El teniente general José Mena Aguado, durante su discurso en la Pascua Militar de 2006 |
El general Mena no ha tenido inconveniente en jubilarse con un trimestre de antelación a cambio de rendirle un último servicio a su patria. La forma de hacerlo ha sido manifestar públicamente lo que se comenta en los cuarteles: Este gobierno no es de fiar, todo apunta a que aceptará determinadas leyes disgregadoras al verse obligado por el chantaje parlamentario, y por lo tanto se le debe dar un aviso. En mi opinión, el general sabía perfectamente a qué conducirían sus palabras. Y eso en el supuesto de que su discurso, su llamada a Madrid, su arresto domiciliario y su posterior destitución no estuvieran pactados, primero con sus más significados compañeros de promoción, pongamos el JUJEM, y si se me apura con el propio ministro Bono, al que le considero muy capaz de hallarse detrás de todo.
No hay ningún teniente general lo suficientemente pardillo como para echarse gratuitamente un borrón en su larga hoja de servicios. Y mucho menos en el caso de Mena, cuya más destacada característica profesional ha consistido en ejercer un importante mando que le ha llevado a visitar con frecuencia los acuartelamientos de toda España, donde ha podido constatar, desde hace meses, el enorme malestar que reina dentro de la milicia a causa de la desastrosa trayectoria de un gobierno antipatriota y dispuesto a legalizar, como pago político, la fractura del Estado.
Si el general Mena ha acoplado sus manifestaciones al reglamento militar, y no parece que sea el caso, es algo de gran valor para cualquier demócrata, porque los reglamentos, como las leyes, o se cumplen o se transforman. Lo que ocurre es que Mena, saltándose una norma menor, ha preferido perjudicarse en lo personal con tal de advertirnos que es el Gobierno el que está en vías de incumplir la norma suprema, la Constitución española. No hace falta ser jurista y mucho menos pertenecer al Tribunal Constitucional, cuya presidenta declaró que el término nación era discutible, para advertir que al Ejército se le están cerrando definitivamente las puertas de varias regiones españolas en las que se le considera ya una fuerza de ocupación y se le margina de cualquier actividad social. Se hace así en Cataluña, por ejemplo, con el desistimiento del gobierno de Zapatero, dispuesto a aceptar, como piden sus socios, que sea obligatorio el idioma catalán para cualquier residente.
La absurda medida, probablemente extendida más adelante al País Vasco, Galicia y otras comunidades que posean un segundo idioma regional, idioma que en la práctica será el único de esos territorios, representará que muchos militares no puedan acceder a determinados destinos o bien que, en caso de hacerlo, deberán recluirse como auténticos apestados en guetos tipo Cuartel de Intxaurrondo. Hay muchas formas distintas de deshacer una nación a la de establecer fronteras y barreras físicas, la barricada idiomática es la peor de ellas, por cuanto representa el alejamiento del cogollo de la sociedad de amplísimos colectivos tanto civiles como militares. Esa barricada es la que el gobierno socialista parece que no duda en consentir que se establezca.
Mena tenía dos opciones, o respetaba las normas de su profesión, jugando de pasada al todo va bien, o alertaba sobre el descarado incumplimiento de la Carta Magna que se encierra en el nuevo estatuto catalán. Es evidente que ha preferido lo segundo aun a riesgo de su anticipado pase a la reserva. Poca inversión, pues, para tan justa causa. Bien por Mena.
Publicado el 8 de enero de 2006
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