETA, dos actividades a cual más despreciable.
Publicado el 11 de febrero de 2006
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