Dicen que la intención hace el agravio. Ningún agravio mayor que el intento reiterado del nacionalismo catalán destinado a depurar toda disidencia a su causa mediante el uso de la herramienta más poderosa: la lengua. Y es que las intenciones suelen descubrirse a través no ya de los hechos -que también-, sino de numerosas señales que los convierten en deshonestos. ¿Habrá mayor inmoralidad para un gobierno que se dice progresista y plural que maniatar a las criaturas, vapuleándolas anímicamente en no pocos casos, a base de reclusión idiomática? ¿Dónde está el progreso en la imposición? ¿Qué clase de pluralidad se corresponde con el hecho de obligar a la ciudadanía a practicar el monolingüismo?
Viene el preámbulo a cuento, como consecuencia del punto de mayor gravedad (en el que se insistirá a menudo) dentro de la propuesta nacionalista catalana para el nuevo Estatuto. Me refiero al deber de conocer el catalán, según se refleja en el artículo 6.2 aceptado por el presidente del Gobierno: “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber”.
Es asombroso que se acepte tal cual figura en el Estatuto y que el encargado de velar por los derechos de todos los españoles no haya mostrado el menor reparo. Es más, en la entrevista que concedió ayer en la Cuatro a Gabilondo —uno de los oráculos de la Secta—, Zapatero no tuvo ningún empacho en afirmar que “En Cataluña hay convivencia absoluta en la normalidad lingüística entre el castellano y el catalán”. No sé qué entenderá este hombre por convivencia absoluta. Desde luego la gente no se mata por las calles ni hay riñas continuas —como tampoco sucedía en el franquismo—, pero dudo mucho que pueda ser calificada de normalidad lingüística entre el castellano y el catalán al hecho de que la Generalidad no sólo imponga su aberrante criterio idiomático, sino que haga caso omiso a tres sentencias del TSJC -otras se añadirían en años sucesivos- en las que se falla a favor de los demandantes y se impone, de acuerdo con la Ley Lingüística en vigor, que a los hijos de los catalanes que así lo soliciten se les deberá escolarizar en idioma castellano. Pues no, ni con esas, la Autoridad catalana se considera por encima de sus propias leyes y se evade de ellas cuando le conviene, en aras del “progreso” más espantoso.
Por otra parte, me resulta curioso que ninguno de los asesores del presidente Zapatero —en él mismo sería impensable un rasgo de semejante finura política— le haya soplado a la oreja la necesidad de añadir un párrafo al artículo 6.2 en el que se incluya la elaboración de una ley complementaria, o reglamento, para que la obligatoriedad del catalán se adopte gradualmente. No, el 6.2 se ha aceptado a pelo, incluso declarándolo así antes del acuerdo con el convergente Mas. De hecho, aun cuando el 6.2 representa lo más grave y dañino del Estatuto para los intereses de los españoles, fue una de las exigencias nacionalistas que primero se aceptó. Cuando la medida entre en vigor —¡hay que pasmarse!—, a cualquier residente en Cataluña podrá exigírsele de la noche a la mañana que hable catalán. Puede llegar a ser algo así como el cambio de hora de cada equinoccio, sólo que por una vez y no más: A las cero horas del día (el que sea), usted pasará a ser forzosamente catalanohablante.
Los que más contentos están con las medidas aceptadas por Zapatero, del que no me cansaré de decir que es el gobernante más irresponsable que ha dado la nación española —incluidos Godoy y Fernando VII—, son los miles de funcionarios del Estado que a causa de las nuevas competencias entregadas a la Generalidad, como por ejemplo puertos y aeropuertos, deberán convertirse a la tercera señal en unos perfectos dominadores de una lengua, la catalana, que no se les exigió cuando opositaron a la función pública.
Algo así es lo nos cuenta hoy el diario ABC, al referirse a una carta que más de 30.000 funcionarios del Estado destinados en Cataluña le han enviado al presidente del Gobierno para que les aclare su futuro. Me temo que aquí, como decía la canción y visto el grado de nula responsabilidad que a todas horas exhibe ZP, la respuesta está meridianamente clara: “el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón”. El asunto de los 30.000 funcionarios no es pecata minuta. Si damos por hecho, de acuerdo con la media de la población, que más de un 50% de esos funcionarios no tienen al catalán como idioma materno. Y le aplicamos, además, el factor de corrección de la clase funcionarial, que suele proceder de otras regiones y sólo va destinado a Cataluña cuando no tiene otras plazas que elegir, no sería exagerado afirmar que nos hallamos ante una cifra de 20.000 empleados públicos cuya carrera administrativa se enfrenta a dos posibilidades:
1. Quedarse destinado en Cataluña y que le den una silla y un lápiz para que no haga nada (en castellano) hasta que se jubile, postergado para los restos mientras contempla cómo le ponen de jefe a cualquier mindundi con carné del Régimen. Lo que representaría amargarle la vida y convertirlo en un mueble, ya que son muchas las personas que a la edad adulta son incapaces de dominar a la perfección un segundo idioma, por más esfuerzos que hagan.
2. Salir de estampida de Cataluña, sacudiéndose el polvo de los zapatos a la altura del Ebro, y continuar en zona normalizada con una profesión a la que, con gran frecuencia, ha costado una barbaridad llegar si a la titulación exigida le sumamos algunos años opositando para lograr acceder no siempre en el primer intento. Me inclino a creer que la inmensa mayoría de los funcionarios optará por la solución 2, lo que equivale a que ellos y sus familias, un colectivo que puede ascender con facilidad a 50.000 personas, habrán sido desplazados como consecuencia de un nuevo desistimiento en el tipo de las sonrisas. Vamos, al más puro estilo estalinista.
Se podrá alegar, e incluso no me extrañaría que alguno de los progres que entran en Batiburrillo lo pensara así y tratase de objetarlo, que Zapatero confía en que la Generalidad catalana se tomará todo el tiempo del mundo para imponer el deber de catequizarse al catalán, pero si se advierte que en la actualidad trata ya de imponer ese idioma a cualquier precio, incluso por encima de la ley, qué cabe esperarse de unos gobernantes tan siniestros como totalitarios cuando tengan la ley de su parte. No, ZP, este estatuto que has acordado con una pandilla de delincuentes —sin duda lo es quien incumple la ley— no puede prosperar, representa una monstruosa felonía para una parte muy significativa del pueblo español, la catalana. Y muchos de esos catalanes saldrán de estampida en cuanto puedan, no solo los funcionarios, a consecuencia del artículo 6.2.
Publicado el 27 de enero de 2006
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