Con el objeto de votar en la Comunidad Valenciana, donde la vicepresidenta del Gobierno se presentaba como número uno de las listas del PSOE, a la señora De la Vega le pareció interesante acogerse a una norma improvisada que alguien le sugirió pero que, mira por dónde, se olvidó de enviarla al BOE. Se trataba de hacerse las fotos propagandísticas que todo socialista precisa como el comer, además de evitar que se le echaran en cara sus escasos vínculos con la región. Como le ocurrió al ex ministro Bermejo, que se presentó por Murcia y ni siquiera está empadronado en esa comunidad. Y así les fue a ambos, claro.
Es conocido que para que una ley, norma o reglamento elaborados por el Gobierno o el Legislativo entren en vigor, se hace precisa su publicación en el Boletín Oficial del Estado. De igual modo que las normas o decretos de los gobiernos autonómicos, en el ámbito de sus competencias, requieren ser reflejados en los respectivos boletines oficiales de cada comunidad. Luego la norma improvisada que en teoría le permitió votar a Mari Tere, de la que ahora se ha sabido que fue publicada seis meses más tarde en el BOE, ha dejado a la señora sin la escalera y agarrada a la brocha.
Mi impresión es que la señora De la Vega desconocía el alcance de este asunto, porque a nadie le es posible estar en todos los detalles —cuanto menos, quien tiene más que desbordada la agenda— y actuó como aquel que dice de buena fe, siempre que sea posible adjudicarle la buena fe a un personaje que aprovecha la tribuna en cada reseña del Consejo de Ministros para atizarle estopa de la buena a la Oposición.
Ahora bien, una vez que se ha sabido la irregularidad cometida por la Vice, qué le hubiese costado pedir disculpas a los ciudadanos, muy especialmente a los de Valencia, y comentar que en el futuro algo así no volverá a suceder. Pues no. Ella, como paradigma del “todo vale” en el submundo zapaterino —no confundir con el socialismo democrático—, primero se llenó de soberbia y negó, luego amenazó con los tribunales a quien pusiera en duda la legalidad de sus actos, y más tarde atizó a sus esbirros para que difundieran la idea de que el PP crispa y por lo tanto todo es culpa de los populares. Y finalmente, supongo, un manto de silencio cubrirá el irregular asunto.
La conclusión que extraigo de todo esto no puede ser más que una: destacar la costumbre del actual Gobierno para, por este orden, primero negar la evidencia, luego amenazar al discrepante, más tarde defenderse difamándolo y… Así una vez tras otra desde que llegaron al poder. ¿No sería mucho más honesto, y desde luego menos arriesgado, responder siempre con la verdad? Y si no siempre, porque hay secretos de Estado que deben omitirse y procede el “no coment”, al menos usarla a menudo. Porque si fuese así, estoy convencido de que muchos ciudadanos nos mostraríamos más comprensivos respecto a unos errores burocráticos que pueden afectar a cualquier político. A menos, claro está, que la mentira, la amenaza y la difamación sean los componentes básicos de un método peculiar de entender la labor política, como viene haciendo esta señora.
Autor: Policronio
Publicado el 24 de marzo de 2009
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