En defensa de los funcionarios de carrera

Oposición a funcionarios del Estado.

Uno de los argumentos recurrentes para explicar las peculiaridades de la crisis económica española es la del número de funcionarios: tres millones. Qué, unido al número de pensionistas y parados, constituyen una rémora inasumible por nuestra economía.

El argumento sería impecable si, para empezar, el ponente nos dijera a que se refiere cuando habla de “funcionarios”. Porque funcionario, funcionario, esto es, de carrera, no es todo el que trabaja para la administración pública y en concreto en una oficina pública. Me voy a ahorrar las definiciones. Es mucho más inteligible mostrar lo que nos podemos encontrar en cualquiera de aquellas que, por suerte o por desgracia, tenemos a bien o mal visitar.

En cualquiera de ellas nos podemos encontrar trabajando a diez personas. Cada una de ellas con su mesa, su  ordenador y su teléfono. Es muy probable que la identidad acabe ahí mismo. 

Tres de ellas pueden ser interinos, cubriendo unas vacantes, que la mayoría de las veces están destinadas a desaparecer, pero conviene tener a gente de “confianza”, de forma “muy legal”. Ni que decir tiene, que no tienen su puesto “seguro” y es por ello que, debiendo el puesto al capricho de la autoridad política de turno, ya se cuidará muy mucho de no molestar al mentor.

Otros tres pueden ser contratados laborales, o sea, sujetos al Estatuto de los Trabajadores y al amparo de la tuitiva jurisdicción laboral. Protegidos por el comité de empresa y sin más obligaciones que las estrictamente recogidas en su contrato de trabajo. Sin obligación de decoro y “autorizados” a tratar al contribuyente, según el humor con que se hayan levantado. 

Otros tres pueden formar parte de una de las miles de empresas que prestan servicios externalizados a la Administración. O sea, bajo una imaginaria dependencia funcional del Jefe de Sección de turno, pero sujeto a dependencia orgánica y disciplinaria de su patrón, que no es la Autoridad política. La mayoría no pueden ser funcionarios de carrera por falta de preparación, pero han sabido “tocar” la tecla adecuada.

Y como especie a extinguir, el pobre funcionario de carrera, el de verdad, el que trabaja los asuntos, el que se lleva el trabajo a casa, si es necesario, el único llamado por la Constitución a ser imparcial y a servir los intereses generales, con estricta sujeción a la Ley. El peor pagado, sujeto a un régimen disciplinario y penal, bastante tenebroso. Casi siempre enfrentado a los caprichos del Jefe y siempre obligados a cubrir las deficiencias de los otros nueve individuos, incrustados a capón en una estructura, que se pretende imparcial, pero torticeramente pensada para servir los intereses espurios de una clase política que ha hecho de lo público su patrimonio personal.

Y para remate, que tenga que dar cuentas de su trabajo a un “funcionario” eventual, la crema de la crema, o sea, al directamente enchufado sin ni siquiera necesidad de guardar las apariencias: el asesor. O sea, un don nadie.

Es lo que hay.

Autor: Carlos J. Muñoz

Publicado el 5 de marzo de 2009