Cataluña: Dos millones sin papeles

El abuso lingüístico en Cataluña ha desbordado con creces la denuncia que en Batiburrillo se formuló en 2004

Cataluña es el idioma. Alrededor de su peculiaridad lingüística gira desde hace centurias toda la política en ese territorio: El catalanismo del siglo XIX , el nacionalismo del XX  y el separatismo del XXI. La Historia nacionalista nos cuenta que el catalán ha sido un idioma maltratado durante siglos, comenzando por el resentido (para ellos) Felipe V, rey a quien la burguesía catalana juró una fidelidad que luego traicionó, cuestión de no menor importancia que suelen omitir. Pero quiénes fueron realmente los que practicaron el maltrato del idioma: O fueron reyes absolutos o dictadores con poder omnímodo, nunca la España democrática a la que hoy el nacionalismo sigue culpando, puesto que así conviene, del atraso idiomático del catalán, ya muy superado sin que les parezca suficiente.

Durante los últimos 25 años, como una especie de venganza de los agravios sufridos en el pasado (agravios que han sido magnificados deshonestamente por la historiografía nacionalista hasta ser convertidos en oprobios limítrofes al genocidio hacia el pueblo catalán), ciertos políticos han decidido que el idioma que ellos consideran propio -algo que desde el punto de vista filológico es una tremenda aberración- debe imponerse a cualquier precio, como medio de expresión único, en la totalidad de la población catalana, sea ésta nacida o no en Cataluña. 

De la mano de Jordi Pujol, ese gobernante aprovechado y desleal que forzó su malquerencia hacia España a partir de su paso por las Milicias Universitarias, ese individuo que presumía de facilitar la gobernabilidad del Estado mientras socavaba sus cimientos en Cataluña e inculcaba fobia hacia la Nación española, se dieron los primeros episodios de inmersión lingüística como condición imprescindible para crear una patria de diseño basada en el idioma. En el año 79, el entonces gobierno de UCD, en minoría y necesitado de los apoyos de CiU, permitió que en el Estatuto catalán se incluyera el siguiente despropósito: La lengua propia de Cataluña es el catalán. Apenas se decía nada más, pero constituyó la base sobre la que se asentó la política lingüística que debía seguirse, cuyo penúltimo capítulo fue la impresentable Ley del 98.

Una política en la que sólo el uso del idioma catalán estaba bien visto en cualquier área de la vida pública y que inicialmente bastaba con hablarlo y defenderse por escrito, algo que incluso hacía gracia. Pero ya no es así, después de tantos años de adoctrinamiento no sólo idiomático, en los que ha sido raro el curso político en el que no se le ha dado una nueva vuelta de rosca al menosprecio y la marginación del castellano o español, se ha pasado a exigir que el catalán se hable y se escriba a buen nivel para acceder incluso al cargo de bedel en un Instituto o al de barrendero de cualquier corporación municipal. A sabiendas de que los que no dominen el idioma propio con el grado requerido, y que en la actualidad ocupan puestos de tal índole, es, simplemente, porque llevan muchos años ocupándolo y la Ley aún no autoriza a despedirlos.

Es posible que a medio plazo algunos se resistan a vivir en Cataluña, salvo que no les importe demasiado situarse en una marginalidad aún más acentuada que la de ahora, con las puertas cerradas a la enseñanza, la política, el acceso a las administraciones autonómica y locales, etc., actividades éstas donde el dominio del idioma catalán, aun cuando la Constitución exige sólo el castellano para todos los españoles, es imprescindible para incorporarse. Y no hablamos de esos miles de ciudadanos, aseguraría que son más de dos millones, que aun entendiendo el catalán tienen enormes dificultades para hablarlo y nulas posibilidades de escribirlo con cierta corrección.

A quien use el castellano en la vida pública, además de ser tildado enseguida de fascista, como es el caso del profesor Francisco Caja de la Universidad de Barcelona, y hacérsele el vacío social, puede suponerle determinados problemas no ya profesionales sino incluso de integridad física. De modo que quien no hable y escriba con soltura el catalán debe saber que tendrá que refugiarse en la actividad privada. Pero ello no quiere decir que el profesional tenga futuro en ese campo, puesto que la tendencia del nacionalismo idiomático es imponer el catalán en cualquier sector de la sociedad. Y esas imposiciones, cuando no puedan lograrse mediante la subvención, como son los casos del cine, el teatro o las ediciones de prensa y libros, se decretarán por ley e irán destinadas a cualquier actividad privada, es decir, se impondrán normas a toda empresa o institución que ofrezca productos o servicios en territorio catalán.

Lo anterior viene a cuento de la limpieza étnico-lingüística que como remate a la labor iniciada por Pujol se está preparando en el Parlamento catalán. Si no bastase la actual Ley de Política Lingüística de 1998, como quien dice de ayer por la tarde, que concede a la Generalitat la posibilidad de hacer prácticamente lo que quiera, el régimen lingüístico aún avanza más en el nuevo Estatuto que se prepara. Del proyecto inicial de dicho Estatuto, que más bien irá al alza y sobre el que Zapatero se pronunció favorable a aceptar lo que aprobase el Parlamento catalán, he podido entresacar algunos párrafos que en sí mismos constituyen un auténtico golpe de Estado: 

1.- La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, és la única llengua de la toponímia i la llengua de les institucions pròpies de Catalunya, de les corporacions públiques, de les empreses i els serveis públics, dels mitjans de comunicació institucionals i de l’ensenyament, que l’empren normalment de manera exclusiva. També és la llengua emprada de manera preferent per l’Administració de l’Estat i la de Justícia a Catalunya, les empreses i institucions que ofereixen productes i serveis al públic en territori català. 

Traducción: 

1.- La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, es la única lengua de la toponimia y la lengua de las instituciones propias de Cataluña, de las corporaciones públicas, de las empresas y los servicios públicos, de los medios de comunicación institucionales y de la enseñanza, que la usarán normalmente de manera exclusiva. También es la lengua empleada de manera preferente por la Administración del Estado y la de Justicia en Cataluña, las empresas e instituciones que ofrezcan productos y servicios al público en territorio catalán.

2.- El català és la llengua oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial a tot l’Estat espanyol. Tots els catalans tenen el deure de conèixer les dues llengües oficials i el dret d’usar-les indistintament d’acord amb la Llei i ningú, a Catalunya, no pot al·legar-ne desconeixement amb validesa jurídica. Els poders públics garanteixen el coneixement de les dues llengües oficials i la disponibilitat lingüística de tot el personal al seu servei a Catalunya i de tothom que hi exerceix funcions públiques. 

Traducción:

2.- El catalán es la lengua oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español. Todos los catalanes (1) tienen el deber de conocer las dos lenguas oficiales y el derecho a usarlas indistintamente de acuerdo con la Ley y nadie, en Cataluña, puede alegar desconocimiento con validez jurídica. Los poderes públicos garantizan el conocimiento de las dos lenguas oficiales y la disponibilidad lingüística de todo el personal al servicio de Cataluña y de todo el que ejerza funciones públicas.

Sería interesante aclarar, finalmente, que el proyecto de Estatuto se refiere a los catalanes (1) como: Residentes y transeúntes. Es decir, cualquier español, por el simple hecho de empadronarse en Cataluña, adquiere la obligación inmediata de conocer el catalán. Y eso será así, aunque su situación sea la de transeúnte. Lo que hace pensar que en ese instante Cataluña se cerrará de un modo legal a cualquier estancia temporal medianamente prolongada por motivos de trabajo, estudio, etc. Que sería el caso del siguiente ejemplo:

Si se cumplen ciertos planes del Gobierno socialista, como el traslado del personal de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona, y al mismo tiempo se aprueba lo que algunos dan por hecho, la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, podríamos encontrarnos con 140 funcionarios desplazados contra su voluntad a Barcelona, que se incorporarían allí junto a sus familias y que representarían un colectivo de 300 o 400 ilegales desconocedores de la lengua catalana y llegados a la Ciudad Condal poco menos que en patera. ¡Dios, ver para creer! Pero eso no representa más que una pequeña muestra de los dos millones de residentes en Cataluña antes citados, como poco, que caerán de lleno en la marginalidad legalizada: Habrán sido convertidos de la noche a la mañana en unos sin papeles.

Addenda: Si Cataluña fuese realmente un territorio libre y democrático (circunstancia de la que el nacionalismo presume), en lugar de un régimen camino de la tiranía, la libertad idiomática sería total y solamente el usuario estaría legitimado para escoger el idioma en el que desea vivir y educar a sus hijos. De ese modo, el catalán pasaría a convertirse en un idioma de prestigio, al contrario de lo que sucede ahora, que representa toda una herramienta de imposición y abuso. 

PD: Pido disculpas por un artículo tan largo. He querido documentarlo mediante los extractos en catalán y sus traducciones.

Artículo publicado el 3 de diciembre de 2004