Puigcercós y Carod, dos totalitarios separatistas. |
'Hemos plantado cara al Estado y hemos ganado'. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Puigcercós, no podía definir de mejor manera el último y escandaloso sometimiento del Gobierno de Zapatero al nuevo chantaje del independentismo catalán. Claudicación en cierto modo voluntaria, ya que ha sido el propio Zapatero, desde que ganó las elecciones generales en 2004, quien ha elegido como socio preferente y sostén de su Gobierno a una organización secesionista; en quien a su vez se apoya el 'partido hermano' del PSOE, el PSC, para gobernar la Generalitat catalana.
Así pues, puesto que el mantenimiento de los socialistas en el poder depende tanto de los escaños que aporta el PSC en el Congreso de los Diputados (sin los cuales incluso perderían la mayoría simple) como de los votos de ERC, el resultado está cantado: En el reparto de 11.000 millones de euros para la financiación autonómica (que, por supuesto, incrementarán aún más nuestro abultado déficit), Cataluña, que representa apenas el 16 por ciento de la población española y el 18 por ciento del PIB nacional, recibirá 3.800 millones de euros, es decir, nada menos que el 35 por ciento de esa partida. Si a este porcentaje le sumamos el 15 por ciento que le corresponderá a Andalucía (granero de votos que hay que mimar especialmente, claro), tenemos que la mitad de la financiación se destinará a sólo dos Comunidades Autónomas, mientras que la otra mitad se la repartirán entre... ¡las doce restantes! Que aún así pretendan convencernos de que el nuevo sistema de financiación garantiza la 'igualdad', es una auténtica tomadura de pelo.
La Constitución asigna al Gobierno de la nación un cometido primordial en el Estado de las autonomías, que no es otro que el de velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (artículo 138). Por desgracia, la plena vigencia del 'Estatut' catalán, propiciada por la vergonzosa y medrosa inhibición del Tribunal Constitucional, hace tiempo que ha convertido en papel mojado a nuestra Carta Magna; así, se impone la 'bilateralidad' de las relaciones entre España y Cataluña, de igual a igual, sin tener por tanto en cuenta las necesidades de las demás Comunidades Autónomas. Y lo cierto es que el presidente del Gobierno se presta con entusiasmo a cumplir los preceptos de un 'Estatut' con el que, no lo olvidemos, se implicó personalmente, entre declaraciones del tenor de que el concepto de nación (se sobreentiende que la española) es 'discutido y discutible'.
Sabemos de sobra que a Zapatero no le quitan el sueño principios consagrados por nuestra Constitución, como los de igualdad y solidaridad entre los españoles. Porque, por mucho que presuma de izquierdista, no le importa que se promueva que haya españoles de primera y de segunda con tal de que se garantice su permanencia en el poder.
También está quedando claramente de manifiesto lo inmensamente caro que nos está saliendo a los españoles el independentismo catalán. A la hora de la verdad, la 'nació catalana' no puede vivir sin España, sin los impuestos de todos los españoles. Cabe preguntarse qué va a ser de ellos si alguna vez los secesionistas cumplen su objetivo. Una vez que les hayamos pagado entre todos la independencia, claro.
Autor: Pedro Moya
Publicado el 13 de julio de 2009
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