Murcia insufla vida a la España constitucional

La Región de Murcia se jugaba mucho, prácticamente su ser o no ser, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Y es que se votaba la admisión a trámite de un proyecto estatutario, el de Castilla-La Mancha, que, arrogándose competencias en materia de gestión hidrológica que constitucionalmente corresponden al Gobierno de la nación, incluía una reserva de 4.000 hm3; pretensión que significaba ni más ni menos que la sentencia de muerte del trasvase Tajo-Segura, instrumento básico para el desarrollo económico, no sólo de la misma Murcia, sino también de Almería y Alicante.

Intentar adueñarse de los ríos, no por la emisión de títulos de propiedad, sino por el mero hecho de discurrir por determinados territorios, es una consecuencia indeseable pero lógica del absurdo reino de taifas en el que hace tiempo ha derivado el Estado de las autonomías. Porque, por desgracia, el del felizmente abortado Estatuto de Castilla-La Mancha no es el único caso: Cabe recordar por ejemplo que el de Aragón, actualmente en vigor, también contempla una reserva hídrica incluso mayor con el fin de impedir cualquier proyecto futuro de trasvase del Ebro. Por tanto, no sólo se ponía en grave peligro el desarrollo de la Región de Murcia, sino también la supervivencia, aunque con respiración asistida, de lo que queda de nuestra España constitucional; la cual en puridad se encuentra en estado de coma desde la aprobación en su momento del Estatuto de Cataluña, que ha convertido a nuestra Constitución en papel mojado al menos hasta que el Tribunal Constitucional se atreva algún siglo de estos a sentenciar.

Sólo cabía albergar la esperanza de que los padres de la patria supieran estar esta vez a la altura de las circunstancias y no volvieran a votar a favor de la desintegración de esa soberanía nacional a la que precisamente representan. 

Obviamente, no podíamos esperar tal actitud de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz José Antonio Alonso se había encargado de dejar claro que mantendrían la mención a la reserva de agua y, en consecuencia, se adherirían a la misma porque no hace daño a nadie'. En efecto, para el PSOE, y tal y como acredita la experiencia, Murcia y el Levante español no son nadie, sencillamente no existen; entre otras razones, porque sus electorados no son especialmente proclives a votar socialismo.

Afortunadamente, y gracias a que el único gran partido nacional que todavía existe, el PP, se ha comportado como tal, el PSOE y el Gobierno de Barreda se han visto en la obligación de retirar el Estatuto 'antitrasvase': En consecuencia, el Tajo-Segura aún sobrevive. Murcia, que ha liderado sin complejos y prácticamente sin fisuras la defensa del acueducto, puede además apuntarse el tanto de haber insuflado un soplo de vida a una España constitucional inerte y asfixiada por el zapaterismo, los nacionalismos antiespañoles y demás aldeanismos mezquinos. Ahora sólo falta que el Tribunal Constitucional ponga al Estatuto de Cataluña en su sitio, es decir, fuera de nuestra Carta Magna, para que la nación española, aunque queden secuelas, empiece por fin a reanimarse.

El mérito de este indiscutible triunfo cabe atribuírselo principalmente a la sociedad civil murciana (empresarios, regantes, medios de comunicación), que, serena pero firmemente, y con el presidente Valcárcel siempre a la cabeza, ha sabido preservar de la mejor manera los intereses de la Región. A su vez, ha habido un claro derrotado: El PSOE de Zapatero (que debe pensarse muy mucho sustituir la 'E' por la 'Z'), muy a pesar de que su obsesión persecutoria contra Murcia y todo el Levante español haya obtenido complicidad y ayuda por estos mismos lares. Incluido algún que otro mindundi que encima ahora tiene la desfachatez de tergiversar la realidad para colocarse medallas que no le corresponden. Aunque bien lleva tiempo demostrando el electorado murciano que no es nada fácil tomarle el pelo.

Autor: Pedro Moya

Publicado el 23 de abril de 2010