PSOE, el partido del atropello

Una vez desalojado del poder como consecuencia de sus "meritorias" injusticias políticas, Zapatero se ha echado al mundo para continuar su labor de izquierdista radical, sea asesorando (disfrazado de mediador) al tirano Maduro en Venezuela, sea recogiendo un premio de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, como se ve que aguarda en la imagen. Premio, por cierto, de lo más llamativo al incorporar en la placa de mármol la bandera de la II República, etapa histórica que, (por suerte para los españoles) intentó reeditar sin conseguirlo del todo. 

Cuando un gobierno es consciente de sus obligaciones, no como el que preside Rodríguez, una de sus prioridades debe consistir en legislar para ofrecerle los mismos derechos a todos los ciudadanos que integran el Estado, sean éstos de Cataluña o el País Vasco, sean de cualquier otra comunidad autónoma aunque no se atribuya a sí misma la condición ilusoria de nación histórica. Eso debería ser así, y parece mentira que haya que recordarlo, por una simple cuestión de justicia que evite la existencia de grupos de ciudadanos beneficiados por la Ley -o la omisión de la Ley-, según residan en una u otra región o, lo que es lo mismo, según dispongan de uno u otro  modelo de estatuto autonómico. 

Son especialmente llamativos, porque encierran propuestas beneficiosas sólo para sus impulsores, los casos del nuevo estatuto catalán —tomado en consideración esta misma semana por el Parlamento— y del recientemente rechazado Plan Ibarretxe, que si bien con una estilo distinto de redacción viene a decirnos prácticamente lo mismo: “Por pura conveniencia económica no me separo de España, al menos de momento, pero que quede claro que desprecio todo lo español”. Luego aquí, si se ha de ser justo, es obligado confesar que no hay ningún motivo de peso para que prospere el proyecto nacionalista catalán y no lo haga el plan nacionalista vasco. Es decir, la evidencia demuestra que al gobernante Rodríguez no le interesa ofrecerle la misma oportunidad a dos grupos distintos de ciudadanos españoles. Sí, españoles, aunque unos cuantos de ellos no se consideren así. De donde se deduce que Rodríguez no es un hombre equitativo, sino todo lo contrario, y esa simple razón debería determinar a no mucho tardar su suerte política.

El comentario precedente podría venir reforzado por las declaraciones del consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, quien anuncia que el Plan Ibarretxe volverá al Congreso al tener "la misma legitimidad" que el texto catalán. Y razón no le falta al consejero Azkarraga, ya que puestos a considerar, que es lo que esta semana hizo el Pleno de la Cámara, a ver si una mayoría simple de diputados vascos, pero mayoría al fin y al cabo, no merece ninguna consideración hacia sus decisiones. Otra cosa bien distinta es que uno y otro estatutos prosperasen tal cual han sido presentados. Pero lo que pudiéramos definir en lenguaje vulgar como “apechugar con el muerto”, que no deja de ser un baremo para calibrar la finura democrática de Rodríguez, no hay demasiadas dudas de que debió apechugarse en ambos casos o en ninguno. Y no nos olvidemos, perseverando en materia de atropellos no asumibles por cualquier hijo de vecino, que el proyecto del nuevo Estatuto valenciano posee una cláusula que reclama para sí cualquier competencia que logre el más “guapo” de los estatutos. Y uno se pregunta: ¿Será capaz Rodríguez, tras negarle el agua a Valencia, de dejarle también sin espíritu? ¿Será capaz Rodríguez, aquí cabe un siguiente interrogante, de tumbar todos los estatutos que vayan apareciendo fotocopiados del catalán? 

Tres cuartos de lo mismo podría afirmarse respecto a la mal llamada devolución de los “papeles” del Archivo de Salamanca. ¡Hay que ver cómo me apetece el uso de la palabra saqueo! Si se acaba de legislar (¿?) para que determinados legajos se envíen a Cataluña, donde lo más probable es que los nacionalistas los coloquen en una cuadriga romana (a la que se subirán 120 diputados) y los paseen en triunfo por toda la Diagonal de Barcelona, tras lo cual los documentos irán destinados a la clandestinidad —sobre todo a la Esquerra no le interesa en absoluto que se ventile el contenido—, cómo es posible, en el caso de que Rodríguez cuente aún con un gramo de ecuanimidad, que sea capaz de negarse a que el nacionalismo vasco, que también reclama con insistencia sus legajos, no reciba los originales de unos “papeles” destinados en su mayoría a la Fundación Sabido Arana, que como todos sabemos es el templo democrático del PNV, ahora presidido por Atutxa, donde todo se expone a la vista de todos los visitantes. Claro que para entrar ahí, en la guarida de Mordoc, es preciso una prueba de sangre, con Rh negativo, y ocho apellidos eusquéricos. En cualquier caso, y más aún en este caso (ya que el partido agraviado no es santo de mi devoción), razones no les faltan a los sabinianos.

Smith, uno de mis compañeros de bitácora, aludía ayer en su artículo a la necesidad de “rearme moral y constitucional”. No puedo estar más de acuerdo con él. Igualmente creo que todo lo que no sea fomentar y respetar la igualdad ante la Ley, que es lo que ahora estamos viendo que un tal Rodríguez elude con suma desfachatez, constituye la mayor de las inmoralidades de cualquier gobernante, de ahí que los nacionalismos, propensos como pocos a la ley del embudo, me parezcan unas ideologías de lo más rechazables en lo político y en lo moral. Leyes a la medida de las necesidades del partido en el poder, muchas de ellas tramitadas como pago a los socios que respaldan al PSOE (caso del Estatuto catalán) o en beneficio del grupo mediático que avala sus operaciones políticas (Ley Polanco), definen las actuaciones de un partido, el socialista, que no parece demócrata, ni razonable, ni dispuesto a medir a todos los españoles por el mismo rasero.

Luego a ese partido, del socialista de Rodríguez, es preciso desalojarlo del poder por higiene democrática y por necesidad de rearme ético, del mismo modo que se hizo con su variante preliminar, del socialista de González, ya que la diferencia entre uno y otro, a cual más dañina, no nos ha pasado desapercibida a unos cuantos: Mientras González permitía la corrupción generalizada de los suyos, sin esmero alguno, Rodríguez legaliza, mediante acuerdos arbitrarios refrendados por las minorías nacionalistas en las Cortes, la peor de las corrupciones: la injusticia entre territorios y personas. Sí, definitivamente el socialismo ha aprendido a legitimar su corrupción. Ahora padecemos la versión “beta” de la inmoralidad socialista, pero sigue manteniendo la misma calaña: No ha habido etapa histórica en la que no haya gobernado sólo para una parte de los ciudadanos. A los demás, los ha destinado indefectiblemente al papel de enemigos que toda formación totalitaria precisa, llámese ésta de izquierdas y se envuelva en una falsa aureola de lucha por la igualdad o llámese nacionalista y predique a las claras la xenofobia.

Cómo se entendería, si no fuese así, que en el Pacto del Tinell (PSC-ERC-ICV) se excluya formalmente toda opción de acuerdo con los populares, o que el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, le pida a CiU que firme ante notario su renuncia al pacto en los ayuntamientos catalanes donde gobierna con el PPC. Y encima se produjo ayer un llamamiento, efectuado por José Blanco, en el que pidió el rechazo social del Partido Popular. ¿Y todos estos se califican a sí mismos de tolerantes y dialogantes? Vale más que la mayoría del pueblo se dé cuenta pronto de cómo son en realidad, para expulsarlos del poder, antes de que nos metan en un nuevo lío que acabe Dios sabe cómo.

Publicado el 6 de noviembre de 2005